Las relaciones entre la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMC) y José Manuel Soria nunca fueron buenas, como tampoco lo son con su sucesor, Álvaro Nadal. Hace unas semanas, el Consejo de Ministros aprobó un Real Decreto que desarrollaba la estructura del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital y arrebataba al 'súper-regulador' varias competencias sobre energía y telecomunicaciones. Esta nueva norma ha recrudecido la tensión entre su presidente, José María Marín Quemada, y Nadal, hasta el punto que no se descarta que el asunto acabe en manos del Tribunal Supremo.
El origen de este asunto se encuentra en 2013, cuando la CNMC asumió temporalmente una serie de competencias sobre energía que, por ley, le correspondían al Ejecutivo. El pasado 13 de octubre, Moncloa dio el visto bueno a un decreto que devolvía al Ministerio de Nadal varias funciones sobre energía y telecomunicaciones, lo que ha incrementado la fractura existente entre las dos instituciones.
Según publicó recientemente 'La Información', la CNMC envió hace unos días un requerimiento a este departamento ministerial en el que solicitaba la nulidad del Real Decreto. Dentro del organismo, se considera que es el paso previo a la interposición de un contencioso ante el Tribunal Supremo, en el caso de que el Ejecutivo no dé marcha atrás. No obstante, de momento el asunto no se ha sometido a consideración del Pleno, han explicado a Vozpópuli fuentes internas.
La realidad es que actualmente dista todo un mundo entre ambas partes. Fuentes gubernamentales inciden en que la norma aprobada el pasado 13 de octubre cumple con la legislación vigente de consumo energético interno y que, por tanto, cualquier recurso ante la justicia estaría injustificado. En la CNMC opinan lo contrario y recuerdan que dichas leyes vulneran supuestamente dos directivas europeas (Directiva 2009/72/CE y Directiva 2009/73/CE), lo que motivó que, en 2016, la Comisión Europea abriera un procedimiento de infracción contra España por no ceder al regulador determinadas competencias sobre la electricidad y el gas.
Muchos millones en juego
En juego se encuentran 18.000 de los más de 30.000 millones de euros que mueve anualmente el sistema eléctrico, que están repartidos entre la parte fija (potencia) y la parte variable (energía) de la factura de la luz. De esta cantidad, la CNMC se encarga principalmente de la correspondiente a los peajes eléctricos, que asciende a alrededor de 8.000 millones de euros. El ministerio gestiona el resto, que incluye todos los cargos que aparecen en el recibo de la luz y que se corresponden con la política energética (primas a las renovables, deuda, etc.). En total, ascienden a más de 10.000 millones.
En la distribución de estas partidas monetarias tienen competencias tanto la CNMC como el Ministerio, aunque el nuevo Real Decreto arrebatará al regulador algunas de ellas.
En virtud de su contenido, la Secretaría de Estado de Energía asumirá las inspecciones y liquidaciones del sector eléctrico, así como la supervisión del sector de hidrocarburos líquidos y el control del sistema de certificados de biocombustibles.
Este departamento ministerial se ocupará a partir de ahora de “la elaboración de propuestas sobre regulación” y, en su caso, de la “aprobación de tarifas, precios de productos energéticos y peajes, cánones, cargos, así como la retribución de las actividades llevadas a cabo en el marco del sector energético”. También del “control, inspección y sanción en materia energética”, así como a la inspección de las instalaciones eléctricas, que a partir de ahora correrá a cargo del Ejecutivo.
El ministerio encabezado por Álvaro Nadal asumirá las funciones relativas a la “organización y el funcionamiento de los mercados de electricidad y gas”, que dos reglamentos europeos aprobados en 2015 y 2016 asignan a la CNMC.
Pura practicidad
Dentro del regulador, existe la opinión mayoritaria de que estas competencias deben permanecer en su seno, tanto porque así lo dictan las directivas europeas citadas anteriormente, como por pura practicidad "No tiene sentido que se trasladen al Ministerio cuando aquí existen medios para hacer este trabajo”, dice una fuente interna.
Ahora bien, fuentes gubernamentales afirman que la solución a este problema debe conllevar un diálogo entre ambas partes y nunca un enfrentamiento que puede terminar en los tribunales. En este sentido, recuerdan que el comisario Miguel Arias Cañete ya ejerció de mediador entre el Ejecutivo y la CNMC hace unos meses como consecuencia del conflicto que mantienen en materia energética.
Hay que recordar que Marín Quemada ha reclamado en varias ocasiones al Ejecutivo que otorgue al regulador el control sobre los peajes eléctricos y el espectro radioeléctrico, lo que evitaría, entre otras cosas, que las decisiones políticas afecten a la factura de la luz y a la concesión de frecuencias a compañías de telecomunicaciones y televisiones privadas.
