Hace casi doce años, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero pidió un informe al Consejo de Estado “sobre las modificaciones de la Constitución Española” que estudiaba impulsar. Corría marzo de 2005, el máximo órgano consultor trabajó el tema durante once meses después y parecía que asomaba la primera reforma de calado en la Carta Magna tras casi 30 años en vigor. Pero la iniciativa fue aparcada... y nunca recuperada. Así sigue siendo actualmente, pese a que hay más actores que nunca abogando por abrir ese melón y tres de los cuatro principales partidos (PSOE, Podemos y Ciudadanos) se presentaron a las elecciones generales con propuestas en dicho sentido.
PNV y PSE pretenden activar la reforma desde el País Vasco y también el pacto de investidura PP-C’s contempla “estudiar la actualización del texto constitucional” -“tomando como referencia”, precisamente, el mencionado informe del Consejo de Estado de 2006-. Todas las formaciones, salvo la de Mariano Rajoy, se posicionaron claramente a favor de la modificación la semana pasada, durante la comparecencia de Soraya Sáenz de Santamaría ante la Comisión Constitucional del Congreso. Los socialistas van más allá y aseguran que en breve expondrán sus planes para comenzar a debatirlo; el Rey sondeó el asunto en su ronda de consultas previa a la investidura; el Gobierno ya no se cierra en banda, sino que pide “concreción” en las propuestas... ¿Será esta la legislatura de los cambios profundos en la norma suprema?
La Constitución Española fue refrendada por los ciudadanos hace 38 años y desde entonces no se ha tocado, a excepción de dos ligeros cambios efectuados para adaptar el texto a los postulados europeos. El primero se hizo en 1992 y consistió en añadir dos palabras -“y pasivo”- al artículo 13.2 para cumplir con el Tratado de Maastricht: “Todo ciudadano de la UE que resida en un Estado miembro del que no sea nacional tendrá derecho a ser elector y elegible en las elecciones municipales del Estado miembro en el que resida”.
La Carta Magna solo se ha alterado para introducir dos leves retoques exigidos por Europa (1992 y 2011)
El segundo, muy criticado desde las fuerzas a la izquierda del PSOE, lo pactaron los dos grandes partidos en 2011 para introducir en el artículo 135 el compromiso con la estabilidad presupuestaria. Nada más se ha alterado, nada nuevo se ha añadido, en los casi 40 años de vida de una ley alumbrada mucho antes de que España se integrara en el proyecto comunitario, de que se confeccionara el Estado autonómico o de que se inventara Internet. Las intenciones de una mayoría del poder legislativo apuntan con más firmeza que nunca hacia la modificación constitucional, pero lo cierto es que el consenso sobre qué cambiar y cómo hacerlo está muy lejano.
El Consejo de Estado se posicionó sobre cuatro posibles cambios concretos, en general bien valorados por todo el espectro político: la “supresión de la preferencia del varón en la sucesión al trono”; la “percepción del proceso de convergencia europea” en el articulado; la introducción de la “denominación de las comunidades autónomas”; y la “reforma del Senado”. Son los ámbitos donde más perentoria se hace la actualización, pero los partidos que abogan por la reforma pretenden ir más allá, cada uno hacia una dirección.
Manifiesto del PSOE
El PSOE difundió este lunes un manifiesto con motivo del 38º aniversario de la Constitución poniendo el énfasis en la necesidad de cambiarla: “La España de 2016, en cualquier caso, no es la de 1978”. Los objetivos que a su juicio debe perseguir la reforma son: “proteger y garantizar” el Estado del bienestar y los “derechos básicos de las personas”; “fortalecer y ampliar los derechos fundamentales”; “mejorar la calidad democrática”; modernizar el modelo territorial “en un sentido federal”; y “adecuar y reforzar” la articulación con la UE. “El Partido Socialista está dispuesto al diálogo, a tender puentes”, resaltan, porque “la mejor forma de defender la Constitución será actualizarla”.
Ferraz promete "tender puentes" para cambiar la ley de leyes: “La mejor forma de defenderla será actualizarla"
Las líneas esbozadas por Ferraz son las mismas que figuraron en el programa electoral de Pedro Sánchez, donde se detallaban hasta 40 cambios para reeditar el “pacto de convivencia”, tales como: garantizar la financiación de los servicios sociales en el artículo 135, reconocer como fundamental el “derecho a la salud”, “dotar de contenido el derecho a la vivienda”, “atribuir a las personas y no solo a los españoles el derecho a la igualdad ante la ley”, “abolir la pena de muerte”, “limitar el aforamiento de parlamentarios y miembros del Gobierno a los supuestos relacionados con el ejercicio de su cargo”, “incrementar la proporcionalidad del sistema electoral”…
Algunos de ellos fueron incluidos en el pacto de Gobierno que PSOE y Ciudadanos firmaron en febrero, en la legislatura fallida. Ambos partidos se comprometieron entonces a “blindar los derechos sociales” en la Carta Magna, reformar el sistema electoral y abordar los cuatro cambios sobre los que se manifestó el Consejo de Estado hace más de una década. El acuerdo quedó en papel mojado, pero vendría a fijar el campo de encuentro entre estos dos partidos si finalmente se abre camino la reforma de la ley.
