La Guardia Civil lo tiene claro: la figura clave en el entramado del 3 por ciento de CIU es el tesorero de la formación Andreu Viloca. Tras analizar la documentación incautada en su despacho en agosto de 2015, en la operación Pétrum II, los agentes del Instituto Armado Andreu Viloca, responsable de finanzas de Convergència Democràtica de Catalunya y administrador de la Fundació Catdem, era el "conseguidor" de las mordidas del 3 por ciento con la que distintos empresarios habrían financiado presuntamente durante lustros a la formación convergente.
En un informe que forma parte del sumario, conocido por Vozpópuli, los agentes sostienen que Viloca "acumula en su despacho de la sede de CDC multitud de documentos relacionados con licitaciones y adjudicaciones de contratos públicos. En algunos casos, incluso existen papeles que presuntamente forman parte de expedientes administrativos concretos. Aún mayor carga indiciaria reviste con respecto al hilo argumental que expone esta instrucción, el hecho de que las instituciones y organismos públicos que aparecen relacionados en los citados documentos estén controlados de una u otra forma por la federación de partidos CIU, ya sea por los vínculos políticos de los cargos electos que presiden los mismos, ya sea por los nombramientos de dirigentes realizados por el Govern de la Generalitat".
Asimismo, la Guardia Civil añade que todos esos documentos incautados en la operación Pétrum II “vistos en su conjunto y en el marco de las investigaciones desarrolladas en torno al denominado 3%, tales evidencias asientan de forma contundente el rol de mediador o conseguidor ante las Administraciones Públicas del responsable de finanzas de CDC como se expondrá con algunas evidencias documentales concretas a partir de este momento".
De la documentación analizada por la Comandancia de la Guardia Civil de Tarragona, se constató cómo las empresas donantes obtenían contratos públicos adjudicados de antemano, a los que posteriormente se les daba apariencia de legalidad. El modus operandi se repetía siempre. Esas adjudicaciones coincidían en el tiempo con reuniones que los empresarios mantenían, previa y posteriormente, con Viloca.
En esta causa, se investigan delitos de organización criminal, tráfico de influencias, falsedad documental, blanqueo de capitales, cohecho, malversación de caudales públicos, financiación ilegal de partido y prevaricación.
