El Pacto de Toledo arranca este martes sus trabajos para la esperada reforma de pensiones. La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, será la primera en desfilar por una Comisión que pretende trabajar a contrarreloj para plantear nuevas recomendaciones al Gobierno en primavera. Y mientras los expertos calientan el debate. El último ha sido el catedrático Santos Ruesga, uno de los expertos que ha participado en los grupos de trabajo previos a la última reforma y que previsiblemente pasará por el Congreso para dar su opinión. Ruesga ha enviado un mensaje muy claro: las pensiones bajarán un 40% de aquí al año 2050 si no se mejoran los ingresos.
¿Por qué esta rebaja tan fuerte? El gasto actual de las pensiones ronda el 10,4% del PIB y, en la memoria económica que se presentó junto a la reforma del año 2013, el Gobierno de Mariano Rajoy planteó que esta variable se mantendría en el entorno del 10% en el año 2050. Teniendo en cuenta que el número de jubilados va a aumentar considerablemente y que se va a reducir la fuerza laboral, hará falta una rebaja fuerte de las prestaciones para mantener ese nivel de gasto. Y es que las previsiones demográficas son demoledoras para el sistema. El INE estima que el porcentaje de población de 65 años y más, que actualmente se sitúa en el 18,7%, alcanzará el 25,6% en 2031 y el 34,6% en 2066.
Además, las pensiones del futuro serán cada vez más elevadas y la natalidad seguirá sin remontar. Es decir, más pensiones, más altas y menos fuerza laboral para financiarlas. Pero, para Sesgo, el problema no es solo demográfico. Además del difícil panorama que dibuja el envejecimiento de la población, el sistema sufre un problema económico que también le está pasando factura: el tipo de crecimiento que está generando España, que influye mucho en la calidad del empleo, la productividad y el nivel de salarios, variables fundamentales para las cotizaciones de las que se nutre el sistema de pensiones.
Las dos últimas reformas se centraron en recortar los gastos y garantizan el descenso de las prestaciones en el largo plazo
Gran parte de la rebaja de las prestaciones ya está asegurada con las últimas reformas, que se concentraron en recortar el gasto del sistema sin intentar mejorar los ingresos. La primera, fundamentalmente, elevó la edad legal de jubilación y alargó el periodo de cálculo que se utiliza para calcular la prestación. La segunda se centró en la creación de una nueva fórmula de revalorización que desvinculaba las pensiones del IPC y en el desarrollo del factor de sostenibilidad, que introduce un nuevo factor para calcular la pensión: el aumento de la esperanza de vida.
Todas estas reformas harán que las prestaciones bajen mucho si no se hace nada para evitarlo. Un 40%, según Ruesga. Y así, la tasa de sustitución de las pensiones (la cantidad de pensión que se cobra en comparación con el último salario), que actualmente ronda el 80%, también lo hará. Según el catedrático, esta tasa de sustitución es mucho menor si se atiende al sueldo medio (unos 2.000 euros) y la pensión media (unos 1.000 euros). De hecho, se queda en el 50%. Y tras las reformas, se quedará por debajo del 30%
En este contexto, Ruesga está convencido de que las propuestas del Pacto de Toledo y la reforma del Gobierno tienen que ir por la vía de los ingresos para evitar que las prestaciones bajen tanto. Además, hay que actuar por los ingresos porque la presión fiscal española es baja en comparación con la de otros países, igual que lo es el gasto en general y el gasto en pensiones en particular. “Hay margen para avanzar en mecanismos de recaudación que permitan acercarse al equilibrio en el año 2050”, ha dicho en unas jornadas sobre pensiones organizadas por la Embajada de Francia en España.
El Gobierno quiere apostar por más incentivos para prolongar la vida laboral
En las jornadas también ha participado el secretario de Estado de Seguridad Social, Tomás Burgos, que, por el contrario, ha defendido la necesidad de seguir apostando por desarrollar más los incentivos a la prolongación de la vida laboral. Además, ha defendido con rotundidad las reformas que se han hecho hasta ahora al asegurar que hay que profundizar y respetar las “medidas del pasado”, seguir racionalizando el gasto, mejorando los ingresos y luchar contra el empleo irregular. "Aunque queda mucho por hacer, las reformas que se han hecho en los últimos años han sido positivas", ha indicado.
El economista y demógrafo Gérard-François Dumont ha centrado su intervención en la necesidad de impulsar las políticas familiares para mejorar la natalidad en España. A su parecer, algunos países creen erróneamente que estas medidas no tienen efectos en los sistemas de pensiones, pero en Francia están funcionando muy bien y están haciendo que el país tenga una de las mejores tasas de natalidad del mundo. “No solo hay que pensar en las políticas económicas y financieras”, ha dicho.
Valeriano Gómez dice que la calidad del empleo está impidiendo que se recuperen los ingresos del sistema
El que fuera ministro de Trabajo en el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, Valeriano Gómez, ha denunciado el efecto que está generando el empleo de baja calidad en el sistema, que está provocando que los ingresos sigan 5.000 millones por debajo de los que había en 2011, a pesar de que ya hay más afiliados al sistema. "El empleo no está siendo suficiente”, ha dicho, tras denunciar que la devaluación salarial es uno de los grandes problemas del agujero en estos momentos.
En cambio, José Ignacio Echániz, portavoz ‘popular’ en la Comisión de Empleo, ha centrado su intervención en la necesidad de seguir apostando por el empleo, como lo está haciendo el Gobierno, porque es la mejor medida para garantizar la sostenibilidad de las pensiones en el futuro, mientras que María del Carmen Barrera (UGT) ha denunciado la precariedad del modelo de empleo del PP y ha pedido más calidad y más impuestos para financiar el sistema.
En lo que coinciden todos es en que el Pacto de Toledo tiene que trabajar sin descanso para poder presentar unas recomendaciones consensuadas entre todos los partidos y los agentes sociales y económicos. La reforma de pensiones no puede esperar, y el Gobierno tiene que ponerse a trabajar cuanto antes en ella. Y si lo hace sobre unas recomendaciones que cuenten con el visto bueno de todos, el trabajo será más sencillo y más rápido. Eso sí, lo del consenso no será sencillo.
