“Como no cambien el chip… Qué mal lo van a pasar”. El portavoz parlamentario del PNV, Aitor Esteban, fue muy elocuente en la sesión de investidura de Mariano Rajoy al señalar el abismo que separa al nacionalismo vasco del PP. Un distanciamiento cultivado en la época de la mayoría absoluta que pone ahora muy difícil cualquier entendimiento. Incluyendo, claro, uno que pudiera lograr el ‘sí’ de los diputados jeltzales a los Presupuestos Generales del Estado.
Esta semana, todas las miradas se han puesto en el PNV y en la posibilidad de que se abra a dar apoyo al Presupuesto de 2017, ley que Rajoy tiene que sacar adelante las próximas semanas. La negativa del PSOE a negociar su abstención deja al Gobierno un solo camino hacia el éxito: pactar con Ciudadanos, PNV, Coalición Canaria, y Nueva Canarias. O articula esta compleja operación o tendrá más 'noes' que 'síes' a los PGE y la legislatura se verá abocada al fracaso… Salvo que lo evite un nuevo bandazo de los socialistas.
Esteban: "El Gobierno se ha tomado con calma la tramitación del Presupuesto"
Moncloa parece haberse puesto a la tarea. La reunión de la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, con Aitor Esteban el martes en el Congreso mostró que se está tanteando si hay agua en la piscina. El propio Rajoy telefoneó al día siguiente al presidente del partido nacionalista, Andoni Ortuzar, para informarle del encuentro. Una llamada “de cortesía”, matiza el PNV: “Nada más”. No hay más reuniones previstas. “El Gobierno español se ha tomado con un poquito de calma la tramitación del Presupuesto”, decía Esteban este viernes en la COPE. Una decisión que comparte, añadió.
Alargar los plazos, en cambio, no neutralizará la gran encrucijada que se le plantea al Ejecutivo. Tiene que avanzar en dos sentidos contrapuestos a la vez: hacia el modelo ‘antiprivilegios’ de Ciudadanos y hacia la seducción al partido que ocupa el poder en el País Vasco y que se dice agraviado por los “ataques al autogobierno” de los últimos años.
El partido naranja condiciona su 'sí' al desarrollo del pacto de investidura que firmó con el PP, que incluye tres medidas de gran impacto presupuestario: reforma del Impuesto de Sociedades para eliminar exenciones a grandes empresas, complemento salarial y plan de choque contra la pobreza infantil. Las nuevas ayudas sociales tendrían un impacto total de 5.000 millones, aunque los de Rivera están abiertos a renegociar esa cifra porque entrarían en vigor en marzo, no en enero.
Cumplir con la UE
A la vez, el Gobierno debe cumplir con Bruselas. Está previsto que el año acabe con un déficit de al menos el 4’6% del PIB, cifra que deberá bajar al 3’1% en 2017, según la senda pactada con las instituciones comunitarias. Con la economía creciendo por encima del 2%, se calcula que habrá que implementar un ajuste adicional de 5.500 millones. Es decir, que para cumplir con Rivera y con Bruselas el Gobierno necesita unos diez mil millones de euros que, según Rajoy, no saldrán de subir los impuestos “importantes”. Ciudadanos ha advertido de que no aceptará recortes sociales, asegurando que hay margen en Sociedades y lucha contra el fraude para cuadrar las cuentas. El Gobierno no lo acaba de ver y ya planea rebajar en 3.000 millones el techo de gasto, tal y como ha informado la Cadena SER.
A la par que cuadra ese complejo sudoku, el Ejecutivo tiene que ir ganándose al PNV. En la primera cumbre Santamaría-Esteban no se entró a fondo en números. Solo se abordó “una perspectiva genérica un poquito más allá de lo que se ha publicado en los medios”, según los nacionalistas. Esteban lleva meses reclamando que necesita ver “un cambio de actitud” en el PP para plantearse cualquier acuerdo, más allá de poner contrapartidas encima de la mesa.
