El proceso de reforma de la estiba, que el Gobierno no termina de sacar adelante, está teniendo mientras tanto funestas consecuencias para los puertos españoles, especialmente para los mayores por volumen de tráfico. El mes de marzo, para el que los estibadores programaron un calendario de paros laborales que finalmente no se llevaron a cabo, ha sido especialmente delicado para Algeciras, que ha visto como su tráfico se desplomó un 15% respecto al mismo mes de 2016.
Marzo fue un mes especialmente problemático para la actividad portuaria en España, como prueba el hecho de que el tráfico total de estas infraestructuras en el país descendió un 2,1% respecto al mismo mes del año anterior. Algo que no había sucedido en los dos meses anteriores del actual ejercicio, que está marcado por la tensión derivada de la reforma del sistema de la estiba.
Sin duda, el comportamiento del puerto de Algeciras fue determinante para que la estadística de tráfico portuario se haya torcido. En el primer puerto de España llueve sobre mojado porque ya ha registrado dos meses consecutivos con descensos de dos dígitos. En febrero, el tráfico en Algeciras cayó más de un 11%. En aquel mes, el consejo de ministros aprobó el Real Decreto Ley que liberalizaba la estiba para cumplir con la sentencia condenatoria del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y que posteriormente sería derogado al rechazarse su convalidación en el Parlamento.
Ese rechazo se produjo ya en marzo, un mes especialmente tenso, plagado de reuniones entre la patronal, los sindicatos y el Gobierno (que salió de las mismas y volvió a entrar cuando comprobó que el asunto se le iba de las manos) y convocatorias de huelgas que sembraron el pánico entre las navieras, aunque fueron finalmente eliminadas. En marzo, el tráfico en Algeciras cayó aún más que el mes anterior y ya presenta un balance más que preocupante en el acumulado del primer trimestre, con descensos superiores al 8%.
Valencia pierde un 3% desde enero
Si se tiene en cuenta que Algeciras supone casi el 20% del tráfico total en España, no es de extrañar que las cifras totales de los puertos se hayan resentido al cierre del primer trimestre. Es cierto que el acumulado sigue siendo positivo respecto a los tres primeros meses de 2016 (con un crecimiento del 2%) pero en marzo ya afloró una pequeña pérdida de tráfico que no se había visto ni siquiera en el complicado febrero.
La situación también es complicada en Valencia, el segundo puerto del país por volumen de tráfico. El acumulado del primer trimestre registra un descenso del 3%, con fuertes presiones de los puertos competidores en el Mediterráneo (especialmente los italianos y malteses). En marzo, Valencia se comportó notablemente mejor que Algeciras y apenas registró un descenso del 0,5%. Sin embargo, no es suficiente para compensar el descenso del 16% registrado en febrero, mes en el que el puerto levantino fue especialmente castigado.
Estas cifras contrastan con las registradas en enero, cuando todos los balances mostraban reflejaban incrementos de tráficos en relación con un 2016 de récord histórico. En aquellos momentos, las negociaciones en torno al futuro de la estiba no habían saltado a la palestra, aunque el problema está latente desde finales de 2014, fecha de la primera sentencia de los tribunales europeos.
Incertidumbre a la espera de la reforma
Pese a que la situación actual es menos tensa, la incertidumbre sigue en torno a los puertos toda vez que el problema de la estiba no se ha resuelto. El Gobierno trabaja a marchas forzadas en un nuevo Decreto del que dependerá otro en el que se recoja la propuesta del mediador que trató de que las partes llegaran a un acuerdo para establecer un marco laboral para afrontar la reforma.
Un acuerdo que fue aceptado por el Gobierno pero no por la patronal y los sindicatos, cuya propuesta en conjunto no cuenta con el apoyo del Ejecutivo. El Ministerio de Fomento se ha comprometido a remitir el texto normativo a las partes con el fin de lograr un Decreto lo más consensuado posible y evitar que vuelva a ser tumbado en el Congreso.
El tiempo corre en contra del Gobierno, que antes de Semana Santa ya recibió el aviso del Tribunal europeo sobre la inminencia de un segundo fallo (por no haber ejecutado el primero) que condenaría al Estado a pagar una multa de más de 23 millones de euros, latente hasta que no se emita esta segunda sentencia, y de 134.000 euros diarios a partir de este fallo y hasta que se ejecute la reforma.
