El Parlament aprobó la ley del Referéndum, en una sesión caótica y antidemocrática, en la que no se respetó el reglamento de la Cámara y se ignoraron los derechos elementales de una oposición amordazada. Los diputados demócratas, de PP, PSC y Ciudadanos, abandonaron el Hemiciclo en el momento dela votación. Los populares dejaron en sus escaños banderas catalanes y españolas.
El presidente de la Generalitat, en una ceremonia de forzada solemnidad, firmó la convocatoria de la consulta, fijada para el próximo 1-O. El Gobierno celebrará en la mañana de este jueves un Consejo de Ministros especial para recurrir ante el TC la norma aprobada.
"Todo está bajo control", comentaba Mariano Rajoy a alguno de sus interlocutores de Moncloa. El presidente del Gobierno no pierde la calma, ni siquiera abandona su petinaz optimismo en una de las jornadas más agitadas desde su llegada a la Moncloa. La Cámara catalana procedió a consumar el primer gran paso hacia la ruptura en una sesión esperpéntica y bochornosa, en la que los derechos democráticos fueron cercenados o directamente ignorados.
La ley del referéndum ha visto la luz, con el apoyo de los grupos parlamentarios secesionistas, liderados por la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, que actuó como juez y parte y retorció el reglamento de la Cmara que´dirige. "Con esta presidenta, la democracia ha desaparecido" en el Parlamento de Cataluña, señaló Soraya Sáenz de Santamaría.
Los secesionistas siguieron su guión con estricta disiciplina. Admisión a trámite de la norma de la consulta, vertiginosa presentación de enmiendas y aprobación del texto con el resultado inamovible de 72 contra 11. El Parlament vivió una especie de frenético vodevil con interrupciones continuas, improvisadas reuniones de portavoces, reclamaciones, quejas, denuncias...Forcadell era fervorosamente felicitada por los separatistas como su héroe de la jornada. "Es el espectáculo más bochornoso en democracia que he visto en mi vida política", sentenció Sáenz de Santamaría.
Filibusteros y bucaneros
Los diputados de la oposición intentaban hacer oir su voz, con enormes dificultades. "Filibusteros", les decían los independentistas, tranquilos en sus asientos, contemplando con satisfacción el febril desempeño de la titular de la Cámara. "Usted ha recurrido al procedimiento bucanero", dijo Coscubiela, de IU, "Cuando un barco se cruza en su camino o le molesta".
Ciudadanos, PP y PSC se desgañitaban en reclamación de sus derechos en un estado de Derecho. "Esto es inaceptable y surrealista", clamaba García Albiol, del PP. José María Espejo, vicepresidente de la Mesa y de la Cámara, de Ciudadanos, protagonizó momentos casi heroicos, reclamando el respeto al reglamento. Inés Arrimadas compuso el momento gráfico de la jornada, juntas las palmas de las manos casi en señal de súplica o de oración, a los pies del estrado de la presidenta, donde Forcadell la menospreciaba con inocultable displicencia.
Funcionarios 'sensibles'
Emergieron algunos elementos fuera de control que hicieron torcer el gesto a los conductores de la secesión, Puigdemont y Junqueras, ufanos en sus escaños. El Consejo de Garantías Estatuarias daba la razón, a media tarde, a los grupos constitucionalistas al asegurar que la ley no puede tramitarse si su preceptiuvo informe. Un documento que no fue atendido por presidencia.
Un informe del secretario general del Parlament y del letrado mayor, Muro y Bayona, recordaba que las leyes de la desconexión "incurren en posible delito" a la vista de las sentencias y autos del Constitucional. La presidenta ignoró el escrito de estos funcionarios que arriesgan el puesto. El secretario general se negó también a trasladar al Boletín Oficial de la Cámara la nota de admisión de la ley. Tuvo que hacerlo la propio Forcadell, en un gesto sin precedentes.
Moncloa ha informado a 'funcionarios' de referencia en la administración catalana sobre los riesgos de evitar cumplir lo establecido en el marco legal, al tiempo de que les ha trasladado su apoyo, respaldo y amparo. "Se han mostrado sensibles y muy refractarios a lo que significa el proceso', señalan fuentes del Ejecutivo central.
La Fiscalía de Cataluña anunciaba la interposición de una querella por prevaricación y desobediencia contra los miembros de la Mesa, con riesgo de consecuencias judiciales graves al estilo de Artur Mas y sus consejeras. Un elemento más del bombardeo judicial que sigue su curso por parte del Ejecutivo, en este caso ante el TC. Iniciativas que la presidenta del Parlament había intentado bloquear con la presentación de un incidente de recusación contra los miembros del Constitucional, de nula viabilidad.
¿Dónde están las 8.000 urnas?
El presidente del Gobierno se encuentra tranquilo, casi ajeno al tremendo espectáculo vivido este jueves en el Parlamento de Cataluña, un espectáculo de demolición del edifico democrático sin precedentes, propio de 'un régimen dictatorial', según la vicepresidenta. En el esprint final de la pretendida consulta, el Gobierno se mantiene confiado en que no precisará ni del 155 ni de la ley de seguridad nacional para frustrar los planes separatistas.
El objetivo es la logística, desarmar los preparativos y la infraestructura del plebiscito, en especial, las urnas y los colegios electorales. No habrá urnas, ni en ambulatorios, ni en mezquitas, ni en colegios o institutos, aseguran en Moncloa. "Necesitan 8.000 urnas, como el en 9-N, para que el resultado sea creíble. No las van a tener. Como mucho alguna suelta por ahí, puramente anecdótico.
Rajoy evitó comparecer ante los medios. Había cerrado su agenda los dos días del pleno parlamentario catalán. No perdió detalle de la estrambótica jornada en la que los independentistas cumplieron con otro de sus pasos anunciados. La estrategia de Rajoy es el contraataque. No lleva nunca la iniciativa 'porque no se puede actuar contra lo que aún no existe', es la vieja prédica del Gobierno. Presentó, eso sí, un incidente de ejecución de sentencia contra Carme Forcadell y los miembros de la Mesa por la admisión a trámite de la polémica ley. Para este jueves se ha convocado un Consejo de Ministros extraordinario al objeto de, en tan sólo unos minutos, presentar un recurso ante el Constitucional contra la nueva norma.
Los jueces seguirán actuando, como hasta ahora. Y el Gobierno perseguirá con empeño el rastro de las urnas para que no pueda celebrarse la consulta.
