“La broma se ha terminado”. Así resumió el coordinador general del PP catalán, Xavier García Albiol, las implicaciones de la polémica reforma del Tribunal Constitucional que su partido impulsó el año pasado para reforzar la lucha contra el desafío secesionista. Albiol, sin escaño en el Congreso, participó en la promoción de una iniciativa que se tramitó de forma 'exprés', provocó agrias críticas de la oposición y acabó dotando al TC de capacidades ejecutivas para hacer cumplir sus sentencias. Desde otoño de 2015, este órgano tiene la posibilidad de multar y suspender a los políticos y funcionarios que se salten sus resoluciones, medida claramente ideada para hacer frente a los promotores del procés. El PP la sacó adelante en solitario y ahora, con una composición del Parlamento muy distinta, está a punto de ver cómo la oposición inicia los trámites para tumbarla.
La iniciativa parte de sendas proposiciones de ley de PNV y PDECat -antigua Convergència-, la primera para cambiar la norma que regula el TC y la segunda directamente para derogar la citada reforma de 2015. Con PP y Ciudadanos oponiéndose a ambas y Podemos avalándolas, la llave la tiene un PSOE que ha adelantado su intención de apoyar la propuesta de los nacionalistas vascos. No harán lo mismo con la del PDECat por considerarla deficiente, aunque el efecto práctico será el mismo: permitir la toma en consideración de una PL para eliminar la posibilidad de que el TC suspenda a gobernantes que vulneren sus resoluciones. El texto de los jeltzales sí contempla multas para los infractores, pero rebajándolas considerablemente: del abanico de 3.000 a 30.000 euros vigente en la actualidad, a uno que vaya de 600 a 3.000 “y reiterar estas multas hasta el total cumplimiento de los interesados”,
Además, el PNV plantea acabar también con el recurso previo de inconstitucionalidad, recuperado en otra reforma de 2015. Los populares sí contaron ahí con el apoyo de los socialistas, que rechazan revertir este punto, informan fuentes parlamentarias. El recurso previo estuvo vigente en los primeros años de la democracia, se suprimió posteriormente y de nuevo volvió con el Ejecutivo de Mariano Rajoy. Se trata de un mecanismo para paralizar reformas estatutarias recurridas ante el TC hasta que haya sentencia. De haber estado en vigor hace unos años, se hubiera evitado el choque de legitimidades derivado del veto del Constitucional a aspectos del Estatut catalán validados primero por el Congreso y luego por los ciudadanos de esa autonomía en referéndum.
El Constitucional se quedaría así sin poder suspender de sus funciones a cargos que incumplan las sentencias
El texto presentado por el PNV en el Congreso considera que la reforma que el PP emprendió sin apoyos “supuso un cambio sustancial del sistema político español al afectar al equilibrio entre poderes territoriales y por lo tanto al propio consenso constitucional logrado en 1978”. “Se ahondó aún más en el deterioro in crescendo del prestigio del TC en su función de garante de la Constitución, por su constante politización a favor de un modelo concreto de Estado”, recoge la exposición de motivos de la PL.
Los nacionalistas vascos tienen garantizado el apoyo de más de la mitad de la Cámara para cambiar este punto, cosa que se hará efectiva en todo caso al concluir el proceso legislativo que este martes se inicia. La toma en consideración de la proposición irá seguida del debate en comisión sobre el articulado concreto y de nuevo habrá de volver al pleno para ser aprobada. De ahí pasaría al Senado y, tras el previsible rechazo de la mayoría absoluta del PP en la Cámara alta, regresaría al Congreso para ver la luz definitivamente. Al tratarse de una ley orgánica, necesitará el ‘sí’ de más de 175 diputados. Si no hay discrepancias importantes entre las fuerzas de izquierda y los soberanistas en la tramitación, saldrá adelante dentro de unos meses, al tiempo que los independentistas desarrollan la hoja de ruta que contempla la celebración de un referéndum unilateral en 2017.
Reforma laboral
Al pleno de este martes llega una tercera proposición de ley, a sumar a las dos de los nacionalistas: la del PSOE para cambiar el Estatuto de los Trabajadores en lo concerniente a las condiciones de los subcontratados. Se trata de la primera iniciativa legislativa para revertir parte de la reforma laboral de Rajoy, contra la que el Congreso ya se pronunció la semana pasada a instancias de los socialistas.
Ahora no se trata de sacar adelante el gesto simbólico de una proposición no de ley para censurar la medida estrella del PP en política laboral, sino de iniciar el camino hacia una reversión parcial de la misma. La medida del PSOE se centra en las condiciones de los subcontratados porque son, a su juicio, uno de los colectivos más desamparados en el actual marco. Las denominadas camareras de piso serían el ejemplo paradigmático. “Afecta a decenas de miles de trabajadores, especialmente empleadas de hostelería, las camareras de hotel que hacen camas a destajo por salarios ínfimos”, explicó el martes pasado Antonio Hernando, portavoz parlamentario socialista.
Los socialistas impulsan un cambio parcial de la reforma laboral del PP para mejorar las condiciones de las camareras de hotel
Esta PL, que también saldrá adelante muy previsiblemente con el rechazo del PP, es una de las que ha intentado vetar el Gobierno. Al considerar que su aprobación alteraría el Presupuesto, Moncloa registró en el Congreso un escrito para tumbarla, haciendo uso de la prerrogativa constitucional que le reconoce tal capacidad. Sin embargo, la Mesa del Congreso acordó en su última reunión levantar definitivamente este veto, así como el dirigido contra la paralización de la LOMCE, y continuar tramitando la proposición. Y es que PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos entienden que Rajoy se excede en el uso de sus competencias y que ninguna de las dos medidas afecta a las cuentas en vigor.
El Ejecutivo está dispuesto a llegar hasta el TC porque entiende que su capacidad de rechazar iniciativas del Parlamento no está sujeta a discusión. La hipotética sentencia del Constitucional llegaría después de impulsadas estas tramitaciones, probablemente con algunas de las nuevas normas ya en vigor.
