El Tribunal Constitucional se ha pronunciado esta semana sobre un caso de posible abuso policial en un cacheo y lo ha hecho para darle la razón a la víctima de la situación. El fallo abre la puerta a que, ante situaciones similares, se deban indagar los hechos para evitar cierres en falso. La mujer extremeña que ha terminado por lograr el amparo del Constitucional pone punto y final a tres años de lucha para conseguir que se investigue a fondo lo ocurrido. Su abogado, Carlos Vaquero, celebra el triunfo y asegura que se trata de un "acto absoluto de Justicia".
El abogado penalista y profesor asociado de Derecho Procesal en la Universidad Carlos III explica en entrevista a Vozpópuli que la valoración del fallo no puede ser más positiva teniendo en cuenta el nivel de exigencia del tribunal de garantías a la hora de admitir a trámite los recursos. Máxime si, como ha ocurrido en este caso, venía de la negativa de dos juzgados de primera y segunda instancia a indagar los hechos que se remontan a principios de 2019. "Esto obliga a investigar de modo exhaustivo unos hechos que a nuestro criterio resultan absolutamente reprobables e injustos", reza el abogado.
Este letrado -que también litiga en otros procedimientos como el caso Villarejo, donde defiende a la mujer del comisario- sostiene que "el tesón y la construcción correcta del recurso" han permitido dar un vuelco de 180 grados al asunto. Sin embargo, el camino no ha sido fácil. En este tiempo se ha topado con el archivo de un juzgado de instrucción que comenzó investigando los hechos y también de la Audiencia Provincial de Badajoz, que consideró que no era necesario practicar todas las pruebas solicitadas para esclarecer si en el cacheo policial al que fue sometida hubo o no abuso.
Cacheo con desnudo integral
"Somos plenamente conscientes de la dificultad que entraña el investigar y sobre todo probar una conducta como la aquí acontecida que generalmente tienen lugar en un ámbito reservado y con nula publicidad. Es prácticamente la palabra del denunciante contra un policía", explica el letrado. Sin embargo, el Tribunal Constitucional, con el criterio favorable del fiscal, entiende que se debe investigar si se vulneraron sus derechos durante este registro que tuvo lugar en dependencias policiales. La víctima fue detenida por agentes de la Policía Nacional mientras abandonaba los juzgados de Badajoz, donde tenía una causa abierta por negarse a entregar sus hijas al padre de las menores.
Ante un atropello como el denunciado teníamos que hacer todo lo posible para que el abuso no quedara impune
La denuncia sostiene que, ya en comisaría, fue sometida a un cacheo con desnudo integral que practicó una agente mientras escuchaba las risas de otros policías. Asegura que permaneció prácticamente todo el día sin comer ni beber agua y que, tras pedir un paracetamol, fue trasladada esposada al servicio de urgencias del centro médico donde trabaja como anestesista. En su escrito plasmó que los agentes mantuvieron una actitud chulesca con ella en todo momento. Dijo que el trato fue "injusto, vejatorio e intolerante" y que no había motivos de peso para desnudarla ya que provenía de unos juzgados en los que había pasado previamente por el arco de seguridad.
"Estas denuncias deben investigarse"
"Ante un atropello como el denunciado teníamos que hacer todo lo posible para que el abuso no quedara impune", explica su abogado. Sin embargo, el juzgado que admitió la denuncia la terminó archivando tras escucharle en sede judicial y recabar el atestado policial elaborado con motivo de su detención. Este escrito desmintió muchas de las acusaciones de la denunciante, la cual aportó a la causa una grabación que ella misma efectuó desde el arresto hasta el cacheo.
El juzgado consideró que el audio no arrojaba luz sobre el supuesto abuso sufrido, pero su abogado precisa que estas grabaciones subrepticias son perfectamente válidas, máxime cuando los denunciados niegan lo ocurrido. Tras la negativa del juzgado, el abogado recurrió ante la Audiencia de Badajoz que desestimó el recurso al entender que no quedaba probado el abuso policial. Vaquero decidió llevar la cruzada hasta el final e interpuso recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, que ahora le da la razón y ordena que se investigue a fondo todo este asunto.
"Este recurso es importante para mi defendida. Las consecuencias que tiene para ella se hacen extensivas para aquellas personas que se enfrentan a hechos similares; que puedan tomar nota de que su denuncia merece ser investigada. En un Estado de derecho no son tolerables ni soportables tales conductas, sea quien fuere la persona que las padezca", sostiene Vaquero, que matiza que este fallo puede tener una repercusión en otras personas que hayan padecido situaciones similares a su defendida ya que lo que queda patente es que un principio de prueba debe ser suficiente para iniciar una investigación.
El maltrato sufrido por Sara va más allá de los hechos denunciados. La Justicia le dio la espalda
El fallo -del que fue ponente el exfiscal general del Estado Cándido Conde-Pumpido- apela a doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) para sostener que, incluso aunque no existieran malos tratos, se tienen que practicar un mínimo de diligencias de investigación antes de darla por agotada. En este caso concreto, la juez archivó la causa sin ni tan siquiera escuchar en sede judicial a la agente que realizó el cacheo. También se descartó adherir una pericial sobre las grabaciones de audio aportadas por la denunciante que pretendía demostrar la validez de la prueba.
"La sentencia considera prematuro el sobreseimiento provisional acordado. Las sospechas del maltrato existen, son razonables y la investigación practicada por el juzgado ha sido insuficiente. No se agotaron todas las posibilidades de indagar que ocurrió. El maltrato sufrido por Sara va más allá de los hechos denunciados. La justicia le dio la espalda. El paso dado neutraliza una injusticia. Su padecimiento será investigado y confío en que también resulte reparado", sentencia ahora su abogado defensor.
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