viernes 22 de agosto de 2014

En el límite

Plan contra el dinero negro: ¿comenzará por los partidos?

Juan M. Blanco (16-01-2012)
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Proponer una medida y justificarla con otra distinta es algo frecuente en la política española, un entorno donde no parece importar tanto la eficacia o la coherencia como una buena aceptación del discurso por parte de la prensa y la ciudadanía. Sólo así puede explicarse que el nuevo gobierno, al tiempo que nos informaba del sustancial aumento de los tipos del IRPF, anunciara a bombo y platillo su flamante determinación de reducir el fraude fiscal y la economía sumergida.

Si nos atenemos a lo manifestado, las autoridades muestran su voluntad de poner los medios necesarios para “la obtención de pruebas de la realización de actividades económicas ocultas o parcialmente declaradas” y su intención de impulsar medidas tales como el establecimiento de “algún tipo de limitación al uso de efectivo en determinadas transacciones económicas” con el fin de poner trabas a la circulación de dinero negro. Es probable, sin embargo, que esta declaración de guerra a la economía sumergida se encuentre más cercana al ámbito de la retórica populista que a una firme disposición a actuar con contundencia. Bien sabido es que, en muchos países, gran parte de las actividades irregulares subsiste gracias a una actitud relativamente tolerante de las autoridades.

En el caso del presente anuncio, la contradicción estriba en que un aumento de los impuestos constituye una de las mejores medidas para impulsar y favorecer la economía sumergida. Estas actividades se explican como una reacción racional, aunque no por ello justificable, de ciertos agentes económicos en un entorno de impuestos elevados, sustanciales cuotas a la seguridad social y rígidas regulaciones estatales, especialmente en el mercado de trabajo. Muchas personas y empresas sopesarían las elevadas cargas de la economía regular frente al riesgo de resultar descubiertos en actividades irregulares y pagar la sanción correspondiente, eligiendo algunos la última opción para evitar impuestos y regulaciones. Los estudios muestran, además, que uno de los factores que más incentiva el paso de algunas actividades, total o parcialmente, a la economía oculta es la elevación de los tipos marginales en el IRPF.

Sin embargo, en contra de lo que pueda creerse, los gobiernos no suelen imponer medidas radicales en contra de la economía sumergida ya que buena parte de estas actividades, de ser detectadas y castigadas, no se convertirían en regulares: simplemente desaparecerían. Y, aunque la economía irregular eluda algunos impuestos, acaba abonando otros a las arcas públicas. Por ejemplo, una persona que ingresa en negro evita los impuestos directos pero paga los indirectos cuando gasta estos ingresos. Se explica así que la actitud de las autoridades sea generalmente ambigua: suelen establecer unas sanciones y una intensidad de inspección lo suficientemente estrictas como para desanimar el paso de algunas actividades, que podrían funcionar de forma regular, hacia la economía sumergida pero también lo suficientemente laxas como para no provocar la desaparición de otras irregulares, que dan empleo y generan alguna recaudación por otras vías. Persiguen el dinero negro, sí, pero con mesura y sólo hasta el punto que se considera óptimo, con cierta tolerancia a partir de ahí. Por ello, a pesar de las altisonantes declaraciones, no es muy probable que asistamos a una guerra sin cuartel contra el fraude fiscal en todas sus formas. Menos todavía cuando nos encontramos inmersos en una crisis de enormes proporciones.

Sin embargo, los gobernantes podrían mostrar muy fácilmente su voluntad y determinación en la lucha contra el dinero negro manifestando su intención de erradicar las posibles irregularidades en uno de sus entornos más cercanos: los partidos políticos. Tal como señala la sabiduría popular, para arreglar casa ajena es conveniente poner antes en orden la propia. Si algún organismo inspector se tomara la molestia de contabilizar y medir los gastos totales de ciertos partidos políticos, cabe la posibilidad de que observase poca relación con los ingresos declarados. Aunque reciban cuantiosas subvenciones, el mantenimiento de numerosas sedes, una plantilla bastante abultada, unas costosas campañas electorales y otros dispendios menos concretos, podrían llevar a unos montantes de gasto que se antojan difícilmente explicables. O, quizá, resultaría demasiado sencillo encontrar la explicación. El anuncio de una auditoría rigurosa de las finanzas de los partidos (y de paso de los sindicatos) constituiría la mejor prueba de que el gobierno está dispuesto a asegurar la total limpieza en los ámbitos que mejor puede controlar. Pero esta opción pertenece, seguramente, al género de la política ficción.

Se observa, no obstante, que esta pasividad no es privativa de los gobernantes. Al contrario que en el famoso cuplé, donde las vecinas murmuran a la vista de una sospechosa exhibición de lujo preguntándose “¿de dónde saca pa´ tanto como destaca?”, resulta un tanto extraño que los actores con el papel de vecinas cotillas dentro de esta corrala en la que se ha convertido la España contemporánea, no se formulen esta misma pregunta sobre los partidos políticos, a no ser que estalle algún escándalo. Definitivamente, nada provoca menos morbo que aquello conocido, aceptado y, sobre todo, compartido por muchos.

Autor

Juan M. Blanco

Estudié en la London School of Economics, donde obtuve un título de Master en Economía, que todavía conservo. Llevo muchos años en la Universidad intentando aprender y enseñar los principios de la economía a las pocas personas interesadas en conocerlos. Gracias a muchas lecturas, bastantes viajes y entrañables personas, he llegado al convencimiento de que no hay verdadera recompensa sin esfuerzo y de que pocas experiencias resultan más excitantes que el reto de descubrir lo que se esconde tras la próxima colina. Nos encontramos “en el límite”: es momento de mostrar la gran utilidad que pueden tener las ideas.

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