El PNV exige que el Gobierno retire recursos de inconstitucionalidad que ha presentado ante iniciativas de Urkullu
Fuentes del partido jeltzale apuntan que ese viraje se percibiría con la retirada de algunos recursos contra iniciativas del Gobierno vasco que Moncloa ha llevado al Constitucional. Han sido decenas en los últimos años, como le afeó Esteban a Rajoy en los debates de investidura, a lo que el presidente respondió recordando que la mayoría de conflictos se resolvieron de mutuo acuerdo y que también el Ejecutivo de Urkullu recurrió leyes estatales.
Especialmente molesto se muestra el PNV con la “obsesión” del Gobierno respecto a las políticas autonómicas sobre la Ertzaintza. Los nacionalistas quieren que cesen las iniciativas contra las ofertas de empleo público realizadas para cubrir jubilaciones en el cuerpo y las trabas a su participación en organismos internacionales. También son muy críticos con el recurso ante la ley de reparación de víctimas, interpuesto el 25 de octubre, día del aniversario del Estatuto de Guernica. Una demostración más, a su juicio, de lo alejadas que están las posturas en lo que el PNV denomina la gestión de la “convivencia” tras el fin del terrorismo de ETA.
Rosario de demandas
Enterrar el hacha de guerra en esos asuntos sería condición imprescindible para sentarse incluso a negociar. Después habría que abordar lo que Esteban denomina la “agenda vasca” y que expuso con todo lujo de detalles en la investidura de Rajoy. “Si bien me quieres, Mariano, da menos leña y más grano”, le dijo tras enumerar el catálogo de demandas.
El PNV quiere, además de que termine la “judicialización de la política”, una serie de cosas muy concretas: que se impulse el tren de alta velocidad en la denominada Y vasca; un viraje en la política educativa; que cese la “intromisión en competencias sanitarias”; avanzar en la descentralización de la gestión de infraestructuras “como ferrocarriles o aeropuertos” y de la política de seguridad social; o garantizar el cierre definitivo de la central nuclear de Garoña. Todo ello aparte de cambios en la política económica -“compensar” la austeridad con “políticas de demanda”-, laboral -trabajar para cambiar el modelo productivo y crear empleo de calidad, subir el salario mínimo- o social –impulsar el desarrollo de la ley de memoria histórica-. Y la madre del cordero: la negociación del cupo.
El pacto de Sánchez con Ciudadanos ya alejó al PNV de la posibilidad de apoyar su candidatura
Por amplio que pueda parecer el compendio, no es un programa de máximos, puesto que el PNV aspira a una reforma integral del modelo territorial en base a tres criterios -reconocimiento de la nación vasca, bilateralidad y árbitro neutral- que sabe perfectamente que no puede plantear al Gobierno de Rajoy.
¿Cuántas de esas demandas serían suficientes para el 'sí' a los Presupuestos? “Ni nos lo planteamos, responden los jeltzales, a la espera de que se cumpla la conditio sine qua non del “cambio de actitud” para empezar a hablar. ¿Cuántas serían asumibles por Ciudadanos? El partido de Rivera exige que los acuerdos que el Gobierno alcance con otros actores sean compatibles con el suyo. Por eso, sabedores de lo difícil que tienen encajar con el nacionalismo, piden que el PSOE negocie una abstención.
Al PNV no lo vetan de entrada, pero casi lo hacen en la práctica al rechazar concesión alguna al nacionalismo y defender un cupo más alto, cuando no la supresión directa del concierto económico. El suyo es un ideario opuesto a las veleidades nacionalistas, algo que puso de relieve Esteban para votar ‘no’ a Pedro Sánchez y para descartar cualquier acercamiento a Rajoy: caminar hacia C’s es hacerlo en dirección contraria a donde están los soberanistas. El gobierno tendrá que cuadrar el círculo para hacer converger a ambos en torno a un mismo Presupuesto. Y luego le quedaría abordar la “agenda canaria” con un partido de centro derecha (Coalición Canaria) y otro de centro izquierda (Nueva Canarias). Será por eso que el Gobierno y el PP, con Rajoy a la cabeza, siguen pidiendo al PSOE que acepte una negociación.
