El miércoles se cumplen cuatro años del fin de la amnistía fiscal, una de las medidas que puso en marcha el Gobierno de Mariano Rajoy al poco de llegar al poder en la anterior legislatura y que sigue sacando los colores al ministro de Hacienda y Función Públicas, Cristóbal Montoro. “¿Se creen que a mí me gusta tomar una medida así?”, ha preguntado en muchísimas ocasiones el máximo responsable de la fiscalidad en España, la última de ellas esta misma semana en el Congreso de los Diputados cuando fue interpelado por Ciudadanos sobre este tema.
El Gobierno de Rajoy aprobó la amnistía en marzo de 2012, tras encontrarse un déficit desbocado al llegar a La Moncloa. El anterior gobierno, dirigido por José Luis Rodríguez Zapatero, dejó teóricamente el déficit público en el 6%, pero lo cierto es que acabó por encima del 9%, un nivel mucho más elevado a lo previsto que llevó al Ejecutivo a tomar toda una serie de medidas para ajustar las cuentas. De ahí, que Montoro echara siempre la culpa al PSOE cuando aprobaba medidas tan impopulares como la amnistía fiscal.
El indulto operó entre el 1 de abril y el 30 de noviembre, ocho meses en los defraudadores tuvieron la posibilidad de regularizar los bienes que ocultaban a Hacienda pagando solamente el 10% del total, un tipo muy atractivo teniendo en cuenta los impuestos que generalmente pagan los ciudadanos a Hacienda. Con esta medida el Gobierno esperaba recaudar unos 2.500 millones euros y reducir algo el gran desfase de las cuentas.
EL Gobierno tuvo que rebajar las condiciones de la amnistía en el último mes por la falta de éxito entre los ciudadanos
Sin embargo, la medida no acababa de seducir a los ciudadanos. Se dice que en los primeros meses apenas 10 de personas se habían acogido al indulto. Por eso el ministro optó por dulcificarla un poco antes de iniciar una fuerte campaña por los despachos y las grandes asesorías del país para conseguir más adeptos. Y en parte funcionó. Finalmente, unas más de 31.000 personas físicas y jurídicas se acogieron a la amnistía y regularizaron unos 40.000 millones de euros.
Eso sí, Hacienda solo recaudó 1.200 millones, la mitad de lo previsto. ¿Por qué? Por esa dulcificación que hizo el ministro para garantizar el éxito de la medida. Inicialmente Hacienda reclamaba a los defraudadores el 10% de los bienes que fueran a aflorar, pero al final exigió solo el 10% de lo que pertenecía a los ejercicios no prescritos en aquel momento (2008, 2009 y 2010). Esto provocó que los amnistiados pagaran de media un 3% por todo el dinero aflorado. También permitió regularizar dinero en efectivo, una medida muy criticada y polémica porque es un tipo de dinero difícil de rastrear, que abre la puerta al blanqueo de capitales.
Hay o no prescripción
Precisamente esta rebaja de las condiciones de la amnistía es lo que ha generado mucha polémica en los últimos tiempos. Ciudadanos, que parece que será uno de los grandes aliados del PP en esta legislatura, reclama a Montoro que exija a los amnistiados que paguen más por lo que declararon. Tal y como ellos sostienen, el Gobierno podría pedir más dinero antes del 30 noviembre, que es precisamente cuando se cumplen 4 años de la amnistía. A partir de ahí, las declaraciones habrán prescrito.
Sin embargo, no todos comparten el criterio de Ciudadanos. Los técnicos de Hacienda y los asesores fiscales aseguran que la fecha del 30 de noviembre no es relevante porque la amnistía, al ser una declaración especial, no tiene fecha de prescripción. Además, los años a los que pertenecían los bienes declarados (hasta 2010) sí han prescrito y la normativa actual no permite actuar sobre ejercicios prescritos. “Sería inconstitucional”, avisan.
Hacienda envió esta semana una carta informativa a los amnistiados, pero en ningún momento reclamó más dinero del que ya pagaron
Montoro, aunque juega un poco con las palabras y no es del todo claro, está más en esta línea y asegura una y otra vez públicamente que no hay prescripción. Sin embargo, para contener a Ciudadanos, partido al que necesita para sacar adelante otros cambios normativos, decidió enviar esta semana una carta a los amnistiados para avisar de que cualquier investigación que esté actualmente en marcha y que afecte a la amnistía, seguirá adelante.
La carta es solo un gesto del ministro porque en la práctica es una comunicación informativa en la que en ningún caso se exige a los amnistiados que paguen más de lo que pagaron en su día. Ciudadanos quería que se enviara una notificación con acuse de recibo, pero el ministro no ha querido ir tan lejos. Esto, según los técnicos, refleja que el ministro no tiene ninguna de intención de reclamar más dinero y meterse en un lío de semejante calado.
En cualquier caso, la amnistía cumple la semana que viene los cuatro años, justo al inicio de otra legislatura también marcada por la necesidad de cuadrar las cuentas, pero es prácticamente imposible que el ministro vuelva a caer en una medida de este tipo para conseguir dinero rápido. Durante estos cuatro años las críticas han sido duras y la recaudación apenas ha llegado al 1% del PIB. Lo más probable es que Montoro mire más a los impuestos para cumplir el déficit.
