El 19 de septiembre de 2015, en plena campaña para las elecciones catalanas del 27-S, el expresidente catalán Artur Mas aseguró, de forma tajante, que los bancos con sede social en Cataluña, sobre todo el Sabadell y Caixabank, no dejarían Cataluña. Sin embargo, la agenda de Josep Maria Jové, el 'número dos' del exconseller de Economía y Hacienda Oriol Junqueras, demuestra que el 22 de septiembre de 2016, tan sólo un año después, el propio Mas reconocía en privado sus dudas sobre qué harían las grandes empresas de esta Comunidad ante una declaración unilateral de independencia.
Sin embargo, ni Mas ni los otros políticos que participaron en la citada reunión advirtieron a los catalanes de esta situación. Y pese a ello, mantuvieron su hoja de ruta soberanista, que ha acabado con la salida de las sedes sociales de Caixabank y Sabadell, pero también de otras firmas potentes como son Codorníu, Pastas Gallo, Bimbo, Cola-Cao y San Miguel.
La mentira de Mas se conoce gracias a los escritos incluidos en una agenda 'Moleskine', que fue intervenida por la Guardia Civil durante el registro de su vivienda tras ser detenido Jové, considerado el cerebro que organizó el referéndum del 1-O, el pasado 20 de septiembre.
En concreto, en el encuentro, cuyas intervenciones se reflejan de forma manuscrita en la agenda negra marca 'Moleskine' de Jové, a cuyo contenido ha tenido acceso Vozpópuli, al que también asistieron entre otros el entonces president Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y Marta Rovira, Mas expresó la incógnita de "qué harán las grandes empresas del país".
Artur Mas mostró su preocupación por "asegurar el tráfico financiero" en los primeros momentos ya que no se podía confiar "en los impuestos", que eran "millones de euros"
Además, Artur Mas mostró su preocupación por "asegurar el tráfico financiero" en los primeros momentos ya que no se podía confiar "en los impuestos", que eran "millones de euros".
Asimismo, Mas destacó de que el referéndum unilateral sería "más duro que el 9N" y de que no se podía "abandonar el control". "Convocar elecciones, no podemos renunciar", añaden las anotaciones.
Por eso, Mas se mostró partidario de "calibrar bien" las reacciones del Estado. "Magnitud y consecuencias: ir contra funcionarios individuales, recuperación de competencias de seguridad, suspensión de autonomía", indican las notas.
Aviso de las detenciones
La misma agenda muestra también que la CUP exigió en noviembre de 2016 al Govern, en plena negociación sobre su apoyo a los presupuestos de la Generalitat, que el ejecutivo les avisase si los Mossos d'Esquadra iban a detener a cargos del partido anticapitalista, tras la polémica por el arresto de la alcaldesa de Berga (Barcelona), según informa Efe.
Esta exigencia de la CUP se produjo en una reunión mantenida el 8 de noviembre de 2016, cuatro días después de que el 4 de noviembre los Mossos d'Esquadra detuvieran a la alcaldesa de Berga (Barcelona), Montse Venturós (CUP), por no acudir en dos ocasiones a una citación judicial por negarse a retirar la estelada de un balcón del consistorio durante la campaña de las elecciones del 27S y el 20D.
En sus anotaciones, bajo el título "War Room" (Habitación de Guerra), Jové detalla que en la reunión entre miembros del Govern y la CUP del 8 de noviembre se analizó la situación generada tras la detención de Venturós, que tensó la relación entre el ejecutivo catalán y la formación anticapitalista en plena negociación de los presupuestos de la Generalitat.
Los representantes del Govern trasladaron en la reunión a la diputada de la CUP Anna Gabriel que el entonces presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, había asegurado que los Mossos harían siempre lo que les ordenaran los jueces y que no recibirían ninguna directriz política del departamento de Interior.
