El Consejo de Estado ha emitido un dictamen que responsabiliza por primera vez al Ministerio de Defensa del accidente del avión Yak-42 en Turquía, en el que murieron 62 militares españoles que regresaban de una misión en Afganistán. El dictamen, adelantado este martes por El País, apunta al agotamiento y el estrés de los pilotos como la causa del accidente, como ya concluyeron los tribunales, aunque señala que del contrato que se firmó con la agencia de la OTAN no se deduce "un total y completo traslado de responsabilidades".
Además, resalta la importancia del informe del Centro de Inteligencia y Seguridad del Ejército en el que se avisaba de los "altos riesgos" que comportaba transportar personal en aviones de carga fletados en países de la antigua Unión Soviética. Este hecho, según el Consejo de Estado, habría sido suficiente para propiciar "una comprobación o verificación" de la denuncia.
El ex ministro de Defensa y actual embajador de España en Reino Unido, Federico Trillo tuvo que gestionar en 2003 el accidente más grave sufrido por las Fuerzas Armadas españolas en tiempos de paz. El siniestro se produjo en la madrugada del 26 de mayo cerca de la ciudad turca de Trebisonda, y en él perdieron la vida 62 militares españoles que regresaban a casa tras realizar una misión humanitaria en Kabul. La aeronave hizo dos intentos de aterrizaje frustrados, pero la espesa niebla que cubría la zona lo impidió. Al tercer intento, el avión se estrelló y terminó partido en dos.
La gestión de la crisis
En este caso, la crisis que debió manejar el Gobierno del entonces presidente Aznar, se desató por la dudosa seguridad que ofrecían los aviones alquilados a una compañía ucraniana para el transporte de las tropas españolas. El mismo día de la catástrofe, Federico Trillo se desplazó hasta el lugar del siniestro y en tan solo 48 horas se liquidaron las 62 identificaciones de los cadáveres, que fueron inmediatamente repatriados a España.
El Ministro trató en un primer momento de achacar el accidente a las malas condiciones meteorológicas, asegurando además que el aparato ucraniano Yakolev 42 era "el modelo más seguro" para la misión de transporte de soldados. Trillo se afanó en trasladar toda la responsabilidad a la agencia NAMSA de la OTAN, encargada fletar los aviones. El Ministro aseguró que España no tenía más alternativas de transporte estratégico. Sin embargo, la OTAN contradijo las palabras de Trillo, asegurando que solo actuaba como "intermediaria" en el alquiler.
Noruega, Suecia y Finlandia cancelaron los contratos de alquiler del Yak-42 por sus condiciones
Por su parte, José María Aznar negó rotundamente que las condiciones del Yakolev 42 influyeran en el accidente, y se escudó en que "las máquinas pueden fallar y los pilotos se pueden equivocar". En estos primeros momentos tras el accidente, todos los miembros del Ejecutivo se afanaron en negar lo que parecía una evidencia: que los aviones estaban en malas condiciones y que las tripulaciones no daban ninguna confianza a los propios militares.
De hecho, países como Noruega, Suecia y Finlandia habían cancelado previamente los contratos de alquiler del Yak-42, porque consideraban que el mantenimiento de los aviones no era el adecuado. Por su parte, el diario El País recogía dos días después del accidente el testimonio de la madre de un militar que había viajado antes en un aparato como el siniestrado:
"Mi hijo regresó en el vuelo anterior y era bastante peor que éste (el avión Yakolev siniestrado). Lo grabaron (en vídeo) por dentro y era horroroso, estaba medio deshecho y llegaron a comentar que se veían los cables de las ruedas. Mi hijo y todos (sus compañeros) los vieron".
Falta de información
La información que facilitó el Ministerio de Defensa, tanto a los familiares de los fallecidos como a los medios de comunicación fue escasa y contradictoria. Algunos medios publicaron ciertas informaciones que desbarataban la versión construida entre Trillo y Aznar. El diario El Mundo recogía el siguiente correo electrónico en el que el comandante Ripollés -fallecido en el accidente- trasladaba un día antes a su hermano la preocupación por el mal estado de los aviones:
"(...) Como te puedes imaginar, no son aviones nuestros, sino alquilados a un grupo de piratas aéreos que en condiciones límites transportan nuestro material y personal. Te hablo de los Tupolev, Yakolev, vamos, como el avión, bueno, mejor dicho, el "vión" que tuvo una apertura fortuita en África y fueron succionados los pasajeros. La verdad, que sólo con ver las ruedas y la ropa tirada por la cabina de la tripulación te empieza a dar taquicardia, (...)".
Tampoco hubo transparencia acerca del estado en el que quedaron los cuerpos de los fallecidos. El Gobierno se limitó a decir que esperarían a que concluyese la investigación para dar respuestas. Sin embargo, el Ejecutivo decidió mantener los contratos con la Agencia NAMSA para el transporte de militares en aviones de países ex soviéticos hasta que concluyesen las pesquisas. Ante esta actitud, los militares facilitaron fotos a los medios en las que se podía comprobar el mal estado de los aviones en los que se veían obligados a viajar. El Ministerio de Defensa suspendió entonces los vuelos, según palabras del propio Trillo, "para evitar alarmas".
Las consecuencias políticas
Federico Trillo compareció en la comisión parlamentaria de Defensa en el Congreso de los Diputados: "En la carta que dirigí a los familiares puse mi responsabilidad política a su disposición si se conseguía que cualquier responsabilidad tuviera que ver con la gestión del ministro que le habla. En su momento, la Cámara la rechazó. Pero hoy no la admitiría mi propia conciencia, porque hemos trabajado en el esclarecimiento de la verdad y tengo la satisfacción del deber cumplido".
En efecto, tras ser increpado por las familias de los militares fallecidos en el funeral de Estado, Trillo puso su cargo a disposición del Presidente Aznar, pero éste lo mantuvo en el cargo. En un libro de sus memorias, publicado en 2005, Federico Trillo señalaba: "Supe que muchas de aquellas personas me habían condenado irremisiblemente sin que alcanzara en mi aturdimiento a comprender las causas".
Reapertura del juicio e indultos
Pero la crisis del Yak-42 no quedó ahí. La reapertura del juicio se produjo en 2009, a causa de los fallos en la identificación de los cadáveres por la extrema urgencia con que se repatriaron los cuerpos a España. Tres de los subordinados de Federico Trillo fueron condenados por falsificar las autopsias de 30 de los cadáveres. Aunque ningún de ellos está ya en prisión. El general de Sanidad, Vicente Navarro, murió en 2010 y los que por aquel entonces eran capitanes médicos, José Ramón Ramírez y Miguel Ángel Sáez, recibieron el indulto del Gobierno a los pocos meses de que Mariano Rajoy llegase a la Moncloa. En la actualidad tienen el rango de comandante.
El propio presidente del Gobierno, ha manifestado este miércoles su sorpresa al conocer a través de los periodistas el dictamen y se ha escudado en que el asunto "ya está sustanciado judicialmente". Varios testigos, entre ellos el general José Antonio Beltrán, que coordinó la recuperación de los cadáveres, declararon que Defensa quería repatriar los cadáveres "cuanto antes", pese a que conocía que 30 de los cuerpos no habían sido identificados.
Después del dictamen del Consejo de Estado conocido este martes, los familiares de los 62 militares españoles fallecidos exigen al Gobierno que pida perdón y que Federico Trillo sea apartado de su cargo. Por su parte, el PSOE ha exigido también la destitución de Trillo y que los actuales ministros de Defensa, María Dolores de Cospedal, y Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis, comparezcan de manera urgente en el Congreso.
