La avenida de Les Alegries del municipio gerundense de Lloret de Mar es la cuna de un imperio contruido a base de basura. Allí se encuentra la sede principal de GBI Serveis, el grupo empresarial especializado en la recogida de residuos urbanos y limpieza de playas presidido por Gustavo Buesa Ibáñez, que ha sido detenido en el marco la investigación que está llevando a cabo la Fiscalía Anticorrupción sobre diversas adjudicaciones de concesión de servicios supuestamente irregulares desde el consistorio de Lloret de Mar a sociedades que integran el mencionado conglomerado.
En el marco de la operación Trueno, la Guardia Civil ha detenido este miércoles al secretario y al interventor del municipio catalán y ha registrado el domicilio de Buesa -socio de Jordi Pujol Ferrusola y donante de la fundación CatDem, vinculada a CiU- , a quien se le atribuyen los delitos de cohecho, tráfico de influencias, apropiación indebida y fraude. Conocido como el rei de les escombraries ('el rey de la basura'), el empresario concentra una veintena de compañías vinculadas a este sector.
La Udef considera que la incorporación de Júnior en el círculo empresarial de 'el rey de la basura' fue "pactada y negociada"
El nexo empresarial con Júnior se remonta a 2002, cuando el departamento de Medio Ambiente de la Generalitat de Catalunya, que entonces dirigía el consejero, Ramón Espadaler, concede "la autorización ambiental para la planta de residuos en Tivissa" a la empresa Gestió i Recuperació de Terrenys, sociedad que forma parte del grupo de Buesa y en cuyo accionariado entra Jordi Pujol Ferrusola, buen amigo de Buesa, a través de su sociedad Active Traslation.
La Udef considera que la incorporación de Júnior en el círculo empresarial de 'el rey de la basura' fue "pactada y negociada". Según un informe policial entregado al juez de la Mata, se trata de “una entrada ficticia, para asegurarse por medio de su persona, la obtención de las habilitaciones públicas pertinentes, y con ello, el buen fin de la operación, interponiendo, además, sociedades y personas, a modo de capas de cebolla, en aras a evitar que una simple observación de la misma denotara la presencia de éste (Pujol Ferrusola)".
Caer bien a las administraciones
La sospecha de la policía es que Pujol se dejó ver lo suficiente en la trama empresarial de Buesa para que éste obtuviera contratos y permisos públicos y, sin desembolsar dinero, cobró por ello unos jugosos dividendos por unas acciones que nunca había comprado. La policía cree que esa operación camufla el pago de comisiones. Buesa reconoce que Pujol Ferrusola le ofrecía “relaciones en el exterior”, haciendo trabajos comerciales, pero llegó a decir que no conservaba ni el contrato y ni ningún otro documento que identificase o avalase esos trabajos.
En marzo de 2015 el presidente de GBI reconoció en el Parlamento que pagó 550.000 euros del 2007 al 2010 a fundaciones privadas vinculadas a CiU. Y prestó, "sin garantías de devolución", 50.000 euros a Unió Democrática. "Es obligación de un empresario tener buena relación con la gente que hay en la Administración", manifestó. En esa misma comparecencia afirmó que el partido democristiano todavía no le había reembolsado el dinero. "Sigo hablando con ellos; aún no me lo han devuelto".
"No entiendo las sospechas de que todo aquello que se ha dado a GBI Serveis haya sido por amiguismo", manifestó el empresario
Sobre Xavier Crespo, exalcalde de Lloret de Mar y exdiputado de CiU que fue condenado por aceptar regalos de la mafia rusa, Buesa llegó a decir que "se hizo un gran nombre en la ciudad". Y fue durante su mandato cuando supuestamente GBI habría logrado que el ayuntamiento le adjudicase millonarios contratos. "No entiendo las sospechas de que todo aquello que se ha dado a GBI haya sido por amiguismo", manifestó.
Nacido en la Barcelona de 1960, el empresario que considera que hay que caer bien a las administraciones fue socio fundador de Ingeniería de Residuos, S.A. en 1986 y cuatro años después adquierió el 100% de la sociedad, poniendo en marcha un ambicioso plan de crecimiento. En 1992 se incorpora a la sociedad la compañía RF Proces, S.A., formada por Fuerzas Eléctricas de Cataluña, S.A. (FECSA) y RWE Ibérica de Saneamiento, S.A. -filial del grupo alemán RWE Entsorgung-, abriéndose camino también en el sector medioambiental. En 2003 recupera el 100% de la sociedad, constituyendo el Grupo que ahora preside y del que forman parte una veintena de empresas. En 2008 inicia la expansión internacional del conglomerado, presente en países como México y Rumanía.
