Habían sido acusados de maltratar a su hijo, menor de edad. El juicio se celebró y fueron condenados. Perdieron la custodia. Tiempo después el proceso se repitió y la custodia les fue devuelta. ¿Qué había cambiado? La traducción, solo eso. Es la síntesis de un caso real cada vez más frecuente en los tribunales de justicia españoles: juicios que se aplazan, o anulan, porque la comunicación entre las partes –juez, abogados, testigos, acusados– es un babel incomprensible, un remake de los hermanos Marx.
Los juicios con traducción son cada vez más frecuentes. La demanda de intérpretes ha crecido tanto como el interés por un negocio valorado en millones de euros. La privatización del servicio de traducción e interpretación enfrenta a las empresas adjudicatarias con las asociaciones profesionales. Las primeras aseguran que la Administración de Justicia no puede, por sí sola, cubrir la demanda; las segundas denuncian que el afán de lucro y la falta de rigor vulneran las garantías procesales. Es lo que tienen las malas lenguas.
Las fricciones no son nuevas, pero sí el alcance público de la disputa. La defensora del Pueblo acaba de admitir a trámite a principios de septiembre una queja de la Asociación Profesional de Traductores e Intérpretes Judiciales y Jurados (APTIJ) contra tres empresas del sector –SeproTec, Atlas y Ofilingua, las tres que copan el mercado en prácticamente todas las comunidades autónomas–, a las que acusan de "contratar a personas que no están cualificadas" y de "ofrecer un servicio muy deficiente".
Las asociaciones denuncian que algunas de las empresas contratan a presuntos intérpretes que “no saben ni castellano”, algo que estas compañías niegan
Tanto la APTIJ como otras asociaciones urgen a la Administración a creer un Registro Oficial de Traductores e Intérpretes, un compromiso incluido en la Ley Orgánica que transpone la directiva comunitaria sobre este asunto. Mar Quijada, presidenta de la APTIJ, matiza su postura: "No queremos que este registro sea un mero listado de empresas". Lo que se necesita, asegura, es "un cuerpo de intérpretes", un equipo homologado que acceda al puesto mediante pruebas de acceso. Desde Coralia Traductores lo resumen así: "Exámenes, experiencia mínima y titulación".
Las asociaciones denuncian que algunas de las empresas contratan a presuntos intérpretes que "no saben ni castellano", algo que estas compañías niegan. "La legislación peca mucho de inocente", explican desde Coralia, “con acreditar que se sabe el idioma demandado para la traducción, basta”. Es cierto. Los requisitos que el Estado demanda no son un compendio de virtudes curriculares, pero también es cierto –como alegan desde SeproTec– que muchas veces la Administración reclama un intérprete de una lengua poco frecuente lo que limita las posibilidades de búsqueda. No es lo mismo demandar un intérprete de inglés o francés que de urdu o chino.
¿Quién tiene razón? Los autónomos y asociaciones reclaman "respecto y dignidad" para una profesión "maltratada" por la Administración, aunque también es cierto que antes de que en 2007 se privatizara el servicio de traducción e interpretación, la situación distaba de ser idílica. "Cuando nosotros pasamos a dar este servicio”, cuentan desde SeproTec, "había muchas irregularidades. Nosotros no llegamos con un equipo nuevo o menos capacitado, sino que en su mayoría seguimos trabajando con la misma gente que la administración de justicia ya tenía".
Desde APTIJ no lo tienen tan claro. Consideran que tanto SeproTec como otras empresas abaratan lo máximo posible los costes para ganar los concursos públicos (en este punto SeproTec reconoce que las ofertas de la Administración son cada vez más a la baja) y que, por esa razón, ofrecen condiciones salariales “míseras” a los trabajadores que tienen en plantilla. SeproTec se defiende alegando que ellos pagan la seguridad social de traductores, lo que aumenta el coste por empleado.
“Si no hay una interpretación de calidad no hay un juicio justo”, dice Quijada, presidenta de la APTIJ
Sobre la profesionalidad de algunos de los intérpretes –malas prácticas que han llevado a la suspensión de algún juicio, en concreto uno por violencia machista, como recoge economiadigital.es– también hay controversia. "Si no hay una interpretación de calidad no hay un juicio justo", dice Quijada. Asimismo, Marcella Bracco, traductora, intérprete y miembro de la Asociación de Intérpretes de Conferencia de España (AICE) y de la Asociación Española de Traductores, Correctores e Intérpretes (Asetrad), asegura que algunas de estas empresas “no comprueban el nivel real del idioma de los traductores”.
Acusaciones todas que desde SeproTec niegan o bien achacan –"en los pocos casos que ha habido incidencias, menos de un 0,03% del total de servicios prestados en 2015"– al escaso margen de tiempo que la Justicia les da para buscar a un intérprete específico. "Muchas veces nos piden un especialista en un idioma de un minuto para otro, lo que dificulta mucho el trabajo y a veces crea algún problema", explican desde esta empresa que trabaja para el sector público y privado y asegura traducir al año 150 millones de palabras.
La jueza Pilar de Luna, una heroína para los traductores
"El intérprete palidece al traducir cuando no conoce la terminología y piensa que puede actuar ante el tribunal, sin más. El lenguaje no verbal lo delata. Las incidencias de la incomunicación saltan a la vista". Habla Pilar de Luna, jueza con 15 años de experiencia en la carrera (actualmente en el juzgado 29 de lo Penal de Madrid) y una de las grandes especialistas en el proceloso mundo de la interpretación judicial en España. Una heroína para los traductores, por su defensa de los "intérpretes cualificados" y la redacción de un informe en el que denuncia, con datos y casos particulares, a las empresas del sector, “que remiten a los juzgados a personas que carecen de la cualificación”.
De Luna lleva años peleando por los derechos de los intérpretes contra la atonía general de magistrados y abogados, que según las asociaciones apenas los respaldan en sus reivindicaciones profesionales. Su modus operandi incluye la comprobación de que realmente el traductor enviado al juicio tiene la experiencia y la cualificación; en caso contrario, pide que traigan otro. En un artículo suyo publicado en 2015 y titulado El derecho a interpretación y a traducción en los procesos penales, la jueza deja en el aire una pregunta que aporta justicia metafísica al fondo de la cuestión: "¿qué última palabra puede decir el acusado si no ha comprendido el juicio?".
