La proposición de ley publicada en el Boletín Oficial del Parlamento de Cataluña con el nombre de ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la república, que la mayoría independentista del Parlament catalán ha aprobado en la noche del jueves, tendría como efecto inmediato que la justicia del hipotético Estado catalán indultaría al expresident Artur Mas, que fue inhabilitado para ejercer cargo público por el Tribunal Superior de Justicia catalán por la convocatoria del referéndum del 9 de noviembre de 2014, y anularía la imputación por un delito de desobediencia de la presidenta del Parlament, Carme Forcadell.
Así consta en el documento colgado en la página web del parlamento catalán, que en su artículo 79, títulado "Prórroga, sobreseimiento y anulación", especifica en su punto número 4 una regla a seguir por los jueces: "Los juzgados y tribunales sobreseen o anulan los procesos penales contra investigados o condenados por conductas que buscasen un pronunciamiento democrático sobre la independencia de Cataluña o la creación de un nuevo Estado de manera democrática y no violenta".
De esta forma, además de Mas y Homs, los jueces del nuevo Estado catalán tendrían la obligación de indultar a la exvicepresidenta Joana Ortega y a los exconsejeros Irene Rigau y Francesc Homs, que fueron inhabilitados para ejercer cargo público por el Tribunal Superior de Justicia catalán y por el Tribunal Supremo.
Pero el artículo 79 de la ley de ruptura también atañe a uno de los principales casos de corrupción de España, el de la familia Pujol. En este sentido, la norma especifica que los casos que ahora son competencia de la Audiencia Nacional, del Tribunal Supremo o de cualquier otro órgano judicial español fuera del territorio de Cataluña, incluido el Tribunal Constitucional, "serán asumidos inmediatamente, según corresponda, en instrucción, primera instancia, segunda instancia, casación y ejecución por los órganos judiciales catalanes en función de su competencia objetiva y territorial".
Es decir, un juez del nuevo Estado catalán asumiría el caso Pujol, que desde hace cinco años se investiga en el Juzgado Central de Instrucción número 5, cuyo titular es ahora el magistrado José de la Mata, que mantiene imputados a todos los integrantes de la "organización-familia", tal y como las definió el propio instructor.
"Inicio del procedimiento"
La proposición de ley, que entrará en vigor si gana el sí en el referéndum, establece que los tribunales competentes continuarán los procesos en el estado de tramitación que permita la documentación recibida "sin causar indefensión de las partes. En caso de que sea necesario para evitar situaciones de indefensión, se reanudarán las actuaciones desde el inicio del procedimiento correspondiente".
Según esta norma, si los tribunales catalanes no reciben el sumario de los Pujol de la Audiencia Nacional, el juez que instruya el caso en el nuevo Estado catalán tendría que iniciar el procedimiento desde cero "para no causar indefensión al expresident Jordi Pujol, a su mujer, Marta Ferrusola, y a sus siete hijos, todos imputados y el primogénito, Jordi Pujol Ferrusola, en la cárcel madrileña de Soto del Real.
El artículo 77, que analiza la jurisdicción penal de la república catalana, reitera que los juzgados de Cataluña se encargarán de los casos que "actualmente son competencia de la Audiencia Nacional de acuerdo con la competencia objetiva y territorial".
