Todos los diputados socialistas aceptaron ayer la disciplina de voto y rechazaron el decreto defendido por el Gobierno para liberalizar el sector de la estiba. Sin embargo, no todo fueron aplausos a esta decisión en el Grupo Parlamentario. De hecho, algunos de sus miembros ni siquiera agitaron sus palmas en el hemiciclo para celebrar la derrota del PP en esta votación, al entender que un partido como el PSOE se ha dejado llevar en este caso por una “imposición absurda” cuya procedencia principal sitúan en la federación andaluza y, en concreto, en Susana Díaz.
Algunos diputados socialistas reconocen que va a ser difícil explicar a sus votantes el apoyo a los estibadores
Fuentes socialistas apuntan varias claves para explicar el voto negativo al decreto presentado por el Gobierno: la influencia andaluza, la de la Comunidad Valenciana y, por último, la postura de los sindicatos. “Susana Díaz, sobre todo, y Ximo Puig, son dos profesionales en garantizar la paz social a cambio de dinero. La primera se juega mucho en las primarias y no quiere que alguna voz sindical se levante contra ella”, resumen en el PSOE.
Los parlamentarios que no llegan a comprender bien cómo su partido ha aceptado estas imposiciones recuerdan que UGT no representa apenas nada en los 6.100 trabajadores afectados, mayoritariamente adscritos a la coordinadora de estibadores portuarios. “Esta coordinadora ejerce un papel parecido al del Sepla con los pilotos en sus buenos tiempos”, apunta un diputado conocedor del sector, asombrado por cómo “la ignorancia ha llevado a la mayoría del grupo parlamentario a aceptar sin presentar batalla una orden de esta naturaleza”.
“Mal vamos a poder justificar ante nuestros votantes”, comentaba ayer una diputada socialista, “que el responsable de la UVI de cualquier hospital público o un catedrático de Universidad gane de media la mitad que un estibador”. “Y menos aún”, abunda, “que acabemos defendiendo para los estibadores la mejora de las condiciones ofrecidas por el Gobierno, ya de por sí más que generosas, como las prejubilaciones a los 50 años con una media de 70.000 euros brutos por año. ¿Cómo explicaremos a más de 45 millones de españoles que hemos defendido los intereses de unos extorsionadores?”.
Mala imagen ante la UE
Las fuentes recuerdan que todos los pasos que dieron anteriores gobiernos socialistas y también Loyola de Palacio, ya desaparecida, cuando fue comisaria de Transportes de la Comisión Europea, fueron ineficaces para liberalizar este sector. “Ahora hemos contribuido a dar una pésima imagen de España ante la Unión Europea, la de un país incapacitado para liberalizar sus servicios públicos”.
El PSOE achaca un protagonismo determinante en este conflicto al presidente del Consejo Económico y Social, Marcos Peña, que actúa como mediador entre la patronal y los sindicatos. “Desde el principio advirtió que la solución pasaba por poner dinero sobre la mesa, al igual que se hizo con la minería. De esta forma, los trabajadores le han tomado la medida tanto al Gobierno como a los grupos parlamentarios”, comentan estas fuentes.
El control que ejercen los estibadores sobre las mercancías es clave para frenar la entrada de droga a España
Dentro del PSOE, algunos críticos con el voto negativo al decreto del Gobierno recuerdan también otra circunstancia que puede estar influyendo en una parte marginal de los trabajadores afectados por la liberalización de este servicio. “El control que se establece sobre las mercancías que entran por los puertos es clave para la entrada de droga en España, sobre todo en el puerto de Algeciras. Es un auténtico escándalo, del que nadie quiere hablar porque impera la ley del silencio…”.
Después de la votación de ayer, el enfado del Gobierno con el PSOE es pequeño si se compara con el que profesa contra Ciudadanos. “No son de fiar, la actitud de sus 32 diputados ha sido vergonzosa”, comenta un veterano diputado del PP.
