La OCDE ha publicado su último informe sobre España con multitud de deberes para el Gobierno español. Más reforma laboral, más cambios fiscales, una reforma de pensiones, medidas contra la pobreza y más reestructuración bancaria.Y es que, a su parecer, la recuperación está en marcha, pero sigue siendo difícil conseguir un crecimiento inclusivo. Por eso hay que seguir haciendo reformas para conseguir un crecimiento sólido y equilibrado.
Según las nuevas estimaciones del organismo, el PIB crecerá un 2,5% este año y un 2,2% el año que viene. El empleo también perderá fuerza y reducirá su crecimiento al 2,4% este año y al 1,9% el año que viene, lo que dejará la tasa de paro en el 17,5% en 2017 y en el 16,1% en 2018. Eso sí, los objetivos de déficit no se cumplirán, se quedarán en el 3,4% este año y en el 2,8% el año próximo.
Aún así hay riesgos a nivel interno y a nivel externo. Puede que el actual gobierno tenga dificultades para gobernar por estar en minoría y la ralentización del comercio mundial podría minar las exportaciones. El Brexit también podría representar otro riesgo, aunque la exposición de España es moderada.
Por eso hay que seguir con las reformas. Por ejemplo, la OCDE propone mejorar la eficiencia del sistema tributario elevando la recaudación de algunas figuras como el IVA, que tiene demasiadas exenciones y tipos reducidos poco eficaces. No es el primer organismo que pide a España esta medida, el Fondo Monetarieo Internacional (FMI) insistió en este mensaje hace solo unos meses.
Propone subir el IVA, eliminar desgravaciones del IRPF, tocar los impuestos medioambientales y volver a incrementar alcohol y tabaco
También cree que se pueden eliminar algunas exenciones del IRPF con un enfoque inadecuado, como la de inversión en vivienda habitual. El Gobierno ya limitó esta deducción al dejarla solo para los que habían comprado su casa antes de 2013, pero no con carácter retroactivo, por lo que muchos ciudadanos siguen disfrutando de ella cada año.
Igualmente, ve margen para subir los impuestos medioambientales, gravar más los combustibles, sobre todo el diésel, y para elevar un poco más la tributación por alcohol y tabaco, a pesar de que el Gobierno tocó ya estas figuras en los últimos cambios fiscales que puso en marcha. En cambio, cree que hay que reducir las cotizaciones que pagan las empresas y no ve con buenos ojos los cambios en Sociedades aprobados en diciembre.
En materia laboral, la OCDE también es partidaria de una nueva vuelta de tuerca a la reforma laboral. Cree que la temporalidad sigue siendo muy elevada en España por la diferencia que hay entre los costes del despido de contratos fijos y temporales, y propone reducir esta distancia. También sugiere aumentar la eficiencia de los servicios públicos de empleo de las CC.AA.
Tarifas planas
Lo cierto es que el organismo hace una propuesta novedosa, apuesta por convertir en definitivas las tarifas planas y destinarlas a los trabajadores de menor cualificación. Esta propuesta es novedosa porque muchos organismos económicosdefienden más bien lo contrario: eliminarlas porque retraen muchos recursos al sistema y no está claro que funcionen.
Por otro lado, pide que las prestaciones por desempleo se liguen de forma más estricta a la búsqueda de empleo y que su desaparición sea progresiva cuando el parado encuentra trabajo. Además, sugiere aumentar el volumen y alcance de los programas regionales de apoyo en materia de ingresos mínimos y ayudas para familias con hijos.
Para la reforma de las pensiones cree que hay que limitar las prestaciones de viudedad y estudiar la financiación vía impuestos
El organismo también hace referencia a la situación actual del sistema de pensiones y la necesidad de abordar reformas para garantizar su suficiencia. Se inclina por estudiar la financiación a través de impuestos, como de hecho se plantea el Gobierno, y por limitar las pensiones de viudedad. En cambio, rechaza de plano la subida de cotizaciones porque perjudircaría al empleo.
También reclama una mejora de la calidad de la enseñanza a través de la formación, un impulso a la Formación Profesional (FP), seguir con la implantación de la Ley de Unidad de Mercado, aprobar la reforma de los servicios profesionales y reasignar partidas de préstamos para I+D, entre otras cosas.
