martes 2 de septiembre de 2014

Europa, parque temático

El problema del carbón y las subvenciones

Vicente Benedito (16-07-2012)
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El tema de las ayudas o subvenciones a los diferentes sectores empresariales de nuestro país es un tema antiguo y muy manido pero al que nunca ningún gobierno ha puesto solución. Las subvenciones permanentes atentan contra la competitividad de las empresas y, al final, resultan dañinas para la economía nacional. Sirvan como botón de muestra los antecedentes de los años 70 en relación con el llamado "crédito capital circulante" y la "desgravación fiscal a la exportación".

El primero consistía en la concesión a la empresa exportadora de un crédito a un tipo de interés subvencionado y por una cuantía que estaba en relación con las cifras de exportación. Pues bien, muchos fueron los ejemplos de empresarios que, con el importe del crédito, a un coste del 10%, constituían un depósito, en la propia entidad financiera que se lo concedía, a un tipo del 12%. Es decir, no se cumplía con la finalidad esencial de la ayuda, que no era otra que favorecer y primar la exportación de nuestros productos. Y, aun peor, eran los casos de aquellos beneficiarios de la ayuda que la invertían en hacerse "casoplones", para el disfrute privado del empresario. Alguna anécdota existe sobre esto en pueblos o ciudades de este, nuestro querido país, en los que se ha llegado a conceder el nombre de una calle a "el capital circulante".

El segundo de los antecedentes apuntados, - la "desgravación fiscal a la exportación", - otorgaba verosimilitud a la famosa frase popular de fabricar tornillos a 5 pesetas y venderlos a cuatro, obteniendo el beneficio por el efecto de la desgravación fiscal que permitía cubrir la peseta de diferencia y el margen industrial. Lo que pasó es que, desaparecido este beneficio fiscal, la mayor parte de aquellas empresas exportadoras entraron en pérdidas. Desde entonces, y hasta nuestros días, se han continuado subvencionado actividades que en absoluto tienen carácter estratégico. Y es que, claramente, sólo deben ser subvencionados aquellos sectores/actividades/empresas que sean estratégicos para la economía del país y contribuyan a su fortalecimiento, y que si no disfrutaran de esa ayuda, no podrían producir, o prestar un servicio, esencial para el funcionamiento del país. Fuera de ello, y sea el sector que sea, no deberían producirse subvenciones, ni ayudas, de ningún tipo. En muchas ocasiones, más de las que deberíamos, dedicamos más esfuerzos a la obtención de la rentabilidad fiscal alternativa que a la búsqueda de la necesaria eficiencia económica. Propiciamos cambios regulatorios que puedan favorecer nuestra cuenta de resultados, relajándonos del objetivo de todo empresario que es la competitividad en los mercados. Esos comportamientos siempre terminan pasando factura.

Situación de la minería del carbón en España

Llegados a este punto tendría que determinarse en cada caso qué es mejor: la subvención o la nacionalización. Y aquí, por su actualidad y repercusión social, me referiré al caso concreto de la minería del carbón.

Antes de entrar en profundidades, hay que comenzar apuntando una serie de características propias de la minería del carbón en España:

1) Las minas de carbón españolas, en general, no son competitivas por razones geológicas, lo que conlleva un significativo encarecimiento de los costes de extracción. Nuestras explotaciones, en su mayor parte, no son a cielo abierto - sólo un número reducido de ellas en la cuenca asturiana, - lo que hace que para extraer la misma cantidad de carbón, en una mina española un minero necesite tres horas, mientras que en una mina australiana sólo serían precisos alrededor de diez minutos.

2) Por ello, un barco de carbón extranjero puesto en cualquiera de los puertos españoles puede costar la mitad de precio que el coste incurrido para la extracción en alguna de nuestras minas que no sea a cielo abierto. España podría conseguir fácilmente el carbón que necesitamos en el mercado mundial a un precio muy inferior al que nos cuesta producir el nacional.

3) El carbón español es de baja calidad calorífica. Se sitúa en aproximadamente 4.500 termias/tonelada, frente al estándar mundial de 6.000 termias/tonelada, o, lo que es lo mismo, una tonelada de carbón importado produce el mismo calor que 1,33 toneladas del mineral extraído de nuestras minas.

4) Las ayudas al sector del carbón son "costeadas", en su mayor parte, por el contribuyente español destinándose, en el momento actual, una partida de los Presupuestos Generales del Estado para tal fin por importe de 655MM de euros, según nos ha recordado hace unos pocos días el propio ministro Soria.

5) Como señalan los ecologistas, el carbón tiene un mayor impacto ambiental, por emisiones de CO2, que el resto de los combustibles fósiles.

