Dos años después del golpe de Estado del 18 de julio de 1936 el Gobierno de Franco promulgó un decreto ley que obligaba a todos los ciudadanos que tuvieran dinero emitido por la República a partir de aquella fecha a entregarlo si no querían ser juzgados por un delito de contrabando. El dinero iba a parar a un denominado ‘Fondo de papel moneda puesto en circulación por el enemigo’ y los afectados recibían a cambio un resguardo justificativo que, ochenta años después, aún no han conseguido hacer efectivo.
Un millar de familias afectadas por la requisa se agrupó en torno a la Asociación de Perjudicados por la Incautación del Gobierno Franquista (APIGF), que lleva años solicitando una modificación de la Ley de Memoria Histórica que les reconozca su derecho a ser resarcidos. Este año, 112 de ellos han decidido, además, demandar al Estado para intentar recuperar su dinero.
La demanda (cuatro en realidad, de las cuales dos se han acumulado) corre a cargo de los despachos de abogados Amparo Legal e ILOCAD, que en enero presentaron una primera reclamación administrativa ante el Consejo de Ministros que fue desestimada. El Gobierno reconoció la existencia de la deuda, pero alegó que para haber tenido derecho a la restitución del dinero deberían haber planteado su reclamación en el plazo de un año desde la promulgación de la Constitución española en diciembre de 1979.
Un informe pericial sostiene que cada peseta incautada vale hoy 86,20 euros
Los perjudicados han recurrido ahora ante la Sala III de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo (TS), que ha aceptado a trámite la demanda. “Los hechos no se discuten, lo que se discute es si han prescrito o no”, manifestó a este diario uno de los letrados de los perjudicados. Los afectados piden que se les devuelva el dinero incautado con los intereses devengados durante los ochenta años transcurridos desde que les fue arrebatado y su conversión a euros. Para cuantificar la cifra fechas atrás encargaron un informe pericial que concluye que cada peseta de aquella época equivale a 86,20 euros de hoy. Como los 112 afectados disponen de resguardos por valor de 1.600.000 euros, el monto de lo que ahora reclaman al Estado se eleva a 138 millones de euros.
Ley de Memoria Histórica.
Los restantes novecientos afectados han rechazado acudir a la vía judicial convencidos de que el reconocimiento de su derecho a recuperar el dinero que les fue requisado es una decisión política y no jurídica. Su pretensión es que los grupos parlamentarios acuerden una modificación de la Ley de Memoria Histórica que, al igual que hizo con los sindicatos y los partidos políticos, les reconozca su derecho a la restitución de lo que les fue arrebatado.
Todos los intentos por esta vía han fracasado hasta el momento, si bien más recientemente han conseguido el compromiso de todas las fuerzas políticas catalanas (APIGF agrupa fundamentalmente a familias de Cataluña) para que el Parlament presente a la Mesa del Congreso de los Diputados una proposición de ley para que se incluya un nuevo artículo en la Ley de Memoria Histórica que “reconozca el derecho a la reparación de los particulares afectados por la confiscación de papel moneda (...) depositado por parte de las autoridades franquistas en la cuenta Billetes de Cambio Desestimados o en el Fondo de Papel Moneda puesto en Circulación por el Enemigo”
