Una de las cuestiones del funcionamiento interno de Ciudadanos sobre las que el PP está dispuesto a exigir más transparencia es el alquiler de su sede nacional, ubicada en el número 253 de la calle Alcalá de Madrid. Según ha podido saber Vozpópuli, los populares tienen este asunto en su punto de mira en caso de que finalmente se constituya en el Senado una comisión de investigación sobre la financiación de todos los partidos políticos. Las fuentes consultadas avanzan que "hay todavía mucho por saber" sobre los términos en que Ciudadanos se instaló a finales de 2015 como inquilino de dicho inmueble, propiedad de la compañía de seguros Caser. Y es que tales fuentes apuntan a que la formación de Rivera habría salido especialmente favorecida de una operación a "precio amigo".
El PP ha avanzado que piensa contrarrestar con dicha comisión de investigación en la Cámara alta -donde tiene mayoría absoluta- el impacto de la que PSOE, Ciudadanos y Podemos quieren poner en marcha en el Congreso de los Diputados, en este caso, sólo respecto a presuntas ilegalidades en las cuentas de Génova.
Detrás del contrato de arrendamiento de Ciudadanos con Caser está CaixaBank. La entidad que presidía Isidre Fainé es avalista del partido de Albert Rivera en este alquiler y, al mismo tiempo, accionista (5,48%) de la compañía de seguros que ostenta la propiedad del inmueble. La formación naranja se instaló en la planta baja y entreplanta de Alcalá 253 en diciembre de 2015, a escasas semanas de las elecciones generales del 20-D. Y lo hizo a toda prisa después de que se cancelara in extremis la mudanza prevista a las dos primeras plantas del número 16 del Paseo de Recoletos. El piso de la calle Carranza 5, primera sede en Madrid, se había quedado demasiado pequeño.
La versión oficial del partido para justificar este cambio de planes fue que el enclave de Castellana había sido desaconsejado por expertos técnicos debido a problemas de seguridad y de perímetro (era muy complicado el estacionamiento cercano de unidades móviles). Sin embargo, fuentes de C's también deslizaron en su día que la elección de un lugar tan ostentoso como el Paseo de la Castellana de Madrid no daba la mejor imagen para un partido que apuesta por la regeneración. Así, muchos cuadros de la organización coincidían en que la sede nacional debía estar en una zona más económica.
Pero ahora, según las fuentes consultadas, hay indicios que Ciudadanos no sólo encontró el nuevo inmueble a un coste menor, sino que halló tal acomodo "rápidamente" y a un "precio de ganga", muy cerca de Plaza de Toros de Las Ventas y la M-30. El partido de Rivera estuvo a punto de pagar 12.000 euros al mes por las dos plantas del número 16 del Paseo de Recoletos, que sumaban 800 metros cuadrados aproximadamente. Sin embargo, al final recaló en 700 metros del 253 de la calle Alcalá. Aquí, tal y como informó en su día la dirección naranja, el pago fue de 7.200 euros (más IVA) en total por los tres meses comprendidos entre el 1 de diciembre de 2015 y el 28 de febrero de 2016.
La operación se fraguó a poco más de 4 euros el metro cuadrado, cuando, en realidad, el precio es tres veces mayor en el mismo enclave
El equipo de Rivera argumentó que no habían firmado más meses porque su continuidad allí dependía del resultado que obtuviera en las elecciones del 20-D. Sin embargo, las fuentes consultadas sostienen que la cúpula de C's supo desde el primer día que su estancia en este edificio sería prolongada. De este modo, el alquiler mensual salió a Ciudadanos a unos 2.900 euros (IVA incluido). Para un espacio de 700 metros, la operación se fraguó a poco más de 4 euros el metro cuadrado. Sin embargo, este diario ha acudido a portales online de alquiler de oficinas y ha constatado que en el mismo enclave el precio es tres veces mayor, 12 euros el metro cuadrado.
Cumplidos los tres meses iniciales de alquiler (hasta el 28 de febrero de 2016), Ciudadanos continuó fijando aquí su cuartel general. Y así ha sido desde entonces. Ahora mismo, tras la IV Asamblea General, está de alquiler en todo el edificio, que cuenta con 2.560 metros cuadrados y 40 plazas de garaje. Vozpópuli se puso en contacto con el partido naranja para conocer el importe del arrendamiento que está abonando, pero no hubo respuesta. Por su parte, desde Caser, que tiene la propiedad, informaron a este diario que no podían facilitar tal dato porque entra dentro de la relación privada con sus clientes. Ni en el portal de Transparencia de Ciudadanos ni en el informe de finanzas que la dirección naranja presentó en la IV Asamblea General (4 y 5 de febrero de 2017) aparece detalle alguno del alquiler de la sede.
La única referencia es la que recogió el Tribunal de Cuentas en su informe de fiscalización de las campañas electorales para las generales del 20-D. El órgano supervisor excluyó de la cobertura estatal 387.667,12 euros que había presentado Ciudadanos para justificar una serie de actuaciones en su sede. El Tribunal señaló que tales conceptos "no tienen la consideración de gasto electoral" con arreglo a la Loreg y obligó a la formación naranja a asumirlos de su bolsillo. Las fuentes consultadas afirman que "este dinero que Ciudadanos quiso colar como gasto electoral pese a utilizarlo para obras de la sede, se lo ha terminado ahorrando por el bajo precio del alquiler".
Garicano y otro accionista
Además de Caixabank, también Liberbank forma parte del accionariado de Caser. De esta entidad bancaria fue consejero Luis Garicano, responsable de Economía y Empleo de Ciudadanos, hasta abril de 2016. El economista presentó su renuncia debido a que "la asunción de compromisos y obligaciones en otros ámbitos no le permitirá seguir dedicando el tiempo y atención necesaria para el cumplimiento de sus responsabilidades como miembro del consejo de administración". Garicano fue nombrado consejero independiente de Liberbank el 17 de enero de 2012 y renovó el 23 de enero de 2013. Fue miembro del Comité de Riesgos del Consejo y, desde el 27 de octubre de 2014, presidente del Comité de Auditoría.
El secretario de Finanzas de Ciudadanos no es Garicano sino Carlos Cuadrado, que ocupa tal responsabilidad desde el año 2007, es decir, prácticamente desde el nacimiento del partido. Después de la IV Asamblea General seguirá con la misma función, siendo también integrante de la Ejecutiva del partido. Los diez años que Cuadrado acumula ya en este puesto chocan con una de las medidas del manifiesto Por una Nueva Ley de Partidos promovido en 2013 por un grupo de intelectuales entre los que se encontraba el propio Garicano. El texto reclamaba "limitar el mandato de los tesoreros" de los formaciones políticas. La fundación ¿Hay Derecho?, entre otras plataformas cívicas, fijó un máximo de cuatro años para ese mandato. Cuadrado lleva diez y sumando.
