El servicio que prestan aplicaciones como Airbnb no debe ser prohibido, pero tampoco se debe permitir que carcoma los pilares de sectores como el hotelero, con un importante peso en el PIB español. De ahí que haya que tener una especial cautela a la hora de legislar sobre estos nuevos negocios. Bajo esta premisa, consejeros de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC), han comenzado a cocinar un informe que recogerá un paquete de medidas con las que pretenden evitar -según sus palabras- los perjuicios para la economía española y para sectores como el taxi que generaría el conceder “barra libre” a estas empresas.
Esta iniciativa ha surgido dentro del grupo de consejeros de la CNMC más críticos con su presidente, José María Marín Quemada, quienes protagonizaron un fuerte enfrentamiento con el mismo y con el responsable de Promoción de la Competencia, Antonio Maudes, cuando se hicieron públicas el pasado marzo, sin su aprobación, las conclusiones de un estudio sobre las nuevas formas de economía colaborativa en sectores como el hotelero o el del transporte urbano y colectivo. Fuentes próximas a este 'bando rebelde' han explicado a Vozpópuli que este informe contenía varias “imprecisiones técnicas” y conclusiones “poco reflexionadas” que es necesario corregir, de ahí que hayan comenzado a trabajar para “mejorarlo”.
La CNMC cifró en 324 millones de euros las pérdidas que generaba para los consumidores esta restricción del número de licencias
En lo que respecta al sector del taxi, apuestan por mantener las tarifas marcadas de este servicio y se muestran contrarios a la eliminación de los límites de concesión de licencias de vehículos con conductor, que son las que utilizan los chóferes de plataformas como Uber o Cabify. “Alguien que pagó hace relativamente poco tiempo casi 150.000 euros por una licencia de taxi no puede enfrentarse a que, de un día para otro, pierda todo su valor por una liberalización total y absoluta del mercado”, destacan estos informantes.
Cabe recordar que la CNMC elaboró un informe la pasada primavera en el que se cifraba en 324 millones de euros las pérdidas que generaba para los consumidores esta restricción del número de licencias. "El efecto de éstas (medidas) es restringir la competencia en el transporte urbano de pasajeros y blindar el régimen de monopolio existente en la prestación de servicios de taxi", sostenía el organismo.
Proteger el sector turístico
Estos consejeros también apuestan por establecer mayores controles sobre aplicaciones de alojamientos vacacionales como Airbnb o Homeaway, con el objetivo de evitar que generen bolsas de economía sumergida, así como situaciones de competencia desleal con los hoteleros y riesgos para sus usuarios y para los habitantes de las fincas donde se arrendan estos apartamentos.
En su informe, llamarán a analizar las posibles distorsiones que estos nuevos negocios pueden generar con la Ley de Arrendamientos Urbanos y la Ley de la Propiedad Horizontal, “algo que no se hacía en el informe con las conclusiones preliminares” presentado el pasado marzo, en su opinión.
También sugerirán el establecimiento de un seguro para los usuarios de estas plataformas y la creación de un certificado de calidad -que se conceda a nivel local o autonómico- que permita discriminar de una forma más precisa entre los apartamentos que cumplen con unas determinadas condiciones de calidad y los que no están preparados para acoger a turistas.
Estos consejeros defenderán el establecimiento de un seguro para los usuarios de estas plataformas y de un certificado de calidad para los apartamentos
Estos consejeros también abrirán el debate sobre los mecanismos de control que podrían aplicarse a estas aplicaciones para evitar que se conviertan en focos de economía sumergida dentro de un sector que aporta más del 10% del PIB español. “Se han dado casos de personas con más de un centenar de viviendas a su nombre registradas en Airbnb; e incluso de propietarios de promociones sin vender que las ofrecen para alquileres. ¿Existen controles efectivos para garantizar que pagan sus impuestos?”, aseveran estos informantes.
Consideran que esta regulación se debe afrontar con premura, en cuanto a que sólo Airbnb dispone ya de 2,3 millones de alojamientos turísticos en 34.000 ciudades de 191 países. España, como uno de los principales destinos del mundo, es uno de los países con una mayor presencia en la aplicación; y en ciudades como Barcelona existe actualmente un intenso debate -abierto tras la eclosión de este negocio- acerca de cuál debe ser el modelo turístico que debe adoptar la ciudad, a la vista de la pujanza de estas empresas de economía colaborativa.
