La Mesa del Congreso ha aceptado este martes el veto del Gobierno a una proposición de ley del PSOE que perseguía la “supresión de tasas judiciales”. PP y Ciudadanos, que tienen la mayoría en el órgano, entienden que la maniobra de Moncloa para tumbar esta iniciativa socialista está justificada y que su aprobación afectaría al Presupuesto. La Constitución reconoce al Ejecutivo la capacidad de vetar proposiciones del Congreso cuando esto ocurre, prerrogativa que Mariano Rajoy ha utilizado en 17 ocasiones esta legislatura.
Dos de esos vetos, sin embargo, fueron levantados por la Mesa porque PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos los consideraron injustificados. Las fuerzas de izquierda han mantenido ese criterio hoy, asegurando que tampoco procedía tumbar la PL para acabar con las tasas judiciales, pero el partido de Albert Rivera cree lo contrario. "Nosotros no vetamos nada, esa es una función del Gobierno, solo valoramos si Moncloa lo utiliza de un modo arbitrario o no, y en esta ocasión entendemos que está razonablemente justificado", han explicado fuentes de la formación naranja.
La iniciativa en cuestión se proponía revertir por completo la ley de tasas judiciales diseñada por Alberto Ruiz-Gallardón en 2012 y ya parcialmente desmontada por su sucesor en el Ministerio de Justicia, Rafael Catalá, y por el Tribunal Constitucional. El texto del PSOE recogía que quedaran exentos de abonarlas "en todo caso" una serie de colectivos, a saber: las personas físicas; las personas jurídicas a las que se les haya reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita; las entidades sin fines lucrativos y ONG's; las Comunidades de Propietarios; las entidades total o parcialmente exentas en el Impuesto sobre Sociedades; las sociedades mercantiles cuya cifra de negocio sea inferior a un millón de euros; el Ministerio Fiscal; la Administración General del Estado, las de las Comunidades Autónomas, las Entidades Locales y los organismos públicos dependientes de todas ellas; las Cortes Generales y las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas.
No será tramitada, como tampoco una iniciativa de Ciudadanos muy similar, argumento que usa el partido naranja para explicar su postura: "Somos los primeros perjudicados por el veto del Gobierno a esta iniciativa porque también nosotros pedimos suprimir las tasas judiciales, pero es una medida que afecta al Presupuesto y por lo tanto el Ejecutivo puede ejercer su prerrogativa de no aceptarla".
Nuevo calendario
Además, la formación de Rivera se ha opuesto a la otra decisión relevante tomada este martes por la Mesa: aprobar el calendario de plenos del próximo periodo de sesiones. La discrepancia ha estado en el hecho de dejar vacía la segunda semana de febrero, para no eclipsar los cónclaves internos que PP y Podemos celebrarán del 10 al 12 de ese mes. "Es una tradición no fijar pleno de la Cámara en las semanas en que los partidos tienen congresos", explican fuentes de la Mesa. Por ello, se ha decidido pasar la sesión que tocaba esa semana a la anterior: del 31 de enero al 2 de febrero.
PP, PSOE y Unidos Podemos han estado de acuerdo con esto, pero C's lo ha criticado. "No entendemos que se deje una semana sin pleno por cuestiones internas de los partidos, y más cuando vendremos de un mes inhábil como es enero", explican desde la formación naranja. A su juicio, febrero debería acoger cuatro plenos ordinarios y no tres.
Ese primer pleno del 2017 abordará la convalidación de los dos últimos decretos aprobados por el Gobierno, sobre el nuevo bono social y sobre el plan de garantía juvenil. Se hará el primer día, el martes 31, porque el plazo vence en ese mes. Además, la presidenta del Congreso, Ana Pastor, ha propuesto celebrar pleno la primera semana de abril para compensar el parón de la Semana Santa y todos los grupos lo han aceptado.
