El principio de acuerdo alcanzado este jueves entre la patronal y los sindicatos de la estiba llevará la calma a los puertos españoles aunque no se sabe por cuánto tiempo. La situación de Anesco, en pleno proceso de descomposición por la progresiva pérdida de empresas asociadas y la división entre las que permanecen, ha sido crucial para lograr un pacto sustentado por los acuerdos alcanzados de forma individual por los sindicatos y buena parte de las empresas que operan los puertos y que éstas admiten en privado haber firmado bajo coacción. El escenario que plantea el acuerdo avalado por la propia Anesco supone un incremento de costes en el entorno del 25% para las empresas. Una situación ante la que es improbable que las compañías se queden con los brazos cruzados.
De ahí que la paz, bendecida este jueves por el Ministerio de Fomento en un comunicado, no tenga garantía de ser duradera. La reforma de la estiba, pendiente desde que en diciembre de 2014 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) condenara al Estado por entender que el sistema atentaba contra el principio de libertad de establecimiento, se aceleró precisamente cuando los sindicatos comenzaron a preparar el terreno con vistas a que el obligado cambio de normativa no afectara a un sistema cuasi monopolístico.
Los pasos dados por los representantes de los trabajadores se encaminaron a pactar de forma individual con las empresas para que éstas les aseguraran que iban a subrogarse los trabajadores, una vez que la reforma acabara con las sociedades que tenían el monopolio de proporcionar estibadores a los operadores portuarios. Por entonces, a comienzos de años, numerosas empresas denunciaron ante Anesco que estaban siendo coaccionadas por los sindicatos para firmar. Aquéllas que no lo hacían comenzaban a padecer una considerable bajada de rendimientos.
A punto de rendirse, Anesco recibió una llamada de auxilio por parte del Gobierno, que ultimaba con Bruselas los últimos flecos del Real Decreto-Ley que reformaba el sistema y permitía al Reino de España acatar la sentencia del TJUE, cuyo incumplimiento ya había sido denunciado por la propia Comisión. La aprobación de la reforma eliminaba, en teoría, cualquier posibilidad de torcer voluntades. Los sindicatos tendrían que cumplirla y las compañías serían libres de acudir al mercado en busca de nuevos trabajadores. A precios más competitivos. Es decir, más baratos.
Sin embargo, no todo sería tan sencillo. En primer lugar, el Gobierno no fue capaz de convalidar la reforma en el Parlamento a la primera. La ocasión fue aprovechada por los sindicatos para hacerse fuertes y plantear que la reforma tenía que ir acompañada de la subrogación de trabajadores por parte de las empresas. Esta circunstancia cambia el escenario. Si las compañías se subrogan los trabajadores, tendrían que asumir los pasivos laborales a la hora de prescindir de ellos y contratar nuevos estibadores con salarios más competitivos. Además de que el espíritu de la reforma quedaría totalmente neutralizado, los costes se dispararían.
El Gobierno logró finalmente sacar adelante la reforma en el Parlamento pero las negociaciones entre patronal y sindicatos fueron de mal en peor hasta desembocar en las huelgas de este mes de junio, que han ocasionado pérdidas superiores a los 150 millones de euros en los puertos. Una circunstancia que desencadenó la definitiva ruptura de Anesco, lo que fue aprovechado por los sindicatos para volver a su estrategia de comienzos de año: negociar empresa por empresa y que los trabajadores dejaran de secundar la huelga en aquéllas que firmaban la subrogación.
Con el terreno allanado y la patronal debilitada al máximo, el acuerdo de este jueves estaba a tiro hecho. Otra cosa será que traiga consigo la paz. Las empresas se han encargado de recordar que no sería la primera vez que un acuerdo entre sindicatos y patronal es denunciado por no ajustarse a la Ley. Sus invocaciones a lobbies y patronales europeas ya van camino de Bruselas. Del recorrido de vuelta dependerá que la paz sea más o menos duradera.
