La Audiencia Nacional aparta del procedimiento unos mensajes por Telegram del empresario que demostrarían que tuvo una relación con el exjuez "que va más allá de la amistad"

La Sala de lo Penal declina atribuir cohecho a José Carlos Boza por el presunto cobro de comisiones con la concesión de un contrato de estacionamiento a un grupo de empresas vinculadas al cerebro de la trama Púnica

El magistrado explica que acordó el archivo para Figar, Manuel Pérez, pese a que no formaban parte de la Pieza 9, sobre la presunta financiación irregular del PP madrileño, por la conexidad entre ambas investigaciones

La sección cuarta de la Sala de lo Penal estima parcialmente el recurso de la Fiscalía Anticorrupción y devuelve la condición de imputados a Lucía Figar, al exviceconsejero Manuel Pérez y a otros dos investigados

Piden para él 26 años de prisión, y 17 y seis meses para el exgerente del PP de Madrid Beltrán Gutiérrez. Mientras tanto, el que fue jefe de Gabinete, Aguirre Borja Sarasola, se lleva la mayor pena: 59 años de cárcel

Será el segundo juicio de este caso de supuesta corrupción, después de que en 2017, hace ya cinco años, Granados se sentase por primera vez en el banquillo por una pieza menor

Pide a la Audiencia que refrende la decisión del juez de zanjar la investigación y dice que las acusaciones de Guillermo Ortega sobre una presunta caja B en el PP madrileño son un "insulto a la inteligencia"

Pide enviar al banquillo a Granados y una decena de personas por la caja B del PP madrileño, pero exonera al grueso de imputados, entre ellos Aguirre y González. Alega falta de pruebas y delitos prescritos

El juez toma declaración el 26 de mayo al presunto cabecilla de la trama, David Marjaliza, y al denunciante de una supuesta adjudicación que se habría amañado a cambio de comisiones

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha dado por concluida la instrucción de una de las piezas de la denominada trama Púnica, la número 7, que investiga

El instructor del caso Púnica, Manuel García Castellón, ha acordado el sobreseimiento provisional respecto de la expresidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes, de la Letrada de la Asamblea de

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha acordado el sobreseimiento provisional de la imputación de Indra como persona jurídica en la pieza 9 del 'caso Púnica', en

Juan Miguel Villar Mir, fundador del grupo OHL, ha estado más de dos años imputado por los casos 'Púnica' y 'Lezo'. La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional acaba de decidir el sobreseimiento de las causas contra Villar Mir

La defensa del exconsejero madrileño reclama que se declare la falta de legitimación para ostentar la acusación popular de PSOE y ADADE en esta causa

Los socialistas destacan su posible vinculación con una de las empresas que podrían haber tenido "intereses inmobiliarios" en un plan de urbanismo de Valdemoro (Madrid), que se investiga en una de las piezas de la causa

Arturo González Panero afirma que Esperanza Aguirre tenía el "control absoluto" tanto en la Comunidad de Madrid como dentro del partido

La expolítica ha acudido a la toma de posesión de la popular Isabel Díaz Ayuso como presidenta de la Comunidad de Madrid

La Fiscalía ha rebajado las 16 piezas en las que se había desgajado la investigación

El caso Púnica continúa desgranando nombres. Este jueves se ha conocido que el juez que lleva el caso, Manuel García Castellón, ha citado como imputados a Juan Miguel Villar Mir

Apelan a los derechos constitucionales de presunción de inocencia, tutela judicial efectiva e interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos

A la también exalcaldesa de Cartagena, que goza de la condición de aforada, se le imputan los delitos de fraude, malversación de caudales públicos, cohecho, prevaricación continuada y revelación de información reservada.

El exconsejero de la Comunidad de Madrid y su 'amigo' David Marjaliza veranean en la misma urbanización de lujo de Marbella aunque no se les ve habitualmente juntos

Cohecho, malversación de caudales públicos, fraudes contra la Administración pública, negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios, aprovechamiento y uso de información privilegiada, etc, etc. La adjudicación de suelo público de la región de Madrid "se convirtió en un botín a repartir y el motor de una red clientelar de empresas promotoras y constructoras", sotiene el juez. 

El magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la Región, instructor del denominado caso 'Púnica' en Murcia, Enrique Quiñonero Cervantes, ha iniciado las Diligencias Previas 3/2017 en las que se

La intención es que se indique qué influencia pudo ejercer Granados sobre la gestión de otros consejeros y si él tenía o no la supuesta superioridad jerárquica que le atribuye la UCO.

El informe de la UCO sobre las supuestas irregularidades en la contratación de festejos en el Ayuntamiento de Valdemoro va mucho más allá de un simple fraude de ámbito municipal. El documento policial también revela que el PP se 'ahorró' una importante cantidad de dinero en la organización de actos electorales de manera similar a como ocurrió en el 'caso Gürtel' y que le ha llevado al banquillo de los acusados como "partícipe a título lucrativo".

El 'popular' Pedro Antonio Sánchez asegura poder demostrar "documentalmente" que su relación con la trama de investigación que investiga el juez Velasco no llegó a materializarse y que, por tanto, no hubo delito. Trece de esos papeles ya se encuentran en el sumario.

