A falta de conocer en detalle el documento organizativo de su equipo para Vistalegre II, el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha dejado entrever sus intenciones respecto a conservar una potestad clave: consultar a las bases una decisión tomada de antemano por su Ejecutiva cuando él lo crea conveniente, como ha venido haciendo hasta ahora. Por ejemplo, empleó esta jugada para acudir de la mano de Izquierda Unida (IU) a las elecciones general del 26-J, una alianza que "no pareció funcionar", reprueba ahora el secretario político y número dos del partido, Íñigo Errejón, en su proyecto titulado Desplegar las velas: un Podemos para gobernar.
En un pasaje del documento político publicado el pasado viernes por los pablistas con el título Plan 2020: ganar al PP y gobernar España, Iglesias desliza su deseo que preservar tal facultad, cuestionada por los errejonistas y los anticapitalistas: "Tenemos que seguir sometiendo las decisiones más importantes a la votación de las bases", señala el texto redactado por el líder morado, de su puño y letra.
Además, Iglesias señala que "es vital que contemos con unas bases de militantes y simpatizantes activos y empoderados que conformen el verdadero contrapoder que garantice la democracia y la organicidad en caso de que los dirigentes de Podemos empecemos a equivocarnos". Algo que, paradójicamente, nunca ha ocurrido en los tres años de vida de la formación morada. En ninguna de las consultas políticas organizadas a iniciativa de Iglesias, la decisión previa adoptada por la Ejecutiva (o Consejo de Coordinación) ha sido tumbada por la militancia.
Este recurso, convocar a las bases a una consulta para dar un barniz de legitimidad a una posición comprometida, también lo empleó el exsecretario general del PSOE Pedro Sánchez para defender el acuerdo de legislatura alcanzado con Ciudadanos en febrero de 2016. Y le llovieron las críticas, internas y externas, por este referéndum "teledirigido". Tras la investidura fallida y las elecciones del 26 de junio, Sánchez siguió amenazando con una consulta en su intención de llegar a un acuerdo con Podemos, algo que finalmente no se produjo por intervención de la gestora socialista.
Ninguna de las consultas políticas organizadas a iniciativa de Iglesias ha tumbado una decisión previa adoptada por su Ejecutiva
Bajo el mismo epígrafe No podemos parecernos a los partidos viejos, Iglesias también apuesta por mantener el statu quo de Podemos en lo referente a "la coralidad de sus portavocías". Sin embargo, las reivindicaciones de los afines al secretario Político y de los trotskistas van más allá. Los primeros, que tampoco han difundido aún su documento organizativo, abogan por que determinadas competencias del secretario general estén "compartidas", mientras que los segundos defienden directamente cambiar esta figura por la de "coordinador", con menos facultades en pro de la pluralidad y la descentralización.
La propuesta organizativa de los anticapitalistas señala que "la democracia interna de Podemos no se puede limitar a votar órganos cada tres años, responder consultas refrendatarias y trabajar en círculos sin capacidad de configuración interna, tenemos que ir más allá", recalca. En este sentido, despojan al coordinador de la potestad para convocar un referéndum y establece que sólo sean convocadas por una "mayoría simple del Consejo Ciudadano estatal, una mayoría absoluta del Consejo de Coordinación; un 5% de los inscritos activos en Podemos o un 20% de los círculos activos". Ahora mismo pueden llamar a una consulta vinculante el secretario general, un 10% de los inscritos o un 20% de los círculos validados".
Función de "representación"
Los trotskistas también contemplan un referéndum "como finalización del proceso de una Iniciativa Ciudadana", otro mecanismo que parte de los afiliados. En cuanto a las funciones del coordinador, limitan su campo de actuación a "ejercer la representación política e institucional del partido; asegurar la coherencia estratégica, la unidad organizativa interna y la coordinación de las áreas ejecutivas del Consejo Ciudadano; y presidir el Consejo Ciudadano y el Consejo de Coordinación".
Así, los anticapitalistas quieren que el futuro líder deje de estar posibilitado vía estatutos para "deponer la decisión de un órgano territorial, revocar a cualquier cargo o elegir a los miembros de su Ejecutiva", esto es, el Consejo de Coordinación, cuyos integrantes (entre 10 y 15 personas) seguirían siendo designados por el Consejo Ciudadano, pero "respetando la proporcionalidad establecida en las primarias constitutivas" de este último.
