El Defensor del Pueblo ha enviado un nuevo requerimiento a la Comisión Provincial de Coordinación de la Policía Judicial para que informe sobre las irregularidades que se están produciendo en Madrid por el excesivo tiempo de espera que los detenidos tienen que pasar en los calabozos por falta de recursos de personal y para el transporte. Hace algunos meses el presidente de la Asociación Justitia et Veritas, Antonio Alberca, envió una queja al Defensor del Pueblo debido a estos retrasos. Cientos de detenidos tienen que pasar casi 24 horas en los calabozos a esperar a que halla un nuevo traslado al centro de Moratalaz, desde donde son conducidos a los juzgados de Plaza de Castilla a prestar declaración.
Si un ciudadano es detenido a las 23:05 y el autobús ya ha salido hacia Moratalaz, tendrá que esperar casi 24 horas hasta que pase otra vez el vehículo
Cuando una persona es detenida en Madrid es trasladada a la comisaría. A las 23:00 todas las noches un autobús va recogiendo a los detenidos de todas las comisarías de la ciudad y los lleva a dormir a Moratalaz. A las nueve de la mañana del día siguiente son trasladados a los juzgados de Plaza de Castilla donde el juez les toma declaración. Si un ciudadano es detenido a las 11 y cinco minutos de la noche y el autobús ya ha salido en dirección a las celdas de Moratalaz tiene que esperar casi 24 horas hasta que pase otra vez el vehículo. En las celdas de las comisarías, que no tienen condiciones para una estancia tan larga, algunos detenidos se quejan de que no les dan en 24 horas más que zumo de naranja y galletas.
La asociación protestó ante el Defensor del Pueblo que envió una recomendación a la Dirección General de la Policía para que modificara este procedimiento. Considera el Defensor, cuya titular es en la actualidad Soledad Becerril, que la presentación ante el juez debe ser inmediata o, a lo sumo, en el menor tiempo posible. Antonio Alberca explicaba en su denuncia que esta situación se produce en muchos puntos de España, lo que prolonga de manera “ilícita” la detención después de haber declarado ante la policía.
Alberca considera inaceptables las explicaciones del ministro del Interior, Jorge Fernández, que dijo que estos retrasos se producían por instrucciones verbales de los jueces decanos al no poderse materializar de otra manera. Ahora el Defensor del Pueblo ha enviado a Justitia et Veritas la respuesta de la policía a su queja. “La razón de estos protocolos –dicen- está en que los cuerpos policiales deben organizar el sistema de conducción de una forma ordenada, ya que los medios de transporte y custodia no son ilimitados”. También alegan que “desde la perspectiva de la organización judicial también se requiere orden de conducción debido a que los órganos judiciales deben coordinar los distintos servicios que intervienen en las primeras diligencias”.
La Policía también señala que “los juzgados no cuentan con un servicio adecuado de custodia", por lo que la entrega continua "produciría una situación más gravosa que la actual"
La Policía también señala que “los juzgados no cuentan con un servicio adecuado de custodia de detenidos, por lo que la entrega continua de detenidos de manera desordenada produciría una situación más gravosa que la actual, ya que la detención y los detenidos deberían estar en los calabozos judiciales en unas condiciones peores que las actuales”. El Defensor del Pueblo señala en su carta a la asociación que ha considerado dirigirse de nuevo a la Comisión Provincial de Coordinación de la Policía Judicial solicitando una ampliación de la información que ha remitido. También se ha dirigido a la Comisión Nacional de Coordinación de la Policía Judicial para que les informen al respecto. De estas peticiones cabe deducir que las explicaciones le han resultado insuficientes a la Institución, pues, además, la cuestión afecta a un tema de libertades.
Criticas al Colegio de Abogados
Por otra parte, Antonio Alberca ha denunciado ante el propio Colegio de Abogados de Madrid, del que es miembro colegiado, la pasividad de la institución ante lo que considera un grave problema que afecta a los derechos básicos de los ciudadanos. El presidente de esta asociación hizo un escrito exigiendo al Colegio que hiciera alguna gestión hace meses “sin que la decana, Sonia Gumpert, haya hecho nada y estén ocultando para perjuicio de los ciudadanos estas retenciones ilícitas”. Fuentes del Colegio indicaron que se han hecho muchas gestiones, pero sin especificar el resultado de las mismas.
