El poder legislativo y el ejecutivo se encaminan a un choque de trenes que con toda probabilidad acabará en el Tribunal Constitucional. La Mesa del Congreso se ha ratificado este martes en su decisión de tumbar dos vetos del Gobierno a iniciativas legislativas de la oposición -para paralizar la LOMCE y para mejorar las condiciones de trabajadores subcontratados-, desoyendo así el recurso de reconsideración presentado por el Ejecutivo. Hace semanas que la Cámara baja tomó esta determinación en su órgano rector -con el apoyo de PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos y la oposición del PP-, en la que ahora se reafirma. Moncloa entiende que esas propuestas, y otras 14 más, afectan al Presupuesto y por tanto puede ejercer la prerrogativa constitucional de vetarlas. La oposición, en cambio, lo cree injustificado para estos dos casos concretos. Para otros cuatro, ha solicitado información adicional. Y los diez restantes sí han sido atendidos.
La Mesa ha estudiado el informe que reclamó a los letrados sobre el asunto -que muestra reservas sobre un levantamiento sistemático de vetos del Gobierno- y ha decidido avalar diez de los 16 escritos presentados por el Ejecutivo para neutralizar iniciativas de la oposición o de Cámaras regionales. Lo ve improcedente, en cambio, para las dos proposiciones de ley ya citadas. Una de ellas, la de paralización de la LOMCE, ya fue admitida a trámite por el pleno; la otra se debatirá en la sesión de la semana que viene.
La que no puede tramitarse por el momento es la que exige revalorizar un 1'2% las pensiones en 2017. Esta iniciativa es una de las cuatro que requieren información adicional, a juicio de una mayoría de la Mesa. El PSOE está en contra de tal decisión, pues es partidario de levantar ya mismo el veto, pero PP y Ciudadanos han hecho valer su mayoría. Unidos Podemos se ha abstenido, para sorpresa de los socialistas. El Gobierno tiene ahora quince días para presentar nuevas alegaciones, tras lo cual llegará la decisión final del Congreso. Antonio Hernando, portavoz parlamentario del PSOE, ha asegurado que los populares buscan alargar los plazos para que venza este ejercicio presupuestario y la decisión tenga que tomarse en el siguiente. Y es que la ley recoge que el Gobierno puede vetar iniciativas que afecten a las cuentas en vigor, no a futuros Presupuestos.
Los otros tres vetos sobre los que la Mesa ha pedido más información pretenden tumbar iniciativas relativas a las tasas judiciales, la sanidad pública y la pobreza energética. Entre la decena de vetos atendidos figuran cuatro procedentes de Parlamentos autonómicos -Murcia, Galicia, País Vasco y Baleares-, de menos impacto político.
Lo que no se ha atendido es la demanda de Podemos de acordar un proceder único para estos casos. La formación de Pablo Iglesias quería que la Cámara se declarara competente o no para levantar vetos del Gobierno, pero el resto cree que es mejor analizar caso por caso. Cuando se entienda que el escrito del Gabinete es “manifiestamente razonable”, se admitirá el veto, como ha ocurrido ya con una decena de ellos. Cuando se considere “arbitrario”, será rechazado, como ocurre con los relativos a la LOMCE y la subcontratas. El Ejecutivo ya se dijo dispuesto a ir al TC, puesto que está convencido de que la prerrogativa de vetar iniciativas legislativas no se puede discutir. Si el conflicto se mantiene, tendrá que ser el Constitucional quien resuelva quién tiene razón.
