La inquietud se ha instalado una vez en el entorno de la operación Chamartín. Una vez desatascada la negociación política, con el principio de acuerdo alcanzado poco antes del pasado verano entre el Ayuntamiento de Madrid, el Ministerio de Fomento y Distrito Castellana Norte (DCN), la promotora del desarrollo, el problema llega ahora por la tramitación que está llevando a cabo el Consistorio para aprobar el nuevo plan urbanístico que posibilite el inicio de las obras. La redacción de un arduo y complejo plan avanza a ritmo parsimonioso, lo que hará prácticamente imposible que esté listo para finales de enero, fecha fijada por las partes implicadas como referencia para que comenzara el complejo trámite burocrático que debe llevar a la aprobación definitiva.
Este plazo se hizo público precisamente el día en que se presentó en sociedad el acuerdo entre las administraciones y DCN con el que dejaban aparcadas sus diferencias y se comprometían a sacar adelante un nuevo plan, negociado a lo largo de casi ocho meses. Por entonces, a finales del pasado julio, se fijó finales de enero como plazo límite para tener lista la modificación del plan con el fin de llevarlo al pleno del Ayuntamiento de Madrid y obtener la aprobación parcial, el primero de los trámites.
El objetivo no era otro que tener lista toda la tramitación burocrática antes de que se celebren las próximas elecciones municipales y autonómicas, toda vez que un cambio en la corporación municipal podría complicar, una vez más, el desarrollo del norte de Madrid, que lleva pendiente cerca de 25 años.
Aunque la cita electoral será en mayo de 2019, el tiempo apremia para la meta de sacar adelante el desarrollo antes esa fecha. A la aprobación provisional seguirá un largo periodo de consulta pública tras el que el Ayuntamiento deberá responder a todas y cada una de las alegaciones e incorporar al plan aquéllas que considere oportunas. El documento resultante tendrá que volver a pasar por el pleno del Consistorio para su aprobación definitiva y, posteriormente, someterse al criterio de la Comunidad de Madrid, la Administración que tiene la última palabra en este proceso.
Apoyo arriba pero no abajo
El complicado recorrido burocrático pone de manifiesto que no hay tiempo que perder, especialmente cuando se trata de un plan cuyo volumen cuenta con varias decenas de miles de folios. Sin embargo, el ritmo al que avanza la tramitación no invita a pensar que se cumplirá con los plazos sino, más bien, todo lo contrario.
Fuentes próximas al proceso aseguran que el compromiso de la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, con la operación es total. También del delegado del área de Desarrollo Urbano Sostenible, José Manuel Calvo, que dejó a un lado las críticas que durante mucho tiempo vertió contra el desarrollo. Pero el apoyo no termina de calar en los niveles inferiores, que tampoco cuentan con los recursos que precisa elaborar un plan de este volumen.
El hecho de que sea el Ayuntamiento de Madrid el que se esté ocupando del plan es, precisamente, la derivada de uno de los logros más valorados por la corporación municipal en las negociaciones que mantuvo con Fomento y DCN: que Madrid Nuevo Norte dejara de ser de iniciativa privada y pasara a ser de iniciativa pública, lo que dejaba al Ayuntamiento potestad para marcar los tiempos del desarrollo así como el orden de los diferentes hitos y, por supuesto, la redacción del nuevo plan.
Así pues, este paso también se ve marcado por el ritmo de trabajo del Ayuntamiento en esta materia, a todas luces insuficiente para cumplir con los plazos.
Dudas con la Comunidad de Madrid
Las alarmas han terminado de saltar en el entorno de la tradicionalmente conocida como operación Chamartín cuando el propio José Manuel Calvo ha manifestado que la aprobación parcial del nuevo plan será un hecho a lo largo del primer trimestre del año. Un periodo que finaliza el 31 de marzo, fecha que no garantizaría en absoluto que todos los trámites estuvieran listos antes de que se celebraran las elecciones municipales y autonómicas.
A las partes implicadas no se les escapa que en todo el proceso negociador no ha participado la Comunidad de Madrid pese a que también es propietaria de terrenos en el ámbito de actuación de Madrid Nuevo Norte. El Gobierno que lidera Cristina Cifuentes se desmarcó de este proceso porque era partidario del plan anterior, que fue tumbado por el pleno del Ayuntamiento en mayo de 2016, e incluso mantuvo los recursos planteados ante los tribunales por la anulación, aunque recientemente los dejó en suspenso.
Cuando se produjo el acuerdo del pasado julio, la reacción del Gobierno regional fue fría, incluso con tintes críticos hacia el pacto. Todo parece indicar que la Comunidad de Madrid examinará con especial atención el plan para su definitiva aprobación. Teniendo en cuenta que se trata de un expediente complejo, no será una tramitación demasiado ágil. Otro motivo para pensar que incluso los plazos establecidos en principio se ajustan demasiado al calendario disponible. Y que cualquier retraso puede resultar directamente fatal.
