lunes 28 de julio de 2014

Liberalia

Hay que ser "radical"

L. B. de Quiros (01-02-2012)
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Los mercados, los organismos internacionales y los analistas privados descuentan la consolidación de un proceso recesivo en España en 2012 con posibilidades de extenderse a 2013. Esta situación era inevitable y una consecuencia directa del estado de la economía española al final del período socialista. En este contexto, la única duda es si el gobierno Rajoy va a hacer los ajustes y reformas necesarios en 2012 y sentar las bases de la recuperación para acabar la legislatura con tasas de crecimiento razonables. En este contexto, el saneamiento de la economía nacional es imprescindible pero también lo es introducir reformas estructurales capaces de elevar el potencial de crecimiento. Por otra parte, el éxito o el fracaso del gobierno popular depende críticamente de la evolución de la coyuntura europea, sumida en una crisis de deuda, bancaria y en medio de una recesión.

La necesidad de un ajuste radical

Dicho esto, la clave es la profundidad de los ajustes. Desde esta óptica, si 2012 es un año perdido en términos de crecimiento, ofrece sin embargo la oportunidad para aplicar una terapia de choque radical. La cuestión es que se entiende por “radical” y esto sólo tiene una respuesta: un drástico recorte del gasto público para reducir el déficit, un rápido saneamiento del sistema financiero para restaurar los flujos de crédito, una reforma del mercado de trabajo que rompa el ineficiente marco de relaciones laborales heredado del franquismo y una agresiva terapia liberalizadora que de flexibilidad a los mercados y estimule el crecimiento. Si este conjunto de medidas se aplica con contundencia, se habrán sentados las bases de la salida de la crisis.

Disciplina fiscal a nivel estatal

En el plano presupuestario, el primer paquete de ajuste ya está consumado. Ahora bien, la Ley de Estabilidad Presupuestaria crea el marco normativo adecuado para garantizar la disciplina fiscal del Estado, de las autonomías y de los ayuntamientos en el medio plazo. Las reglas introducidas por la Ley impiden que las Administraciones Públicas se embarquen en políticas fiscales insostenibles. En el corto plazo, la clave será la confección del próximo presupuesto que ha de hacer recaer el coste del ajuste en el gasto público, incluyendo sus componentes estructurales, es decir, las partidas del Estado del Bienestar. Al mismo tiempo, el gobierno ha de renunciar a nuevas subidas de impuestos que sólo servirían para agudizar la recesión y dificultar la consecución de los objetivos de déficit.

Una terapia dolorosa para la banca

La reforma financiera ha de implantarse de manera rápida y con plazos temporales breves para forzar a los bancos y cajas a limpiar sus balances y acometer los procesos de integración necesarios para dar solidez al sistema financiero. En este marco, el gobierno ha de actuar sin contemplaciones. Si bien, esta estrategia acentuará la restricción del crédito en el corto plazo, es imprescindible acometerla para evitar la “japonización” del sistema financiero española. Sin bancos y cajas sanas es imposible que se recuperen los flujos de crédito y, por eso, es indispensable aplicar una terapia dolorosa pero que es la única capaz de resolver una situación que se ha enquistado por la pésima política desplegada por el gabinete socialista y el Banco de España.

Reforma radical

Si Mariano Rajoy ha dicho que la reforma laboral le costará una huelga general, dicha reforma ha de ser radical. El PP tiene la oportunidad de acabar con un esquema de instituciones laborales que es una maquina de fabricar paro. En este sentido, la política reformista sólo funcionará si se impulsa una descentralización de la negociación colectiva que permita un descuelgue inmediato de las empresas de los convenios sectoriales y provinciales si éstas lo deciden; rompa la ligazón de los salarios a la inflación; reduzca la duración de la prestación por desempleo; impulse la flexibilización interna dentro de las empresas y, fundamental, reduzca el coste del despido a 20 días y objetive las cláusulas de rescisión de la relación laboral para evitar la discrecionalidad de los tribunales. Ese paquete reformista es el único camino para frenar la destrucción de puestos de trabajo.

Terapia liberalizadora de choque

Por último, la economía española necesita una terapia liberalizadora de choque para reducir costes, estimular la competitividad y la productividad e impulsar el crecimiento. El gobierno ha de abrir a la competencia sectores protegidos que desde la distribución comercial a los servicios profesionales constituyen barreras de entrada en el mercado al servicio de unas minorías “privilegiadas” y en perjuicio de los intereses de los consumidores y de la eficiencia económica. Por añadidura, sin margen para impulsar la demanda por la vía presupuestaria y monetaria, las políticas liberalizadoras de la oferta son el único camino para impulsar el crecimiento.

Sin luz al final del tunel hasta 2014

Este paquete de estabilización y reformas no surtirá efecto inmediato. La economía española seguirá perdiendo empleo y no saldrá de la recesión en 2012 ni quizá en 2013 pero no hay alternativa. En este sentido, el gobierno ha de asumir que no hay milagros ni atajos y que una medicina de estas características es imprescindible aunque, en el corto plazo, levante una oposición en la “calle”. Desde esta perspectiva es vital que el conjunto de medidas de ajuste y de liberalización se inserten en un discurso para darles coherencia y consistencia temporal. Esta falta de relato se echa de menos. El “sangre, sudor y lagrimas” ha de apuntar a una dirección. No sólo se trata de reactivar la economía y crear empleo, cuestiones básicas, sino explicar que la consecución de esos objetivos responde a la convicción de que un Estado de menores dimensiones, con mercados abiertos y competitivos, con impuestos y regulaciones bajos es no sólo el más eficiente, sino el que proporciona una mayor libertad a los ciudadanos. Ese diseño último es el que se echa de menos en el gobierno, su apuesta por una sociedad libre y competitiva en el que el futuro de los ciudadanos depende de ellos mismos y no de un Estado omnipotente y omnipresente. Es la hora de Thatcher no la de Heath. El radicalismo no equivale a extremismo, sino a aplicar las medidas que atacan de raíz los problemas sociales y económicos de España.

Autor

L. B. de Quiros

Soy Presidente de Freemarket Corporate Intelligence, una consultora especializada en análisis económico, político y regulatorio. Mi actividad profesional se ha centrado siempre en el campo de la asesoría económica. He sido Asesor Económico del Circulo de Empresarios, Director de Estudios Económicos de la Cámara de Comercio e Industria de Madrid y Director de Relaciones Institucionales de Confemetal, la patronal de la Industria. Soy miembro de la American Economic Association, académico del Cato Institute, un think tank norteamericano defensor de las ideas del liberalismo clásico, vicepresidente del Instituto von Mises, Director de la Fundación Internacional para la libertad que preside Mario Vargas Llosa.

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