El Gobierno de la Comunidad de Madrid paga 12.000 euros al mes por la vigilancia y seguridad del edificio de Medicina Legal, más conocido como “el donut”. Actualmente no tiene uso y es el único que se construyó dentro del llamado Campus de la Justicia. Este proyecto fue parado al comenzar la crisis económica después de haber invertido entre 120 y 150 millones de euros.
El instituto fue diseñado por el arquitecto Alejandro Zaera. Tiene una superficie total de 13.900 metros cuadrados en cinco plantas, más una planta técnica y dos sótanos. El consejero que promovió este proyecto, Alfredo Prada, fue cesado por Esperanza Aguirre, repescado por Mariano Rajoy y en la actualidad es diputado al Congreso por León y presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara.
El PSOE ha puesto en marcha recientemente una serie de iniciativas en la Asamblea de Madrid para saber la razón de la no disolución de la empresa Campus de la Justicia y a que se deben las facturas de 20 millones de euros que se han pagado recientemente con el Plan de Proveedores. La realidad es que la Consejería de Justicia, que preside Salvador Victoria, ha iniciado hace meses los trámites para liquidar la sociedad que gestionaba el proyecto, pero aún no lo ha logrado.
El "donut" está situado en un gran descampado y está siendo asediado por los conejos que corren por los sótanos y lo que deberían ser sus jardines y donde han construido cientos de madrigueras en una invasión que se viene produciendo hace algunos años en la zona de Valdebebas.
Mientras se decide qué hacer con el edificio, se gastan cada mes unos 12.000 euros al mes en seguridad para evitar que sea saqueado, pues tiene en interior parte de las instalaciones propias de un anatómico (neveras, instrumental, algo de mobiliario, etc).
Cuando se decidió parar el macroproyecto se intentó alquilar el edificio a alguna empresa para oficinas. Pero era imposible. No se puede utilizar como edificio administrativo por su configuración. Fue diseñado como tanatorio e Instituto de Medicina Legal y ahora darle otro uso sería más caro, afirma un experto inmobiliario.
Además, no está terminado. La empresa constructora entró en conflicto con la Comunidad por falta de pagos y finalmente cobró, pero, según dijeron fuentes que conocen el proceso, faltan por invertir unos cinco millones de euros para dejarlo en servicio. No están terminadas las escaleras, ni la calefacción, falta la pintura y parte del mobiliario.
Está claro que el Instituto de Medicina Legal, que está situado en la Universitaria, necesitaba un cambio de ubicación pues sus instalaciones se habían quedado anticuadas y pequeñas. Pero se pasaba que las 3.000 que tiene en la actualidad a las 14.000 del donut, algo que los expertos han considerado como innecesario. El coste de la edificación se ha estimado es de unos 25 millones de euros.
