martes 2 de septiembre de 2014

Liberalia

La competencia y sus defensores

L. B. de Quiros (23-02-2012)
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La reforma de los organismos reguladores y supervisores constituye un elemento esencial para el correcto funcionamiento de los mercados. El diseño y las atribuciones de las entidades encargadas de preservar el orden competitivo es básico porque ejerce una influencia decisiva sobre sobre la configuración de la estructura productiva de la economía y sobre la ejecución de la política económica. El actual sistema es perverso en tanto combina la politización de buena parte de sus decisiones en función de la influencia de sus “clientes”, incluido el Gobierno, con una teórica independencia de los reguladores traducida en el ejercicio de un amplio e irresponsable poder discrecional, servido por un gigantesco aparato burocrático injustificable desde un elemental análisis coste-eficacia, con una enorme capacidad de injerencia en las decisiones de las empresas privadas.

La competencia modélica no existe

Por otra parte, las decisiones de las agencias reguladoras españolas se sustentan en un marco teórico erróneo, el denominado modelo de competencia pura y perfecta cuyos rasgos básicos son: i) la presencia de un ilimitado número de empresas para que ninguna tenga poder para influir sobre el precio; ii) todas producen idénticos bienes y/o servicios; iii) los agentes económicos disponen de una información total sobre todas las ofertas de compra y de venta existentes en el mercado y iv) ausencia de barreras de entrada. En este entorno, la oferta y la demanda se ajustan instantáneamente a un precio que vacía el mercado. Esta visión de un equilibrio competitivo walrasiano no existe en la realidad pero otorga a los reguladores la coartada intelectual y una patente de corso para intervenir a su antojo en cualquier operación empresarial.  

Ahora bien, la competencia no es eso. Es un proceso dinámico no estático, basado precisamente en la ausencia de información perfecta por parte de los agentes económicos. Su función no es asegurar una asignación óptima de los recursos (el equilibrio competitivo), sino en poner en marcha un proceso sistemático de descubrimiento y de corrección de errores empresariales, que genera oportunidades para que los participantes en el mercado las exploten y logren beneficios. Ese método ensayo/error reduce la ignorancia de quienes participan en el mercado. La competencia por explotar dichas oportunidades impulsa a los precios en direcciones que, gradualmente van agotando la posibilidad de obtener ulteriores beneficios. Por lo tanto, el equilibrio de mercado, el punto en el cual la oferta y la demanda se ajustan, es una situación en la cual la competencia ya no constituye una fuerza activa. El cese del proceso de mercado representa el final del proceso competitivo al que, en la práctica, no se llega jamás.

Leviatán estatal

Ese enfoque ha producido una verdadera revolución en la teoría de la regulación y de la competencia que según parece no ha tenido influjo alguno sobre nuestros reguladores. A raíz de ella se ha demostrado que criterios como el de la concentración, los acuerdos colusorios, las supuestas estrategias predatorias para eliminar a los competidores etc. son variables irrelevantes para determinar si un mercado es o no competitivo. Las decisiones adoptadas conforme a esos parámetros pueden causar graves daños a la economía, a las empresas y a los consumidores. Además existe el riesgo de crear un nuevo Leviatán estatal, una especie de Gran Hermano de la concurrencia, que con el pretexto o con la voluntad expresa de salvaguardarla acabe por convertirse en una amenaza para el buen funcionamiento e incluso para la supervivencia del sistema de libre empresa. En muchos casos, la relación regulador-regulado tiene rasgos más propios de un esquema amo-súbdito que del que debería existir en un Estado de Derecho.

La evidencia empírica disponible muestra que los costes del anti-trust son  superiores a los beneficios que reporta. Por un lado, los consumidores no han obtenido ventajas tangibles de esa política; por otro ésta ha generado pérdidas de eficiencia muy considerables. La política anti-trust crea barreras de entrada en tanto favorece a los “incumbentes” al protegerles de aquellos competidores a quienes impide, por ejemplo, ganar tamaño o realizar operaciones de reestructuración sectorial o empresarial indispensables para que las compañías sobrevivan o mejoren su eficiencia. Desde esta perspectiva, las decisiones de los organismos reguladores son un impuesto a la innovación, a las nuevas inversiones; en suma, al espíritu de destrucción creativa propio del capitalismo. Eso sin contar con los abultados costes directos e indirectos en que han incurrir las empresas para defender su posición ante los reguladores.  (Crandall R.W., Winston C., Does Antitrust Policy Improve Consumer Welfare? Assesing Evidence, Journal of Economic Perspectives, Fall 2003)

¿Cuál es la misión de los poderes públicos en lo referente a la competencia? La tarea de los órganos reguladores ha de circunscribirse a la supresión de las barreras legales y administrativas de entrada que impiden el desarrollo de un mercado abierto a potenciales competidores. Esta es una salvaguarda suficiente para preservar las presiones competitivas. Al mismo tiempo, la de defensa de la competencia ha de enmarcarse en un conjunto de reglas generales claras y transparentes. Esto es vital para reducir la incertidumbre, limitar los potenciales abusos del poder y dar coherencia y predicibilidad a la acción de los poderes públicos en este campo. De lo contrario se crea un estado de “riesgo regulatorio” ya que nadie sabe a qué atenerse porque las decisiones carecen de cualquier soporte objetivo.

Ante este panorama, la solución óptima hubiese sido la supresión de todos los organismos reguladores y trasladar al orden jurisdiccional el control y las posibles sanciones derivadas de aquellos comportamientos que conforme a la legislación civil, penal o mercantil fuesen lesivos para la competencia. Ahora bien, en un Estado de Derecho, el regulador ha de responder también de los daños “injustificados” que su actuación pueda producir a las empresas. En este contexto, la reforma planteada por el gobierno mejora el escenario anterior pero hace depender la política de competencia de la buena fe y del sentido común de reguladores y supervisores, y esa es una débil garantía.

Autor

L. B. de Quiros

Soy Presidente de Freemarket Corporate Intelligence, una consultora especializada en análisis económico, político y regulatorio. Mi actividad profesional se ha centrado siempre en el campo de la asesoría económica. He sido Asesor Económico del Circulo de Empresarios, Director de Estudios Económicos de la Cámara de Comercio e Industria de Madrid y Director de Relaciones Institucionales de Confemetal, la patronal de la Industria. Soy miembro de la American Economic Association, académico del Cato Institute, un think tank norteamericano defensor de las ideas del liberalismo clásico, vicepresidente del Instituto von Mises, Director de la Fundación Internacional para la libertad que preside Mario Vargas Llosa.

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