sábado 20 de septiembre de 2014

Desconfíen siempre del Gobierno

La ejecución del loro

Rubén Manso (18-04-2012)
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No paro de oír hablar de la necesidad de la racionalización del gasto público a nuestras autoridades y a la oposición como modo de reducir el enorme déficit público que padecemos. No me parece mal, si bien creo que deberían darse cuenta de que es un reconocimiento implícito de que hemos estado gastando de manera irracional, lo que debería de tener algún tipo de consecuencia. Aunque sólo fuera la de la incapacitación de los que han obrado irracionalmente, como ocurre en la por prodigalidad en nuestro Derecho Civil. También oigo mucho hablar de la ejecución pública del loro chocolatóvoro que, si bien no asola las cuentas públicas españolas, no deja de ser  un mal ejemplo para imponer la contención del gasto a la que estamos llamados.

Sin embargo, hay una línea que parece nadie quiere saltarse, si fuera necesario, ahora que comienza a parecer que lo va a ser: la de reducción de las prestaciones públicas, especialmente si hablamos de sanidad y educación. Las prestaciones públicas, nos gusten o no, tienen un límite como todo lo que nos gustaría consumir en esta vida: la de los ingresos. Es cierto, que hay otros gastos que reducir o eliminar de manera previa, como ocurre en las familias: antes dejamos de pagar la cuota del gimnasio que la póliza de asistencia dental, pero llegado el caso, y para poder seguir pagando la hipoteca o el alquiler, también dejamos de pagar dicha póliza.

La percepción de la realidad

Hay claramente un problema de percepción de la realidad cuando afirmamos que hay bienes o servicios irrenunciables. No voy, sin embargo, a entrar en esta discusión sino en otra de carácter más jurídico, y que me perdonen los que saben de esto. En ningún sitio dice la Constitución Española de 1978 que la sanidad y la educación deben ser provistas por el Estado. Lo único que dice es que deben ser aseguradas en unos mínimos. Las finanzas públicas estarían mucho mejor de lo que están si el mandato constitucional se hubiera respetado, en lugar de hacer una interpretación amplísima del mismo. A nadie se nos oculta que no es razonable que se pierda talento por falta de medios y que todos somos beneficiarios, además del talentoso, de una buena instrucción de los individuos que la merecen y aprovechan.

No voy a debatir sobre las condiciones de acceso a la educación gratuita para dichos individuos, porque es materia que requiere mucho más espacio que este. Sin embargo, insisto que el Estado y la Comunidades Autónomas se habrían ahorrado mucho dinero y, sobre todo, mucho desgaste, si en lugar de erigirse en proveedores de la educación hubieran dejado ésta en manos de la iniciativa privada y luego hubieran pagado la de los que no teniendo medios, eran acreedores de ella. Sin embargo, no lo han hecho así por diversos motivos: uno es el poder que adquiere todo el que gasta (y que en este caso se ha arrebatado a los ciudadanos en forma de impuestos para sufragarla), otra es el adoctrinamiento ideológico (otra forma de adquisición de poder más peligroso aún) que tantos rifirrafes político-jurídicos nos genera.

Otra cuestión más escabrosa es el gasto sanitario, que también se ha transformado en una máquina de control político vía poder de compra en favor del Estado, en lugar de sus ciudadanos, y de demagogia.  La prestación de muchos servicios sanitarios bien podría realizarse, sin problema alguno, por el sector privado como modo de alcanzar la tan cacareada racionalidad .Pero no quería hablarles de esto, sino sólo sugerirles la idea de que sólo podemos tener lo que nos podemos costear y mucho de lo que disfrutamos no lo hemos pagado nosotros, sino que nos lo han pagado otros: los acreedores de nuestro Estado y de nuestras Comunidades Autónomas. Podemos seguir pensando que son servicios irrenunciables, aunque hace unos años no los disfrutábamos, como el teléfono móvil, y nuestra vida, más pobre, no dejaba por ello de parecernos digna de ser vivida.

Limitaciones constitucionales

En este sentido, las limitaciones constitucionales al déficit no son suficientes para alcanzar los objetivos deseados, aunque no dejan de ser una primera buena medida. No lo son, porque las limitaciones al déficit no lo son al gasto, sino sólo a la emisión de deuda. Me explico: si el objetivo es el déficit cero, el Estado nos impondrá impuestos que igualen el gasto, pero nada más. No cabe duda, insisto, en que esto mejorará la vida política porque el político habrá que enfrentarse a electorados a los que nunca gusta pagar aunque consuman. La limitación que hay que ponerle al Estado, para que deje de ser una criatura en constante expansión, con el consiguiente riesgo sistémico, es la de los ingresos: es decir hay que limitarle el volumen de recursos que puede detraer del sector público para atender sus obligaciones y, a partir de ahí, que se administre como hacemos usted y yo con los nuestros.

ruben@mansolivar.com

Autor

Rubén Manso

Para la mayoría de los españoles mi itinerario profesional sólo demuestra que he perdido la cordura. Comencé mi actividad en la Administración  Pública (Banco de España), continué como empleado por cuenta ajena (dedicado a la banca y la gestión de activos) y he terminado dirigiendo mi propio despacho profesional (básicamente sobre regulación financiera) y siempre al fondo, como una dedicación menor en horas y mayor en pasión: la Universidad. No sé si es que no me gustan los jefes o es que creo que yo soy el mejor jefe del mundo. En cualquier caso, me he elegido para dirigir mi vida profesional mientras la otra la dirige mi mujer. Pero es que ella, sin lugar a dudas, es la mejor jefa del mundo.

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Top 3 Comentarios más votados

  • #4 sevenup

    Estimado Sr. Manso. Lo primero felicitarle por su, uno mas, magnífico...

  • #5 RubenManso

    Por alusiones y por orden, aunque lo primero que quiero es agradecerles sus...

  • #1 trastor

    Profesor, Ud. y Rallo son un remanso de paz después de leer al Sr. Laborda y a...