El realizador del Telediario de La 1 apretó el “botón rojo” que ponía fin a la emisión en directo de la salida de la cárcel de Luis Bárcenas, el pasado jueves, cuando el extesorero de Génova comenzó a hablar de la supuesta contabilidad “en B” del Partido Popular. Eran las 21.41 horas, restaban 19 minutos de informativo y los grandes asuntos del día ya habían sido abordados. A sabiendas de esto, la gran pregunta es: ¿tenía una orden directa para hacerlo en caso de que el excarcelado decidiera pronunciarse sobre ese tema?
Hasta el momento, nadie ha sido capaz de resolver esta cuestión, ni de encontrar un testimonio que confirme lo que plantea. Sin embargo, si se revisa el historial de manipulación informativa con el que cuenta la televisión pública española se puede sospechar de forma bastante consistente que la decisión tuvo tintes políticos. Los peligros del directo son insondables; y resultaba imposible adivinar si Bárcenas tenía pensado soltar alguna bomba informativa. Por eso, son muchos los que han atribuido el corte de la emisión a una orden directa del Gobierno que obligaba a TVE a silenciar cualquier tipo de declaración del antiguo responsable de las cuentas del PP acerca de la contabilidad del partido.
Desde que José Antonio Sánchez ascendió a la Presidencia de RTVE y, sobre todo, desde que designó como jefe de Informativos al exresponsable de opinión del periódico La Razón, José Antonio Álvarez Gundín, la sombra de la adulteración de la información, en favor de los intereses del Partido Popular, ha planeado con fuerza en el ente público. Pero estas sospechas ni mucho menos resultan novedosas en la historia de RTVE desde 1978, pues a lo largo de las últimas décadas se han producido de una forma más o menos sostenida.
La televisión pública, como arma para ganar votos
Si se tira de hemeroteca, se puede comprobar que la manipulación del Telediario ha sido una constante desde la llegada de la democracia. Un ejemplo de esta tendencia se puede encontrar, el 17 de enero de 1979, días después de la ratificación de la Constitución española, cuando el diario El País publicaba una información en la que se destacaba que los trabajadores de la casa se habían plantado ante la “tergiversación constante a que se someten las noticias que llegan a Televisión Española”.
La mayoría de los presidentes y directores generales de TVE han tenido un claro perfil ideológico
Desde ese momento, son decenas los artículos de prensa que critican hechos puntuales en los que el Telediario ha tratado temas políticos de manera partidista. Ahora bien, para certificar que UCD, PSOE y PP han adaptado la línea editorial de los informativos de TVE a sus intereses sólo basta con comprobar el perfil partidista de una buena parte de los directivos con los que ha contado. Personas como Luis Solana (PSOE) o Pío Cabanillas (PP) han dirigido la corporación, mientras que periodistas tan ideologizados como María Antonia Iglesias, Enric Sopena o el propio Álvarez Gundín han estado al frente de sus informativos.
Manipulación mayor o menor con todos los Gobiernos
Si bien durante los dos mandatos de José Luis Rodríguez Zapatero la calidad de los servicios informativos mejoró –y la audiencia lo respaldó-, no se puede decir que no “masajearan” al Gobierno en algunos casos.
Prueba de ello es que sus rivales políticos criticaron en reiteradas ocasiones la negativa a definir con la palabra “crisis” la situación económica del país a partir de 2008, así como el desigual tratamiento de los casos de corrupción, según al partido al que afectaran; el engrandecimiento de la figura de Alfredo Pérez Rubalcaba o el excesivo protagonismo que se otorgaba a las manifestaciones y protestas callejeras. De hecho, la propia María Dolores de Cospedal llegó a acusar, en directo, a Ana Pastor de la falta de objetividad existente en TVE.
El ‘Aznarismo’ es otra de las etapas consideradas como negras, en este sentido, en especial durante la segunda legislatura, con Alfredo Urdaci al frente del equipo. El tratamiento del hundimiento del Prestige, el de los atentados del 11-M o el de la huelga general del 20 de junio de 2002 levantaron ampollas, sobre todo en el último caso, por el que TVE tuvo que hacer frente por primera vez en su historia a una sentencia que le condenaba por manipulación informativa. Forma parte de la memoria colectiva la rectificación que realizó el propio Urdaci, en directo y sobre un fondo negro, a partir de lo que obligaba el auto de la Audiencia Nacional.
Durante la etapa más larga del actual periodo democrático, la de Felipe González, también se contaron por decenas las denuncias al ente público por el excesivo buen trato que dispensaba al partido del Gobierno. Este hecho alcanzó su cénit en las dos últimas legislaturas socialistas, con varios casos de corrupción ahogando al Ejecutivo y una televisión pública que limitó, en lo posible, la exposición a la audiencia de estos hechos. Especialmente memorable fue la pieza informativa emitida el 28 de octubre de 1992, en la que se definía, sin pudor, la primera década de Felipe González al frente de la nación como “llena de éxitos y metas conseguidas”.
¿Es necesario establecer mecanismos de control más exigentes para evitar la manipulación informativa en TVE?
También es muy recordada la entrevista que Victoria Prego realizó al presidente el 8 de julio de 1987, la cual fue calificada como “de cámara” por la excesiva comodidad de las preguntas que incluía. Arreciaron contra la cadena las críticas por parte de medios como El País, ABC o la revista Tiempo.
Estos casos de adulación gubernamental no son exclusivos de RTVE, sino que también se registran, e incluso se acentúan, en los medios autonómicos. TV3, Telemadrid, Canal Sur, Castilla-La Mancha Televisión, la TVG gallega o el clausurado Canal 9 valenciano son algunos ejemplos de televisiones públicas que han sido utilizadas por los gobernantes de turno como plataforma para incrementar su número de votos.
Ante este hecho, la principal cuestión que se plantea es: ¿es necesario establecer mecanismos de control más exigentes y autónomos para evitar esta manipulación informativa? Y, en caso de que no sea posible, incluso se puede preguntar: ¿merece la pena invertir cientos de millones de dinero público en medios que son utilizados por el poder para favorecer sus intereses?
