El portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, dijo el miércoles que es partidario de crear un grupo de trabajo en el seno de la Comisión de Empleo del Congreso de los Diputados para negociar con los otros grupos posibles cambios en la reforma laboral. Pero desde el Gobierno no lo tienen tan claro. Fuentes consultadas por Vozpópuli aseguran que el Ejecutivo no pretende pactar con el Partido Socialista ni Ciudadanos modificaciones de la normativa al margen de los empresarios y sindicatos.
“No tiene sentido hacerlo en el Congreso”, sostienen las fuentes, que reconocen que habrá diálogo parlamentario al mismo tiempo que con los agentes sociales, aunque tienen claro quiénes tienen que ser sus nuevos aliados: los representantes de los empresarios y de los trabajadores. Ya se saltaron el diálogo con la subida del Salario Mínimo y no quieren caer en el mismo error. Por eso, la ministra de Empleo, Fátima Báñez, se reunió hace unos días con ellos y pactó un calendario de negociación.
Ahora esta es la premisa oficial, pero las cosas fueron muy distintas en 2012, cuando el Gobierno obvió a los agentes sociales a la hora de sacar adelante la reforma, lo que le costó la sexta huelga general de la historia de España. Pero lo cierto es que el escenario ha cambiado desde entonces. En 2012 el Partido Popular gobernaba con mayoría absoluta y Bruselas exigía cambios duros para evitar un posible rescate. Ahora el Gobierno está en minoría y necesita al resto de formaciones para garantizar la estabilidad, lo que, en cierto sentido, obliga también a mantener la paz social.
De hecho, el Gobierno y los agentes sociales han acordado ya la apertura de tres mesas de negociación a partir de enero para llegar a acuerdos sobre el empleo y la calidad del mismo, los parados de larga duración y la reforma de la ley de mutuas. Las mesas empezarán a trabajar las próximas semanas y podrán impulsar cambios en la reforma laboral y el estatuto de los trabajadores, pero siempre que haya acuerdo entre los agentes sociales.
EL Gobierno está dispuesto a hacer algunos cambios si hay acuerdo, pero no quiere hablar de derogar la reforma
Eso sí, solo algunos cambios. El Gobierno no quiere oír hablar de derogación, a pesar de que el PSOE sigue empeñado. La reforma, tal y como han dicho en muchas ocasiones, ha evitado la destrucción de millones de empleos y es la razón por la que hoy España crece y crea más puestos de trabajo que otros países vecinos. No hay que hablar de derogar, sino de cambios que puedan mejorar lo que ya se ha hecho hasta ahora.
Pero el principal partido de la oposición no está por la labor. Este mismo miércoles el portavoz de Empleo del PSOE en el Congreso, Rafael Simancas, dijo que el PSOE se mantendrá firme en su voluntad de derogar la reforma laboral. Y, de hecho, hará todo lo posible en el próximo periodo de sesiones para presentar iniciativas que sustituyan las normas precarizadoras del PP por otras que den estabilidad laboral y mejores salarios.
Lo cierto es que el PP está bastante solo en esta batalla. Hace unas semanas el Congreso aprobó la proposición no de Ley del PSOE en la que se pedía la derogación de algunos de los aspectos de la reforma, como la supremacía de los convenios de empresa sobre los sectoriales o la falta de causalidad de los contratos temporales y a tiempo parcial. La iniciativa salió adelante gracias al apoyo de Unidos Podemos, ERC, Compromís y el PNV. Ciudadanos se abstuvo y el PP, como era de esperar, votó en contra.
Los sindicatos trabajarán para cambiar la reforma, pero se seguirán movilizando si el PP no se abre al diálogo
Y los sindicatos también llevan tiempo pidiendo la derogación de la reforma, pero están dispuestos a trabajar siempre que el Partido Popular ofrezca una negociación real. Ya salieron a la calle el pasado 18 de diciembre a protestar por la nula voluntad del diálogo social y amenazaron con volver a hacerlo si el clima de la negociación no cambia. “Si el gobierno pone límites al diálogo social, las movilizaciones serán inevitables”, dijo hace solo unos días el líder de Comisiones Obreras, Ignacio Fernández Toxo.
Y esto incluye el blindaje que quiere hacer el Gobierno de sus reformas. Los sindicatos están dispuestos a renunciar a la derogación de la normativa, pero siempre que se pueda modificar de forma amplia a partir del acuerdo con los agentes sociales y evitando que se repita el episodio del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Es decir, que el PP y el PSOE lleguen a pactos en privado sin ni siquiera informar a los representantes de los trabajadores, como ocurrió hace solo unas semanas.
