El Tribunal Constitucional impedirá la previsible entrada en vigor de la ley de transitoriedad catalana, aprobada por la mayoría independentista del Parlament, y que fue suspendida pocos días después por el Alto Tribunal. Esta norma, que preveía su entrada en vigor en 48 horas si en el referéndum del 1 de octubre triunfaba el "sí", establece que la Generalitat de Carles Puigdemont tomará el control de los Mossos d'Esquadra, las fronteras e incluso de la justicia catalana.
Según aseguran a Vozpópuli fuentes del Constitucional, sus magistrados estarán muy pendientes para evitar que los independentistas ejecuten sus previsiones y anularán cada una de las decisiones del Govern y del Parlament que emanen de la ley de transitoriedad.
"La ley de transitoriedad contiene una serie de barbaridades, por lo que si la pusieran en vigor, crearían una situación muy difícil de llevar. Esta norma pretende cubrir todas sus carencias para crear un Estado, como por ejemplo la ocupación del territorio", explican a este diario las mismas fuentes del Constitucional.
Además esta ley, suspendida por el Tribunal Constitucional, especifica que la Generalitat se haría cargo de los Mossos d'Esquadra, que tendrían que ocupar las fronteras catalanas, entre las que se incluyen los aeropuertos. "Si les diese por cumplir sus normas de verdad, las consecuencias serán absurdas", explican desde el Constitucional.
"También establece que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) se convierta en el Tribunal Supremo de la república catalana, por lo que tendrían que nombrar a un presidente del nuevo Tribunal Supremo", recuerdan fuentes del Alto Tribunal, que completan: "Tendrán que poner en marcha un sistema de impuestos si lo quieres poner en marcha, por lo que todo lo que vayan acordando, el Tribunal Constitucional lo irá anulando".
Control de los Mossos
En este sentido apunta la decisión del TSJC de ordenar a la Policía Nacional que asuma la custodia del edificio que lo alberga, por lo que los Mossos, que hasta ahora lo vigilaban, quedan bajo su mando, para "preservar la integridad del poder judicial" ante una eventual independencia.
El presidente del TSJC, Jesús María Barrientos, ha citado este lunes en su despacho al major (jefe) de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, para transmitirle la orden, que especifica que la Policía Nacional comparta con los Mossos la obligación de "preservar la integridad del poder judicial y el normal funcionamiento" del tribunal, así como "la independencia de todos los magistrados que lo integran y el ordinario cumplimiento de su deberes jurisdiccionales".
En su orden, Barrientos recuerda que la ley de transitoriedad jurídica que aprobó el Parlament, "viene a perturbar invariablemente la integridad del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y de todos los magistrados que la integran, incluido su presidente, en la medida en que llevan a su desaparición, para compromiso de la función jurisdiccional que ejercen".
El Tribunal Constitucional anuló el Pleno previsto para este lunes, en el que estaba prevista la declaración unilateral de independencia (DUI), acogiendo un recurso de amparo del PSC, y aplicando una media cautelar urgente: por eso, todo lo que se acordara carecería de validez y efecto, ya que en la convocatoria se aludía al artículo 4 de la ley del referéndum, que está suspendida por Tribunal Constitucional.
Pleno suspendido
La suspensión fue acatada por el Parlament, por lo que el Pleno de esta lunes fue suspendido. Sin embargo, el Parlament convocó un nuevo Pleno, para este martes, que según fuentes del Constitucional tiene amparo del reglamento del Parlament, que establece que tras un acontecimiento excepcional, el presidente puede comparecer en el Pleno.
"Hay que entender que si en algún momento se cambiase el orden del día y se incluyese el tema que hemos prohibido, esta actuación del Parlament se incluiría dentro de los términos de la prohibición del Constitucional, ya que se trataría de una decisión adicional y contraria a la legalidad", especifica un magistrado del Constitucional, que completa que una declaración de independencia "acarrearía unas posibles responsabilidades penales, y el efecto de que cualquier decisión, aunque fuera una independencia en diferido, sería suspendida, y carecería de toda validad desde el punto vista jurídico".
Sobre el Pleno de este martes el Constitucional no ha previsto una prohibición inmediata, aunque si se realizara una declaración de independencia, esta decisión quedaría incluida en la prohibición. Además, el Gobierno de Mariano Rajoy, previsiblemente, reaccionaría en dos posibles direcciones.
Reacción del Constitucional
Si hay una declaración de independencia, el Gobierno podría presentar un incidente de ejecución de las anteriores decisiones del Constitucional, porque la independencia vulnera las sentencias anteriores. De esta forma el Constitucional ya podría reaccionar y anular las decisiones que adopte Puigdemont.
Aunque dada la relevancia de la declaración de independencia, el Gobierno podría decidir presentar un recurso de inconstitucionalidad, que tendría que acordarse en el Consejo de Ministros tras un informe del Consejo de Estado.
Esta actuación ya llevaría tres o cuatro días. por lo que este recurso no podría ser analizado por los magistrados del Constitucional hasta el Pleno del próximo martes.
