“Los referéndum los carga el diablo”, declaraba Fernando Maillo, vicesecretario del PP tras conocerse el fiasco de Matteo Renzi en la consulta italiana. La reforma de la Constitución parece ser uno de los ejes centrales de la presente legislatura. Al menos, en el plano teórico y en el de las declaraciones. En esta etapa de diálogo y consenso, todos los grupos parlamentarios, incluido el PP, han dado muestras de pretender estudiar esta cuestión eternamente congelada o aparcada. "Si te muestras poco favorable, te estigmatizan al instante con el sello de cavernícola", señala un veterano dirigente del de los populares.
El presidente del Gobierno es, quizás, quien suele arrojar una mayor claridad sobre este asunto. Ha mostrado siempre su abierta actitud ante este tema, sin más peros que tener muy claro cuál es el objetivo. Piensa Rajoy que no tiene sentido emprender un viaje de tal relevancia sin conocer el punto de destino. Ni siquiera quiénes serán los compañeros de viaje. Ni los respaldos o apoyos. No ha cambiado nunca de actitud, aunque las circunstancias de una mayoría parlamentaria exigua le han obligado a modular su discurso.
Una piscina sin agua
El batacazo de Renzi se ha aprovechado en algunas instancias del PP para recordar que reformar la Constitución no es asunto que deba abordarse desde la improvisación o el interés partidista. "No es un jueguecito", comentaba un alto cargo del partido en el Gobierno. Alfonso Alonso, líder del PP en el País Vasco, secundó esta postura al reclamar prudencia al abordar cualquier tipo de retoques de la Carta Magna. Renzi ha mostrado los riesgos de lanzarse a una piscina sin agua. Y en el PP están aprovechando el ejemplo. Albert Rivera, ferviente defensor de abordar algunos cambios en nuestra norma Fundamental, reclamaba este lunes que lo ocurrido en Italia ‘no puede servir de excusa para el inmovilismo’.
Soraya Sáenz de Santamaría, que compareció la semana pasada ante la Comisión Constitucional del Congreso, utiliza un lenguaje más amable, muy acorde con la ‘Operación diálogo’ que ha puesto en marcha para lograr algún entendimiento con los nacionalistas catalanes. La vicepresidenta dio por hecho que en esta Legislatura se abrirá formalmente el debate sobre esta polémica reforma, aunque siempre ha invocado que se trata de una norma “que nos cobija a todos aunque no nos guste enteramente a nadie”, y advirtió sobre los riesgos de pretender ‘demolerlo todo’.
Algunas fuentes del Gobierno han deslizado en los últimos días la posibilidad de que la Constitución pueda acoger algún tipo de ‘gesto’ hacia Cataluña, más de cariz cultural, lingüístico o económico, que estrictamente jurídico. Santamaría controla el cuadro de mandos de esta ‘Operación Cataluña’. Las declaraciones y los pronunciamientos oficiales deben recibir su visto bueno. No siempre ocurre. Algún miembro de su Gabinete, como el ministro de Justicia, incumple algunas veces esta instrucción no escrita. Y surgen chispas.
El barómetro del CIS, conocido la víspera del cumpleaños de constitucional, insiste en un punto que apenas ofrece, año tras año, modificaciones. La mayoría de los españoles no quiere cambio alguno en la actual organización territorial, salvo los votantes del PP que optan por pronunciarse a favor de disolver la España de las autonomías. Al votante conservador español le sagrada el centralismo francés y le horripila el federalismo asimétrico del que habla el PSOE, o el “derecho a decidir’ del que habla Podemos.
Socialistas, Ciudadanos y Podemos apoyan y empujan la reforma pendiente. Cada uno desde un planteamiento y con objetivos diferentes. El PP ya ha advertido que sería muy bueno lograr un consenso al menos similar al que recibió la actual Carta Magna hace 38 años. No será posible, aunque se intentará. Los populares mantienen estas semanas un diálogo muy fluido con el PSOE en el que se están propiciando acuerdos muy importantes. La Constitución necesitará de una comunión indiscutible entre los dos grandes partidos, que actúan, en ocasiones, como la gran coalición
Sin prisas. Rajoy quiere que se cumplan los plazos y las etapas. Lo primero es aprobar los presupuestos. Luego, empujar algunas de las reformas pendientes que reclama Bruselas. De la Constitución empezará a hablarse una vez que los socialistas hayan salido de su laberinto y hayan despejado las brumas sobre su liderazgo. No será en este año y quizás tampoco en el próximo. Fuentes de su entorno comentan que el actual presidente querría dejar la Moncloa sin que se haya perpetrado un estropicio en nuestra Carta Magna.
Está dispuesto a que así sea, pese a que las presiones con crecientes y numerosas. Incluso en la Zarzuela se contempla sin muestras de inquietud la posibilidad de que se aborde la reforma de nuestra principal Ley, que, inevitablemente, retocaría el capítulo referido a la Sucesión de la Corona.
