El juzgado ordenó colocar micrófonos en el despacho profesional de Ignacio González, ante la "especial gravedad de los delitos investigados" y "las precauciones de la trama en sus conversaciones telefónicas" por las filtraciones que recibió desde el primer minuto. Según la Cadena Ser los agentes entraron en el despacho de González de madrugada acompañados del secretario judicial que levantó acta de la actuación. 

La magistrada ordena remitir una nueva comisión rogatoria a las autoridades de Washington para recabar información sobre la sociedad Ambassador Pasadena Homes Llc, registrada en el paraíso fiscal de Delaware. Esta mercantil figura a nombre del presunto testaferro Rudy Valner y fue sustituida por Walfort Overseas Investments, la firma creada por el despacho panameño Mossack & Fonseca que se ha revelado como clave en la compraventa de la vivienda de lujo del ex presidente madrileño.

El ex presidente de la Comunidad de Madrid recurrió ante la juez de Estepona que instruye el sumario la decisión de ésta de encargar a la unidad especializada en delitos económicos la investigación. Alegaba que no era competente. La magistrada tumba la pretensión y considera que la especialización de sus agentes convierte a éstos en los más indicados para las infracciones que se persiguen, cohecho, blanqueo y contra la Hacienda Pública.

La Policía de Estepona remite a la magistrada que instruye la causa contra Ignacio González y su mujer un escrito en el que le informa que será el grupo especializado en delincuencia económica el que se encargue de las pesquisas. En 2012, el ministro del Interior cesó a los dos mandos que las iniciaron y prohibió a esta unidad seguir con ellas al considerarlas "ilegales".

La magistrada Isabel Conejo libra un oficio a la comisaría de Estepona (Málaga) para que le asignen agentes para el "esclarecimiento de los hechos y de las personas responsables" de la compraventa de la vivienda de lujo de Ignacio González. La última actuación de la Policía Nacional se remonta a junio de 2012, cuando el entonces comisario general de Policía Judicial, José Enrique Rodríguez Ulla, fue destituido fulminantemente por Interior precisamente por encargar un informe a la UDEF sobre el inmueble.