La batalla que libran en los tribunales alrededor de 600 trabajadores del Grupo Zeta contra la compañía puede costarle cara a la familia Asensio. En concreto, 21 millones de euros, según los cálculos realizados por la empresa. Los empleados demandaron hace unos meses a la editora de El Periódico de Cataluña, Sport e Interviú porque, a su juicio, sus directivos no han cumplido con el compromiso de reducir un 9% su salario, incluido en el documento que fija las condiciones del Expediente de Regulación de Empleo Temporal (ERTE) que sigue vigente en el grupo. Los denunciantes han exigido una indemnización, toda vez que sus nóminas sí que se han rebajado en el porcentaje comprometido.
Según argumentaron los representantes legales de los trabajadores durante el juicio celebrado en la Audiencia Nacional, la bajada de salarios que se pactó en 2014 entre la empresa y el personal de convenio se ha cumplido “a rajatabla” y “sobre todos los conceptos retributivos”, incluidos los variables, como los domingos, las nocturnidades, las guardias o el kilometraje. A su juicio, no ha ocurrido así con el salario del personal de fuera de convenio –donde se encuentran sus directivos- que sólo ha decrecido el 6,9%, según se detalla en los informes de la Comisión de Seguimiento del ERTE.
Vozpópuli se ha puesto en contacto con las fuentes oficiales del Grupo Zeta para tratar de obtener su versión sobre este asunto, pero han declinado pronunciarse al respecto mientras el proceso judicial esté en curso. No obstante, durante el juicio su defensa incidió en que la bajada de salario de los trabajadores de fuera de convenio ha sido del 7,84%. Y hace unas semanas, en declaraciones a este medio, fuentes de la compañía precisaron que los miembros de su cuadro de mando perciben actualmente un sueldo un 9% inferior al que obtenían hace dos años.
En el caso de que la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional falle en su contra, la empresa teme tener que devolver todo el importe del ERTE, que asciende, según sus cálculos, a 21 millones de euros. Los sindicatos consideran esa cifra “exagerada” y aseguran que la cantidad que tendrían que devolver a sus trabajadores sería de alrededor de 400.000 euros, que se corresponden con la diferencia entre el 7% que ha disminuido el sueldo del personal de fuera de convenio desde 2014 y el 9% que debería haber alcanzado.
Recortes salariales y despidos
El Grupo Zeta ha sufrido durante los últimos años los duros embates de la crisis de la prensa escrita, lo que ha afectado considerablemente a su plantilla. Hace unos años, la compañía empleaba a 2.500 trabajadores, mientras que actualmente a algo más de un millar. En 2009, planteó un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que segó 442 puestos de trabajo y, poco después, en 2012, una drástica bajada salarial que encrespó aún más los ánimos en sus redacciones.
Hace dos años, la compañía pidió un nuevo esfuerzo a sus empleados, consistente en aceptar una rebaja del 9% de su sueldo (y de los complementos) y del 10% de las horas de trabajo. Entonces, sus sindicatos exigieron que sus directivos hicieran un sacrificio y redujeran su salario en la misma medida que el resto de sus trabajadores. A eso se comprometieron, aunque ahora los empleados incluidos en el convenio critican que no hayan cumplido su promesa.
El Grupo Zeta cerró 2015 con unos beneficios de 13,2 millones de euros, según datos del Registro Mercantil.
Unos meses después de que se rubricara este ERTE, la compañía consiguió aliviar sus urgencias económicas tras llegar a un acuerdo con la banca acreedora (Banco Popular, La Caixa y BBVA, entre otros) para refinanciar su aproximadamente 120 millones de euros de deuda deuda. En paralelo, cerró la entrada en el accionariado de El Periódico de Catalunya de la familia Lara y del inversor Domingo Muguira –amigo personal del fallecido Antonio Asensio-.
Desde entonces, la situación de la compañía se ha estabilizado. Después de cerrar 2012, 2013 y 2014 en números rojos, el Grupo Zeta declaró en 2015 unos beneficios de 13,2 millones de euros, algo que se debió al considerable aumento de sus ingresos financieros y a la venta de algunos activos.
En este inicio de 2017, en sus altos despachos se observa con preocupación la evolución de un proceso judicial, iniciado por 600 de sus trabajadores, que podría obligarle a desembolsar una importante cantidad económica en concepto de indemnización.
