La oleada de intentos de remunicipalización de servicios públicos en algunos ayuntamientos próximos a Podemos es una de las consecuencias que ha tenido la durante muchos años corrupción que ha habido en los servicios públicos. "También el despilfarro", recuerda Pascual Sala, expresidente del Tribunal Supremo, del Tribunal Constitucional y también del Consejo General del Poder Judicial, quien insiste en que el sistema de colaboración público-privada es algo con funcionamiento probado desde el siglo XIX.
Sala ha participado, junto con otros autores como Francisco Caamaño, en la redacción del libro 'Servicios públicos e ideología', un texto de carácter muy técnico donde se explican los riesgos de realizar 'rescates' de servicios públicos de forma arbitraria, y que podrían acabar incluso con la cárcel. "No vale solo con decir quiero rescatar el servicio porque lo digo yo, porque es mejor, sino cumplir con una serie de condiciones que exige el ordenamiento jurídico, lo cual es lógico y pasa en cualquier lugar civilizado, donde no se pueden tomar decisiones de forma unilateral y que sean inatacables".
"Una administración pública no abdica de su responsabilidad cuando delega la prestación de un servicio", dice Sala, de 82 años, quien defiende que los pliegos de condiciones de las administraciones deben ser "específicos para cada servicio público, en ningún caso abstracto", ya que si no lo hace la administración están incumpliendo con sus obligaciones.
Municipalizaciones
Estos mensajes de Sala se encuadran en el momento en que algunas administraciones locales, lideradas por Manuela Carmena en Madrid y por Ada Colau en Barcelona, aunque también en otros ayuntamientos 'del cambio' como Valencia o Zaragoza, están llevando a cabo intentos de remunicipalización de servicios públicos que han sido gestionados durante un tiempo por la empresa privada.
