La decisión del Gobierno de retrasar la aprobación del Real Decreto Ley que pretende liberalizar el sector de la estiba ha generado un auténtico terremoto en el sector de los puertos. La medida, que lleva aparejada la desconvocatoria de la huelga convocada por los sindicatos para la próxima semana, ha terminado por colmar la paciencia de los operadores portuarios, especialmente los pequeños y medianos, que ven como los estibadores dispondrán de más tiempo para presionarles con el fin de que firmen convenios que minimizarán los efectos liberalizadores del Decreto.
Estos operadores, la mayoría de los que componen Anesco, la patronal de la estiba, denuncian la actitud de un Gobierno que, en los últimos días, les ha reiterado mensajes de calma y de apoyo ante la presión que estaban sufriendo por parte de los estibadores para que firmaran los convenios, a base de notables descensos en sus rendimientos laborales. Mientras que las empresas instaban al Ejecutivo a aprobar cuanto antes el Real Decreto Ley para iniciar el trámite parlamentario e impedir así que prosiguiera el caso, el Gobierno les insistía en que la medida llegaría lo antes posible y que no permitirían que esta situación se prolongara.
"El Gobierno nos ha abandonado, nos ha dejado tirados", denuncian fuentes próximas a las empresas, quienes no dudan en señalar que el tiempo extra que el Gobierno se ha dado para aprobar el Real Decreto es "una semana más a favor del chantaje".
"Cada día que pasaba, el efecto del Decreto perdía más fuerza. El Gobierno se comprometió a ello pero después no lo ha hecho"
Las empresas venían denunciando al Gobierno la situación de indefensión en la que se encuentran por la presión de los estibadores. "Cuando anunciaron que ultimaban el Real Decreto les advertimos de la importancia de aprobarlo cuanto antes. Cada día que pasaba, el efecto del Decreto perdía más fuerza. El Gobierno se comprometió a ello pero después no lo ha hecho".
Un Ejecutivo débil
"La debilidad que ha mostrado el Gobierno con esta decisión es extrema y nos deja totalmente abandonados a nuestra suerte", aseguran. Estas empresas consideran que las grandes son mucho más capaces de minimizar el impacto de una circunstancia como ésta porque su actividad está muy diversificada geográficamente. "La prueba es que los pocos que están resistiendo son grandes grupos”, entre los que figura Bergé (que vio cómo una de sus grúas en el Puerto de Tarragona era pasto de las llamas) y Ership.
De las 41 empresas que componen Anesco, más de una veintena han firmado ya acuerdos con los sindicatos de la estiba para que, una vez aprobada la normativa, tengan que subrogarse los trabajadores que ahora proceden de las Sagep, las sociedades que hasta ahora proporcionan empleados a las compañías estibadoras que, además, están obligadas a ser sus accionistas.
Los pequeños y medianos operadores denuncian que la mayoría de esos acuerdos se han alcanzado bajo la coacción de los sindicatos. Según las empresas, aquellas que se mostraban contrarias a firmar empezaban a registrar un descenso continuado en el rendimiento de los estibadores, lo que les situaba en una posición de inferioridad frente a otras empresas que operan en el puerto.
El Real Decreto Ley contempla la desaparición de las Sagep en un periodo de tres años, con lo que las empresas podrán acceder al libre mercado para contratar trabajadores, siempre y cuando cuenten con las capacitaciones exigidas para ser empleado en el sector. De esta forma, las compañías podrán rebajar sus costes laborales al no verse forzadas a contar con un círculo muy cerrado de trabajadores, como hasta ahora.
Evitar la sobrecapacidad laboral
La norma que pretende aprobar el Gobierno contempla que las autoridades portuarias se hagan cargo de los pasivos laborales que se dieran en los supuestos en que se despidieran estibadores actuales para contratar nuevos. Sin embargo, si las compañías acuerdan la suborgación, esa carga pasaría a ellas, lo que haría mucho más complicada y costosa la liberalización.
"Sobre todo, teniendo en cuenta que si se produce la subrogación de todos los trabajadores, los puertos contarían con una notable sobrecapacidad laboral. Haría falta que el tráfico creciera un 30% para que las empresas necesitaran contratar nuevos trabajadores", apuntan las citadas fuentes. Eso, sin contar que la progresiva implantación de nuevas tecnologías hace que cada vez sean necesarias menos personas para operar los puertos.
La decisión del Gobierno está motivada por el hecho de que carece de los apoyos necesarios para sacar adelante el Decreto en el Parlamento. A la oposición ya conocida del PSOE, que ha defendido que antes debe alcanzarse un acuerdo entre patronal y sindicatos (lo que ha generado polémica porque el portavoz del partido en la Comisión de Fomento y quien lleva la voz cantante en este asunto, Salvador de la Encina, tiene vinculaciones familiares con estibadores), se ha sumado Ciudadanos, que a última hora ha pedido al Ejecutivo que dé más tiempo a las negociaciones.
El Gobierno no puede permitirse un resbalón a la hora de tramitar la norma porque sobre el Estado pende una fuerte sanción económica de la Comisión Europea por incumplimiento de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión, que condenaba al Reino de España porque el sistema de la estiba iba contra los principios de los tratados comunitarios. Sin embargo, también corre el riesgo de que los efectos de la liberalización queden en buena parte neutralizados por los convenios.
