La deriva separatista están generando también un daño importante a las grande superficies comerciales en Cataluña. Hasta el punto de registrar un caída de las ventas del 20% en las últimas semanas. El dato lo ha revelado el ministro de Economía, Industria y Competitividad, Luis de Guindos, en la tribuna del Congreso de los Diputados mientras defendía el decreto-ley presentado por el Gobierno para facilitar el cambio de domicilio social a las empresas catalanas ante la inseguridad jurídica del proceso independentista. Un texto, destinado a acelerar los trámites de traslado, que ha recibido el apoyo sin matices de PSOE y Ciudadanos.
El titular de Economía ha destacado que esta caída de ventas, la paralización de las inversiones y la fuga de empresa son "consecuencia de las decisiones irresponsables del Gobierno de la Generalitat", cuyos "planteamientos están generando incertidumbre, temor y miedo", ha enfatizado Guindos.
El ministro afirmó que el Gobierno da este paso para "ahondar en la flexibilización" del régimen de toma de decisiones societarias de las empresas y para dotar de la "necesaria certidumbre" al marco de sus actuaciones, todo ello habida cuenta de que la seguridad jurídica es un factor "determinante" en la toma de decisiones del sector privado. "Especialmente en momentos como los que estamos viviendo actualmente", insistió
Además, Guindos justificó la "extraordinaria urgente necesidad" de la aprobación de este real-decreto para asegurar en estas "circunstancias especiales" principios constitucionales como son la libertad de empresa y de establecimiento de los operadores económicos. Por ello, instó a los grupos parlamentarios a aprobar la convalidación sin modificaciones, ya que de lo contrario se podrían generar "dudas" en el caso de las empresas que en las últimas semanas han trasladado su domicilio social fuera de Cataluña. A esta petición han accedido tanto PSOE como Ciudadanos. Según datos del Colegio de Registradores de España, más de 800 empresas han trasladado su sede social de Cataluña a otros puntos de España desde el referéndum ilegal del pasado 1 de octubre.
Por parte del PDCat, el diputado Ferran Bel ha criticado esta "extraordinaria urgencia" en la medida y ha manifestado que "el motivo real" de la misma "es el referéndum del 1-O, los millones de catalanes que fueron a votar". En esta línea, ha arremetido contra el Gobierno por "perseguir que las empresas voten con los pies e incidan en que lo está pasando en Cataluña, que las empresas se posicionan políticamente, porque técnicamente esta norma no tiene recorrido", ha manifestado Bel.
Además, el portavoz económico del PDCat en la Cámara baja ha acusado al Ejecutivo de querer así "expropiar a los socios, a los accionistas su decisión sobre la ubicación del domicilio social. No son cambios de actividad, ni de empresa. Cuestan 80 euros y hoy son de aquí para allá y mañana serán de allá para aquí", ha recalcado Bel.
En representación de ERC, partido que gestiona la Consellería de Hacienda de la Generalitat, el diputado Joan Capdevilla ha afirmado que "este real-decreto no hace más que disimular que las empresa cambiarán su sede social a gusto de sus consejos de administración y no a gusto de sus accionistas". "Traen aquí el 'A por ellos de cuello blanco'. Con un espurio y mercenario fin: asustar a los inversores", ha apostillado Capdevilla.
Según el parlamentario de Esquerra, "la seguridad jurídica de las empresas, pase lo que pase, está asegurada por mucha campaña del miedo que quieran imponer. El Gobierno no tiene ningún escrúpulo a la hora de supeditar la marcha de la economía a intereses políticos", ha agregado.
Además, Capdevilla se ha referido a que "el presidente del Comité de empresa de Seat Martorell ha denunciado presiones política y monárquicas para que se cambie su sede social. Esto sería gravísimo, una injerencia política inadmisible en una economía moderna de mercado", ha remachado.
