Llega ya el 11 de septiembre, la Diada de Cataluña, la fiesta más importante de esta comunidad autónoma. Una fiesta cuyo origen conmemora la caída de Barcelona en manos de las tropas borbónicas durante la Guerra de Sucesión Española el 11 de septiembre de 1714. Pero, lo que hasta 2011 era para los catalanes su fiesta autonómica, desde 2012 la Diada se ha convertido en una exhibición de fuerza independentista. Las claves de esta radicalización de este día se remontan al Estatut y pasan por Artur Mas, la Asamblea Nacional Catalana, el 9-N y Puigdemont, hasta las recién aprobadas leyes de desconexión.
2010: El Estatut y Artur Mas
Realmente todo comenzó antes de la primera Diada multitudinaria e independentista de 2012. En julio de 2010, muchos catalanes quedaron tocados con la sentencia del Tribunal Constitucional, que limitó la aspiración “nacional” y lingüística de Cataluña que recogía el Estatuto de Autonomía de Cataluña. Recordemos: un ‘Estatut’ que se debatió en plena crisis del ‘tripartito’ catalán del entonces ‘president’ Pascual Maragall y que salió adelante tras dos años de debate parlamentario gracias al referéndum de 2006 y con José Montilla como nuevo presidente de la Generalitat.
No era la Diada, pero en julio muchos catalanes salieron después de aquella resolución bajo el lema “Somos una nación, nosotros decidimos”, con algunos carteles que ya reclamaban la independencia y con el rechazo al TC.
Ese mismo año, Artur Mas toma posesión como presidente de la Generalitat, sucediendo a Montilla. Del tripartito socialista, al gobierno de CiU, con un 'president' que en su primer debate de investidura ya hablaba de una “transición nacional” y posteriormente del “derecho a decidir” del pueblo catalán.
2012: La ANC organiza la Diada
Dos años más tarde, en 2012, una recién fundada Asamblea Nacional Catalana (ANC) organiza por primera vez la Diada del 11 de septiembre bajo el lema “Cataluña, nuevo estado de Europa”. Una ANC que incluía en sus estatutos la hoja de ruta independentista, encargada de la manifestación del Día de Cataluña, lo que le daba un tinte radicalmente diferente a las anteriores citas. La Guardia Urbana cifró en un millón y medio de personas el número de asistentes, desbordando todas las previsiones basadas en los años anteriores.
“Esta Diada marcará un antes y un después”, publicaba al término de la manifestación el diario El País, y no se equivocaba. Aquella manifestación sembró el sentimiento rupturista entre la ciudadanía. El propio Artur Mas aseguraba que ya era hora de que Cataluña tuviera estructuras de Estado.
La imposibilidad de alcanzar un pacto fiscal para Cataluña que satisficiera a Artur Mas llevó al ‘president’ a alejarse más del Gobierno central y a adelantar las elecciones autonómicas dos años, al 25 de noviembre de 2012, para ligar directamente su programa electoral al soberanismo, una jugada que salió torcida al perder CiU 12 escaños, que fueron a parar a Esquerra Republicana de Catalunya (ERC). Sin embargo, las elecciones de 2012 dieron un giro al escenario político catalán: los partidos que defendían una consulta independentista ya eran mayoría.
2013: Cataluña proclama su soberanía
2013 resulta un año muy intenso en cuanto al nacionalismo catalán. Ya en enero, el Parlament aprueba con los votos de CiU, ERC, ICV y un diputado de la CUP una declaración que proclama la “soberanía jurídica y política del pueblo catalán”. El TC vuelve a la acción y en mayo de ese año anula la declaración porque proclamar a Cataluña como “sujeto soberano” es ilegal. Pero Mas ya comienza a hacer oídos sordos y en abril funda el Consejo Asesor de la Transición Nacional con un grupo de expertos liderados por el magistrado Carles Viver Pi-Sunyer, que estudian cómo debería ser una Cataluña independiente.
Ya en septiembre, la Diada de ese año vuelve a ser masiva y es abiertamente independentista, protagonizada por una cadena humana que abarcaba 400 kilómetros de longitud que solicitaba poner fecha a la consulta independentista. Por primera vez, la Unión Europea advierte de que Cataluña quedaría fuera de la UE si se independiza.
Aún así, la coalición del Govern, junto con ERC, ICV y la CUP llegan a un acuerdo para poner fecha a esa consulta el 9 de noviembre de 2014 (el ‘9-N’).
2014: Diada y 9-N
El rechazo del Estado a que se celebre la consulta del 9 de noviembre y la insistencia del Govern convierte la Diada de 2014 en una nueva pugna al Gobierno central que lanza un claro clamor independentista con el protagonismo, una vez más, de la ANC. Su presidenta de entonces y presidenta ahora del Parlament, Carme Forcadell, pide a Mas que “ponga las urnas”.