6) La Administración del Estado debería haber realizado una supervisión exhaustiva de las ayudas concedidas al Sector, analizando el destino de las mismas y, en última instancia, identificando la eficacia y eficiencia obtenidas con las subvenciones. Los resultados de esas acciones aportarían la luz necesaria para saber cómo contribuye el esfuerzo de los ciudadanos a la sostenibilidad del sector. En todo caso, no es tarde para que los ciudadanos sepan qué se hace con sus impuestos.

¿Subvención o nacionalización?

Ante esta situación, lo primero que uno piensa es que debería producirse un cese ordenado de la actividad de las minas con el fin de aliviar las consecuencias sociales y regionales del cierre. Así nos lo ha exigido Bruselas y así debería de ser de aquí a 2018, año en el que España - la UE se lo impuso al Gobierno de Zapatero en diciembre de 2010 - se  comprometió a la liquidación completa de la industria subvencionada del carbón en España de acuerdo con un plan de cierre objeto, en su momento, de diálogo con sindicatos y empresas del sector.

Parece claro que si el Gobierno de España se ha comprometido a ello y tiene fijada la fecha del cierre definitivo de las minas, es estéril discutir, ahora, sobre si la medida en sí misma, o la supresión de las ayudas, afecta a un sector y una industria estratégicos para nuestra economía.

La consideración o no, de la minería del carbón como  sector estratégico,  está en relación directa con el papel que se asigno a este recurso en la política energética desarrollada en nuestro país desde hace décadas, en cuya formulación y desarrollo, ninguno de los gobiernos de la democracia, ha sabido "ponerle el cascabel al gato". El sector energético español bascula sobre tres conceptos fundamentales: política medioambiental, competitividad del producto (coste) y seguridad de suministro. España es uno de los países más energéticamente dependiente -quizás el que  más - de Europa. Sólo contribuyen a garantizar nuestra seguridad de suministro las renovables, las nucleares y el carbón nacional. En el campo de las renovables tal vez hemos ido demasiado deprisa, ya que son caras y no son "gestionables" (no tenemos sol o viento cuando queremos). En relación con las nucleares, no se ha construido ni planeado ninguna nueva central desde los años 80 y, tras Fukushima, va a ser difícil que alguien proponga la construcción de nuevas plantas. Nos queda el carbón nacional, pero además de lo ya apuntado en relación con los costes de extracción y su capacidad calorífica, la realidad es que, en términos de aportación a nuestro mix de producción, sólo representa el 7%. Podríamos evitar cerrarlas y mantenerlas en "stand by", pero esta solución técnicamente no es factible porque, si se cierran, será muy difícil revertir los efectos de la decisión.

Parece pues que Mariano Rajoy es cautivo de una cruda realidad: el Gobierno de su antecesor se comprometió al cierre ordenado de las minas en 2018. Ello exige no dejar para la víspera la planificación correcta de la necesaria ayuda a los 5.300 trabajadores de las minas. El problema y la angustia de esos mismos trabajadores sería entonces mayor y el margen se habría agotado. Ni por el volumen de empleo que genera el sector, ni por la riqueza que no aporta - y detrae - del PIB español, puede considerarse, en la segunda década del siglo XXI, que la industria española del carbón pueda ser declarada estratégica para nuestra economía. Es legítimo que los trabajadores luchen por su puesto de trabajo y mantenimiento de sus familias pero los males de este país son de mucho mayor, y más profundo, calado. No es un sector estratégico y no puede ser nacionalizado. Cuestión distinta es que, habida cuenta del no relevante impacto presupuestario, se negocie entre las partes interesadas, patronales, sindicatos y Gobierno esa transición ordenada, teniendo en cuenta los verdaderos márgenes disponibles. Y ocupándonos también de la búsqueda de una alternativa para las comarcas que viven de las minas.

 

Además, el presidente está obligado a atender, igualmente, las desesperadas demandas de los cinco millones de parados cuyas reivindicaciones son igual de legítimas, si bien no tan mediáticas como las de los mineros.   

Y para terminar les recuerdo, como hago en todos mis artículos, "luchemos todos contra la corrupción". Nadie puede hacerlo todo, pero todos podemos hacer algo.

Autor

Vicente Benedito

Nacido en Valencia, soy Licenciado en Derecho y Master en Comercio Exterior. Durante mi vida profesional he estado en distintos sectores como el de la enseñanza, el jurídico, el bancario, el de seguros y el de la construcción; todo ello ha hecho que haya tenido que cambiar mi lugar de residencia más de nueve veces, lo que me ha aportado una perspectiva muy enriquecedora de la evolución de las sociedades a lo largo de las últimas décadas. Sin embargo mi vocación ha sido la enseñanza, y he pasado muchos años impartiendo diferentes disciplinas siempre relacionadas con el ejercicio profesional, tratando de transmitir mi conocimiento y experiencias practicas al mundo universitario al que me siento muy ligado. Ahora en la etapa actual quisiera devolver a la Sociedad parte de lo que ella me ha dado.

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