Oriol Junqueras cumple su compromiso con Cristóbal Montoro. El vicepresidente y responsable de Economia de la Generalitat envía escrupulosamente cada semana al Gobierno central el informe de las gastos de la administración catalana para que pueda comprobarse que no se desvía dinero público a la preparación del reférendum.
Junqueras asumió este encargo mediante una misiva que remitió al propio titular de Hacienda, quien reclamaba que fueran los interventores y responsables de cada consellería quienes se encargaran de recopilar y transmitir esta documentación. El líder de ERC dio un paso al frente y se erigió en responsable único de la operación para evitar a así cualquier incidencia con los funcionarios de la administración catalana, que habían sido advertidos por el propio TC sobre la ilegalidad de cooperar en cualquier medida relacionada con la preparación del plebiscito.
La información se transmite cada miércoles, tal y como exigió el Gobierno central, desde la vicepresidencia de la Generalitat hasta Hacienda a través de la intervención general. Ahí se detallan todos los gastos en los que incurren los distintos departamentos del Govern. Fuentes de la administración catalana señalan que, una vez remitido este material, no se entra en diálogo alguno con el ministerio, si acaso tan sólo para alguna precisión menor. No han trascendido por ahora que se hayan detectado contratiempos.
Junqueras está cumpliendo escrupulosamente con esta exigencia, anunciada públicamente el pasado 22 de julio por el portavoz del Ejecutivo, Íñigo Méndez de Vigo. "Si un Gobierno quiere utilizar el dinero para otras cosas que, además, son ilegales, tendrán que ser ellos quienes lo sufraguen, porque no lo pagarán con el dinero de todos los catalanes", dijo entonces el portavoz. Esta advertencia iba acompañada con la amenaza de que el Gobierno central cortaría el suministro de fondos del FLA en el caso de que no se cumpliera con lo reclamado.
¿El Govern en el punto de mira?
Esta medida se acordó una vez que Hacienda detectó un gasto de 6.000 y 19.000 euros en unas partidas destinadas a la preparación de la consulta ilegal que promueve el Gobierno de Puigdemont. El vicepresidente de la Generalitat evita cualquier tipo de roce innecesario no sólo con el Ejecutivo central sino también cualquier movimiento en falso que pueda acarrear algún problema con los tribunales.
El líder de ERC aspira a convertirse en su momento en presidente de la Generalitat, según es comentario común entre los independentistas. Su firma no ha aparecido hasta el momento en documento, orden o decreto alguno relacionado con la consulta ilegal por no arriesgar una posible inhabilitación, de acuerdo con estas fuentes.
La firma de Junqueras, que aspira a convertirse en su momento en presidente de la Generalitat, aún no ha aparecido en documento, orden o decreto alguno relacionado con la consulta ilegal
La hora de la verdad será la convocatoria del plebiscito, pendiente de la aprobación de una ley 'ad hoc' que aún no se ha tramitado desde la Mesa del Parlament. Las versiones que circulaban este martes en círculos del Pdecat es que posiblemente sea un decreto del Ejecutivo catalán quien la saque finalmente adelante, para evitar su tramitación parlamentaria, más susceptible de ser interceptada por los tribunales. En este caso, o bien sería un decreto suscrito personalmente por el president o quizás del Ejecutivo en su conjunto. Esta segunda opción no es del agrado de Junqueras, aunque en el entorno de Puigdemont se considera la más adecuada ya que se piensa que al Constitucional, llegado el caos, le resultaría muy complicado inhabilitar a todos los miembros del Ejecutivo.
A poco más de treinta días del 1-O, sigue siendo un secreto y una incógnita cómo se llevará a cabo el referéndum. Pese a declaraciones en contrario, no hay constancia material de que se hayan comprado las urnas, ni de que se hayan designado las juntas electorales, ni señalado los colegios, ni contratado las empresas para el escrutinio. Todo sigue siendo un secreto. De momento, y en plena tormenta tras la presentación de la denominada ley de ruptura, Junqueras cumple escrupulosamente con Hacienda.