La Guardia Civil considera que la Consejería pagó con dinero público trabajos que beneficiaban a la imagen personal y carrera política de Figar.

El juez Velasco cita a declarar para el 13 de septiembre a un trabajador de la Consejería de Educación del gobierno de Pedro María Sánchez que le ha remitido varias cartas con información sobre la trama. Este era el departamento del Ejecutivo autonómico que el hoy máximo dirigente regional encabezaba cuando tuvo los tratos con la red para mejorar su imagen que investigan el magistrado y la Guardia Civil. 

Agentes de la UCO acuden a Brunete para recabar documentación sobre la licitación de un contrato millonario al que aspiraba Cofely, una de las principales empresas de la trama. Este municipio madrileño aparece mencionado de manera reiterada en la confesión del constructor David Marjaliza, en 'pinchazos' telefónicos y en diversos documentos intervenidos.

 El juez Jesús María Santos Vijande, elegido miembro del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en 2014 sólo con los votos de los diputados 'populares' de la Asamblea de Madrid, formula un voto particular en la decisión de este tribunal de aceptar la competencia para investigar al ex alcalde de Móstoles, Daniel Ortiz, en el que pide anular interrogatorios e informes que sustentan las acusaciones contra éste en el amaño del mayor pelotazo de la trama de corrupción.  

El ex fiscal Enrique Molina, que llevaba la defensa del político y su mujer, remite al juez Eloy Velasco un escrito en el que anuncia que a partir de ahora se hará cargo Carlos Zabala, especialista en derecho penal del bufete Ramón y Cajal. 

Un informe de la UCO relaciona la trama Púnica con la consejería de Educación de Murcia cuando estaba encabezada por Pedro Antonio Sánchez, hoy presidente de la Comunidad. La Guardia Civil le pide al juez que lo cite como investigado.

El Ministerio Público entiende que si el ex consejero madrileño queda en libertad podría acceder a testigos claves del procedimiento e incluso ayudar a la ocultación de pruebas. 

El magistrado ha solicitado en los últimos meses informes a la Agencia Tributaria sobre este organismo. Así lo revela el último auto del instructor..         

A comienzos de septiembre del año pasado, la Guardia Civil interrogó a varios empleados de Waiter Music, la empresa dedicada a organizar espectáculos que acaparó concursos en los ayuntamientos de la Comunidad de Madrid gobernados por el PP. Los agentes les preguntaron por las adjudicaciones de los contratos de festejos y conciertos en este municipio, y por la gestión de la plaza de toros del mismo.

La investigación de la trama que presuntamente encabezaba Francisco Granados ha permitido al juez Velasco descubrir varias vías de recaudación de fondos supuestamente irregulares de los 'populares' en Madrid. Desde el maletín de los empresarios al pago en 'especie': encuestas, trabajos 'online' y organización de mítines 'gratis total'.

Agentes de la Guardia Civil han registrado los domicilios del yerno de Villar Mir y de Gutiérrez Moliner por supuestos pagos del primero al segundo para financiar al PP. Los hechos investigados, según ha informado la Audiencia Nacional, podrían encajar en los delitos de cohecho y blanqueo de capitales.

Eloy Velasco pide al Banco de España información sobre la "apertura, cancelación o movimientos de cuentas bancarias en el exterior" por parte de Inés de Borbón y Borbón "con especial hincapié" en las que tuviera en el país helvético.

La declaración que durante tres días de junio realizó David Marjaliza ante el juez Velasco aún permanece secreta. Quienes conocen sus detalles aseguran que, además de confirmar muchos de los datos que ya obraban en la causa, el constructor también hizo significativas revelaciones sobre el papel en la trama de su amigo Francisco Granados y de otros políticos aún no salpicados por el sumario.

El ex número 2 el Gobierno de Ignacio González había conseguido suspender el interrogatorio tras alegar un error procesal al haber sido citado cuando aún estaba aforado. La maniobra no ha impedido que vuelva a ser encausado y tenga que comparecer el próximo 20 de julio. Lucía Figar sí ha contestado a las preguntas del juez.

El empresario David Marjaliza, que ya había comparecido el jueves y el viernes pasado durante cinco horas, vuelve a acudir a la Audiencia Nacional tras dejar a un lado su negativa a colaborar. Aún no ha trascendido nada sobre su contenido.

Desde las 36 detenciones y 15 imputaciones del 27 de octubre, el juez Eloy Velasco ha incorporado 45 implicados más a la causa. Los últimos, los cinco aforados del PP. No serán los últimos. Para después del verano se prepara una segunda fase de la operación. 

El magistrado quería saber si entre los clientes de EICO, la empresa de reputación 'online' bajo sospecha, se encontraban la alcaldesa de Madrid y Pilar Barreiro, parlamentaria y regidora 'popular' de Cartagena. La primera niega cualquier relación con la mercantil de la trama. La segunda admite un encargo menor para una exposición.

Son Salvador Victoria, 'número 2' de Ignacio González, el exalcalde de Valdemoro José Miguel Moreno y el regidor de Sevilla la Nueva, Mario de Utrilla, todos diputados autonómicos. La Guardia Civil busca en la documentación intervenida datos que refuercen los indicios que ya hay contra ellos.