El escenario es muy parecido al vivido recientemente en la Cámara catalana: El Parlament aprueba a finales de septiembre en un pleno extraordinario (aunque con la orden del día clara desde el primer momento) la ley de consultas (que podría equipararse ahora a la Ley del Referéndum) para hacer legal el 9-N y Artur Mas lo convoca oficialmente. Igual que ahora, el Constitucional suspende la normativa y la convocatoria, pero el Govern sigue adelante y esquiva la resolución dejando la la consulta en manos de voluntarios.
La participación en el 9-N, al igual que estima en caso de celebrarse la del 1-O, fue baja, tan solo el 33%, pero con una mayoría clara de ellos por la independencia: 1,8 millones de votantes a favor de la misma.
2015: el último año de Artur Mas
Arranca 2015 con una nueva convocatoria de elecciones anticipadas para el 27 de septiembre (las terceras en cinco años), pero con la sombra ya de la corrupción el partido de Mas, CDC, y una diferencia clave: el presidente de la Generalitat pacta con ERC para culminar el proceso soberanista. Las diferencias con CiU por la corrupción y el independentismo son irreconciliables y rompen la coalición de gobierno para que, más tarde, Convergéncia (CDC) y ERC se fundan en la candidatura de Junts Pel Sí (JxSí) para las elecciones autonómicas.
Mas no acude a la Diada de ese año, pero JxSí abarca la primera fila de la manifestación. Otro éxito para los independentistas, que días más tarde ganarían las elecciones del 27-S y, por lo tanto, el supuesto plebiscito. Pero la victoria de JxSí en las urnas no basta, necesitan gobernar con el apoyo de la CUP, y ésta exige la cabeza de Artur Mas por los casos de corrupción en su partido.
2016: investidura de Puigdemont
En enero de 2016, al límite del período establecido para formar un gobierno, Mas se resigna a “dar un paso a un lado” y ambas formaciones llegan a un pacto de gobierno in extremis por el que negocian una hoja de ruta independentista antes de la investidura de Carles Puigdemont, el hombre desconocido hasta ese momento propuesto por la antigua Convergència, que ahora se llama PDeCat. En su investidura el 9 de enero de 2016, Puigdemont asume el plazo de 18 meses para construir la república catalana y promete “dejarse la piel” por la independencia.
El 17 de julio la CUP toma las riendas y arrastra a JxSí, que hubiera preferido pactar con el Gobierno, para aprobar en la Comisión del Proceso Constituyente del Parlament una desconexión en tres fases que implicaría un referéndum “unilateral”. En ese momento, Carles Puigdemont estaba a la espera de ser sometido, dos meses más tarde, a una cuestión de confianza por los Presupuestos de 2017 (que no contentaban a la CUP), por lo que accedió.
Una vez más, el TC intervino para invalidar aquella votación del Parlament, pero eso no impidió que JxSí y la CUP aprobaran en la Cámara las conclusiones de la comisión del Proceso Constituyente con la hoja de ruta independentista
El 11 de septiembre de 2016 los secesionistas vuelven a copar las calles de Barcelona por la independencia y contra las actuaciones del Estado español. Puigdemont acude un año más y anuncia en su discurso que planteará una propuesta al Gobierno para convocar “elecciones constituyentes” después de la Diada de 2017.
El 29 de septiembre Puigdemont supera la cuestión de confianza planteada por la CUP y se compromete a convocar un referéndum vinculante un año más tarde.
2017: Las leyes de la desconexión
En marzo de este año llegaron los primeros ‘mártires’ del ‘procés’: la Justicia condena e inhabilita a Artur Mas, Joana Ortega (su vicepresidenta) e Irene Rigau (consejera de Enseñanza) por la consulta del 9-N.
Tras intentar negociar con Mariano Rajoy sin éxito, en junio Puigdemont da a conocer por fin la fecha del referéndum independentista: el 1 de octubre; y el contenido de las papeletas con la pregunta: “¿Está usted de acuerdo con un Estado independiente en forma de República?”.
Al llegar septiembre, a un mes del referéndum, el Govern seguía sin marco legal para la consulta y sin haberla convocado oficialmente. El proceso se atropella entre consejos de ministros extraordinarios (entre ellos, por la huelga de los vigilantes de Eulen en El Prat) y la vigilancia del Tribunal Constitucional.
Finalmente, ha sido esta semana cuando, de manera precipitada, el Parlament aprobó en menos de 48 horas y saltándose los procedimientos habituales las dos leyes fundamentales para la completa desconexión de España: la ley que avala el Referéndum del 1-O y la Ley de Transitoriedad Jurídica con la que pretende convertir a Cataluña en una república independiente. Tal cual se aprobaron, fueron inmediatamente suspendidas por el Tribunal Constitucional. Además, la Justicia investiga ahora a Puigdemont, Forcadell y los miembros del Govern y de la Mesa del Parlament por delitos constitutivos de penas de cárcel.
Y mientras, la tensión ha llegado a las calles catalanas después de que algunos ayuntamientos hayan rechazado prestar sus locales electorales para la consulta. Las movilizaciones de los independentistas ya están en marcha, y se prevé que para la Diada de este lunes, previa al referéndum ilegal, la manifestación sea todo un desafío al Gobierno central.