El partido de Albert Rivera considera prioritario revisar las funciones y organización del Senado -su postura de máximos es suprimirlo y sustituirlo por una Conferencia de Presidentes Autonómicos-; cambiar el sistema electoral en base al principio “una reforma, un voto”; despolitizar el Consejo General del Poder Judicial; o eliminar aforamientos. Todas estas medidas pueden ejecutarse parcialmente cambiando leyes orgánicas, pero C's es partidario de variar los postulados constitucionales de las mismas. Eso sí, después de haber hilvanado un consenso suficiente: Rivera no quiere lanzar tentativas sin más, como aseveró este lunes al valorar la fallida experiencia italiana.
Su pacto con el PP incluye el citado compromiso de “estudiar” la actualización de la Carta Magna, pero también algunas medidas que podrían requerir de una reforma constitucional para desarrollarse -la limitación del mandato del presidente del Gobierno o la “reducción” de los aforamientos ligados a cargos políticos-. Impulsar un cambio, por mínimo que fuera, abriría la puerta a debatir sobre cualquier otro en el trámite parlamentario. Y a que 35 parlamentarios forzaran un referéndum para validarlo, pues basta con que lo pida el 10% del Congreso o del Senado para que tenga que convocarse. Pablo Iglesias, que lidera a los 67 diputados de Unidos Podemos, ya ha adelantado que lo haría.
Leves amagos desde el PP
Los aforamientos ha sido el tema que más ha acercado al PP en los últimos años a alterar el articulado constitucional. Alberto Ruiz Gallardón propuso durante su etapa como ministro de Justicia “establecer una limitación drástica” de dicha figura para que pasaran de 17.621 a 22 las personas aforadas. “Desde mi punto de vista, los únicos aforamientos que deberían subsistir en España son, aparte de los que afectan a la familia real, los de los titulares de los poderes del Estado: el presidente del Gobierno, los presidentes del Congreso y del Senado, el presidente del Tribunal Constitucional y el presidente del Tribunal Supremo, más los 17 presidentes de las comunidades autónomas, y esto suma 22 personas”, declaró en El País en 2014.
Su sucesor en el Ministerio, Rafael Catalá, puso de nuevo el tema en la agenda un año después, al manifestar que “se puede hacer una reflexión tranquila, razonable, fruto de la experiencia en convivencia que llevaría a un planteamiento de reforma de la Constitución, sin duda”. El PP se desmarcó de ese discurso en las semanas siguientes y dejó la propuesta fuera de su programa de las generales. Catalá volvió sobre este punto ayer lunes al defender en el Congreso la reducción de los aforamientos de cargos públicos y emplazar a un debate pausado sobre “el cómo, quién y cuándo podría llevarse a efecto esa limitación”, toda vez que necesita una “técnica legislativa ciertamente compleja”.
Gallardón, Catalá y Margallo se manifestaron a favor de introducir reformas en la Constitución
Rajoy no ha planteado hasta ahora cambios en la Carta Magna ni como respuesta al desafío secesionista catalán, aunque amagara con hacerlo a principios de año, cuando buscó un Gobierno de concentración junto a PSOE y Ciudadanos. “Está dispuesto a hablar de un reforma constitucional”, confirmó en enero su ministro de Exteriores en funciones, José Manuel García Margallo, probablemente el miembro del Gobierno más proclive a la reforma de cuantos han pasado por el Consejo de Ministros del actual presidente. Nada más se supo de esa disposición.
Lo cierto es que de momento, y a la espera de ver cómo evoluciona la legislatura y si se constituye una subcomisión para tratar la modificación de la ley de leyes, el tema sigue en stand by. “No debemos abrir debates que no sepamos cómo cerrar”, advirtió Santamaría en la Comisión Constitucional del Congreso. El Gobierno no tiene intención de liderar la reforma, aunque el resto de partidos pueda forzar al PP a aceptar el debate. Es lo que intentará el PSOE en próximas fechas, desde la Cámara baja y también articulando junto al PNV una reforma del Estatuto de Guernica que requeriría nuevo encaje constitucional. Veremos con qué grado de éxito.
Otros partidos minoritarios también han lanzado sus propuestas, como Coalición Canaria -quiere que se consagre la condición de “ultraperiferia” de las islas- o UPN -pretende eliminar la disposición transitoria cuarta, que contempla la posibilidad de que Navarra se incorpore al País Vasco-. Podemos, por su parte, ha blandido distintos discursos desde su nacimiento, manteniéndose constante la apuesta por ejecutar reformas como la del sistema electoral -muy en la línea de Ciudadanos-, la despolitización del CGPJ, reforzar la protección de los derechos sociales o buscar un nuevo modelo territorial -Iglesias defiende el derecho a la autodeterminación de las comunidades autónomas-. La oposición de tierra quemada que está desarrollando, en cambio, pone muy difícil que pueda participar de la reforma constitucional si finalmente se aborda.
Cualquier cambio, en todo caso, requerirá de amplio consenso para llevarse a cabo. La Constitución establece procesos de mayorías reforzadas en las Cortes para desarrollarlos y la obligatoriedad de que se validen en referéndum cuando así lo solicite un 10% de los miembros de cualquiera de las Cámaras y siempre que la alteración afecte al Título Preliminar, a los derechos fundamentales o a la Corona.
