Aunque el Consejo de Ministros va a aprobar mañana la intervención de la Generalitat de Cataluña vía artículo 155 de la Constitución, lo cierto es que no entrará en vigor hasta que las medidas sean aprobadas por el Senado, los días 30 ó 31 de octubre. Y eso es así porque el Gobierno ha decidido conscientemente retrasar el Consejo de Ministros de su aprobación, de ayer, jueves, a mañana, sábado.
Si la reunión del gabinete hubiera sido ayer, nada más recibir la carta de Puigdemont y antes de que Rajoy partiera rumbo a la cumbre de la UE, las medidas entrarían en vigor el sábado 28 de octubre. Pero se decidió esperar a mañana, sábado, en teoría con el fin de alejar el conflicto catalán del foco informativo en Bruselas y de la entrega de los premios Princesa de Asturias, esta tarde en Oviedo.
Sin embargo, diversas fuentes populares y socialistas no ocultan que el retraso "viene bien" para estirar el calendario todo lo que se pueda, a modo de "prórroga no declarada" del ultimátum ya vencido. Todavía confian en que Carles Puigdemont dé su brazo a torcer y convoque in extremis unas elecciones autonómicas -aunque él las llame "constituyentes"- que darían salida a la crisis.
Y es que no es ningún secreto que ni Mariano Rajoy ni Pedro Sánchez son entusiastas de intervenir Cataluña por los riesgos que conlleva esa operación en un territorio con siete millones de habitantes, de los cuales dos millones y medio son declaradamente independentistas. Por eso, ambos contienen la respiración para que Puigdemont no cumpla su amenaza de activar la Declaración Unilateral de Independencia (DUI), una verdadera línea roja que echaría por tierra su estrategia dilatoria para lograr un acuerdo.
Sáenz de Santamaría y Carmen Calvo recibieron ayer juntas en La Moncloa la respuesta de Puigdemont diez minutos antes de que se cumpliera el últimátum del Gobierno
Lo único comprobable, hasta el momento, es que parece que el tándem PP/PSOE para esta materia funciona. Y muestra de ello es que cuando la carta de respuesta de Puigdemont llegó ayer a La Moncloa a las 9:50 horas, diez minutos antes de que expirara el ultimátum, allí la leyeron juntas la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, y la negociadora socialista y profesora de Derecho Constitucional, la exministra Carmen Calvo.
Aún así, los socialistas no quieren más protagonismo que el imprescindible en un 155 que les quema entre las manos por las nefastas consecuencias que tiene en el PSC y porque una parte de su electorado más a la izquierda recela. Sánchez anuló una rueda de prensa en Bruselas, y en su lugar compareció en Ferraz el secretario de Organización, José Luis Ábalos, para advertir que el PSOE apoyará una intervención de Cataluña "lo más breve posible" y "muy, muy limitada".
Y el Gobierno ha encontrado la excusa perfecta en esos recelos para no ir más allá en una aventura que nadie sabe donde puede acabar políticamente. Se plantea quitar al presidente de la Generalitat, entre otras, la competencia para convocar elecciones.
Así, aunque le deje en el cargo, quedaría prácticamente como un presidente no ejecutivo con el fin indisimulado de forzar su dimisión. Así lo confirman distintas fuentes populares y socialistas a Vozpópuli, y así lo admitió el coordinador general del PP, Fernando Rodríguez Maíllo, al señalar que “la facultad (de convocar elecciones) la tiene el señor Puigdemont hasta que deja de tenerla”.
Por eso, lo más probable es que la intervención dure poco en el tiempo, lo justo para convocar esas elecciones autonómicas inmediatas que pide insistentemente Albert Rivera, aunque otros sectores de PP y PSOE no lo ven claro por la influencia de un independentismo victimizado y un Puigdemont mártir.
¿Qué pasa si una parte de los Mossos de Esquadra no cumple nuestras órdenes? ¿Les vamos a desarmar? ¿Estamos dispuestos a ir hasta el final?”, se preguntaban ayer con temor en las filas de PP y PSOE
El problema que plantea sustituir al actual presidente catalán es que su sucesor tiene que ser un diputado, porque así lo dispone el Estatuto; salvo que La Moncloa renuncie a nombrar "presidente provisional" y opte bien por un "ministro para Cataluña", como se ha llegado a especular, o por asignar las competencias a la vicepresidenta o a los ministros (los Mossos pasarían a depender provisionalmente del ministro Juan Ignacio Zoido, Economía de Cristóbal Montoro, etcétera).
Este último proyecto encaja mejor con la tesis socialista de la intervención mínima. Tanto en las conversaciones que han mantenido durante las últimas semanas Rajoy y Sánchez, como la que ayer mantuvieron Sáenz de Santamaría y la exministra Calvo, una idea clara es la de apurar los plazos hasta el final.
Un temor compartido por PP y PSOE es: por más que la intervención de la Generalitat sea "técnica", con el objetivo de vaciar de competencias a Puigdemont y respetando en todo momento el autogobierno, "¿que hacemos si hay resistencia por parte de los funcionarios?". Dicho de manera más dramática por una de las fuentes consultadas: "¿Qué pasa si una parte de los Mossos de Esquadra no cumple las órdenes? ¿Les vamos a desarmar? ¿Estamos dispuestos a ir hasta el final?".
