La Audiencia Nacional asestará un duro golpe al proyecto de reapertura de la nueva Radiotelevisión Valenciana si en las próximas semanas da la razón a los representantes de los 1.600 extrabajadores de este medio de comunicación autonómico y declara nulo el ERE de extinción de sus contratos, rubricado en noviembre de 2013. El juicio en el que se evaluará este conflicto laboral está previsto para este miércoles y, si el tribunal anulara esta medida de despido colectivo, la Generalitat podría verse condenada a desembolsar una cantidad de 200 millones de euros.
Alrededor de este proceso judicial confluyen varios factores laborales, económicos y políticos que explican el fracaso del antiguo Canal Nou y las dificultades que entraña la próxima puesta en macha de la nueva televisión autonómica valenciana. Los representantes de los trabajadores negociaron durante meses con el Gobierno de Ximo Puig para evitar la celebración de este juicio, pero la Generalitat se negó a aceptar su petición, consistente en readmitir a los 1.600 despedidos y, posteriormente, presentar un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) en el que se incluyera a todos aquellos que no iban a formar parte de la RTVV que se inaugurará en los próximos meses.
Este pacto extrajudicial hubiera supuesto un menor desembolso para las arcas públicas –según los demandantes- que el hecho de que la Generalitat valenciana tenga que enfrentarse a la posible anulación del ERE de 2013, con el subsiguiente pago de las nóminas de los últimos tres años y del precio de la medida de despido colectivo que le seguiría.
Ahora bien, la readmisión de los exempleados hubiera ocasionado un importante coste político para el PSOE y, con toda probabilidad, una denuncia por prevaricación, dado que suponía revertir, por decreto, una decisión de un Gobierno anterior con un importante coste –de entre 70 y 80 millones de euros, según calculan los sindicatos- para los valencianos.
Eso provocará que el Gobierno de Ximo Puig tenga que defender en la Audiencia Nacional una medida tomada por el anterior Ejecutivo, del Partido Popular. El principal responsable del enorme endeudamiento que contrajo esta sociedad y de su posterior cierre.
La RTVV gastó en 2012 un total de 73,9 millones de euros en personal. De esa cantidad, 62,03 millones se destinaron al pago de "sueldos, salarios y asimilados".
Según los datos que obran en poder del Registro Mercantil, la sociedad bajo la que prestaba servicio Radiotelevisión Valenciana tuvo un gasto en personal durante los ejercicios 2011 y 2012 de 54,2 y 73,9 millones de euros, respectivamente. De esa cantidad, 40,7 (2011) y 62,03 (2012) millones se destinaron al pago de “sueldos, salarios y asimilados”.
Un arranque complicado
La televisión que ha ideado el Gobierno autonómico –para cuya inauguración aún no hay una fecha prevista- será más pequeña y más barata, lo que imposibilitará la vuelta de la totalidad de la plantilla del antiguo Canal 9. Durante los ejercicios 2016 y 2017, este proyecto será financiado con un total de 85 millones de euros de los Presupuestos regionales.
Dentro del conflicto laboral que enfrenta a los extrabajadores del antiguo Canal Nou con esta empresa pública, la Audiencia Nacional también tendrá que estudiar la demanda, presentada por el sindicato CGT, relativa al posible conflicto de sucesión de empresas que -considera- existe con los 1.600 exempleados, toda vez que su despido se debió a la extinción de este servicio público, en 2013, pero el Gobierno autonómico ya trabaja en la puesta en marcha de una nueva televisión.
Mientras se resuelve esta situación, sigue en marcha el concurso público para elegir al próximo director general de la RTVV. El plazo para presentar las candidaturas terminó este lunes y, según han publicado varios medios de comunicación, al proceso han concurrido algunos extrabajadores de esta empresa pública.
Este proyecto sigue completando etapas sin que los liquidadores de la televisión hayan conseguido deshacer el nudo gordiano que permitirá extinguir la sociedad desde la que prestaba servicio. Son las consecuencias de la gestión que se realizó en una televisión autonómica que llegó a acumular una deuda de 1.300 millones de euros y que desde su cierre ha obligado a desembolsar varias decenas de millones de euros a los valencianos.
