La promesa de Ximo Puig de reabrir Canal 9 es una bomba que puede estallar fácilmente en las manos del PSOE. El proyecto de inaugurar una televisión autonómica que ofrezca sus contenidos en valenciano se enfrenta a una serie de problemas económicos, legales y laborales que lo convierten en una utopía casi irrealizable. Los socialistas han anunciado recientemente que esperarán a conocer la opinión de los abogados del Estado para definir la forma de este nuevo medio de comunicación. Pero fuentes jurídicas han avanzado a Vozpópuli que esta empresa será “prácticamente inviable” sea cual su forma sea pues, como mínimo,estará obligada a afrontar el coste de readmitir a una parte o a todos los 1.800 empleados que fueron despedidos en 2013, lo que podría suponer un desembolso de varios millones de euros para las arcas públicas.
La conclusión que sacan las fuentes jurídicas y del sector audiovisual consultadas por este periódico es que cualquier proyecto para reabrir la Radiotelevisión Valenciana heredará una buena parte de los problemas de la que dejó de emitir el 29 de noviembre de 2013. Y estos son muchos y muy complejos. Sin ir más lejos, si Puig decidiera poner en marcha este nuevo medio de comunicación sobre la sociedad que ya existe tendría que resolver la situación de los 1.800 empleados incluidos en un Expediente de Regulación de Empleo (ERE).
La televisión cerró con una deuda de 962 millones de euros y un enorme ritmo de endeudamiento anual
Eso implicaría un desembolso de más de 50 millones de euros para abonarles los salarios que no han percibido desde que se aprobó el ERE. Una vez completado este pago, tendría que decidir si quiere mantener en nómina a la totalidad de estos trabajadores -como hicieron sus anteriores gestores, lo que se demostró inviable- o sólo contar con una parte de ellos. En este segundo caso, que es el más lógico, tendría que afrontar el coste económico de despedirlos, así como enfrentarse a las movilizaciones de los sindicatos y a la más que probable presión de Compromís.
A partir de ahí, debería modificar el rumbo de una televisión autonómica que cerró en 2013 con un déficit de 962 millones de euros y un ritmo de endeudamiento anual insostenible para cualquier empresa pública o privada. El plan concebido por Puig para evitar que este medio de comunicación no condicione aún más las cuentas de esta comunidad autónoma pasa por prohibirle por ley entrar en pérdidas. Ahora bien, está por ver la efectividad que tendría esta medida.
El establecimiento de esta televisión sobre la antigua sociedad también conllevaría, evidentemente, frenar su proceso de liquidación, que ha estado prácticamente enquistado durante meses por la incapacidad de sus responsables para resolverlo con unas mínimas garantías. Eso supondría asumir o resolver contratos que lastrarían el crecimiento del nuevo proyecto, como el de la sede de la RTVV en Alicante, que obliga a abonar una mensualidad de 23.000 euros hasta 2035.
Los riesgos de constituir una nueva empresa
La otra opción que se baraja para volver a poner en funcionamiento una televisión autonómica en valenciano es la de fundar una nueva sociedad para iniciar un proyecto desde cero, con una plantilla mucho menor que la del anterior Canal 9 y una gestión más responsable. Pero esto sería "muy peligroso" desde el punto de vista legal, dado que la Administración autonómica tendría que afrontar el coste de las más que posibles denuncias de los trabajadores que le llevarían a los tribunales por un conflicto de sucesión de empresas.
Por otra parte, en este supuesto, las arcas de la Comunidad Valenciana tendrían que costear dos televisiones. Lo que supondrá la nueva está por ver; y la antigua no es precisamente barata, como se puede deducir al observar que sólo en 2015 la Generalidad ha presupuestado 90,4 millones de euros para saldar deudas pendientes de la RTVV, así como para pagar los costes fijos de sus activos inmobiliarios o costear series que nunca se han emitido y actores de doblaje de contenidos que nunca vieron la luz.
