Como ha avanzado la agencia de noticias EFE, Facua ha pedido al Gobierno que extienda a los servicios de telecomunicaciones, financieros, alarmas y seguros la prohibición de los contratos fruto de llamadas telefónicas no solicitadas ('spam') en el Real Decreto que regulará la contratación de servicios energéticos.
El objetivo de esta medida que propone la asociación de consumidores es que se puedan vetar aquellas altas que intenten hacerse mediante comunicaciones no efectuadas o pedidas expresamente.
En un comunicado la asociación ha alegado que los servicios de telecomunicaciones están incluso por delante de los energéticos en número de llamadas comerciales no solicitadas, que están prohibidas desde junio de 2023.
Según una encuesta de Facua, a más de 6.000 consumidores, el 73,5 % de los afectados por 'spam' telefónico había recibido en el último mes llamadas con ofertas de telecos, seguido de las de luz y gas, nombradas por el 71,8 %, de seguros (25,1 %), alarmas (6,4 %) y préstamos (5,9 %).
Las llamadas 'spam' de telecos para ofrecer contratos telefónicos siguen sin cesar
Según esa misma encuesta, realizada a finales del pasado junio, el 96,6 % de los consumidores sigue recibiendo llamadas comerciales no solicitadas.
Asimismo, la organización de defensa de los consumidores ha reclamado que la futura norma, que de momento afectará a la contratación de luz y gas, obligue a la energéticas a comunicar a cada nuevo cliente su derecho a cancelar el contrato sin abonar ninguna cantidad si ha sido fruto de una llamada 'spam'.
Esta es una de las alegaciones que presentará la asociación de consumidores a la propuesta de Reglamento General de Suministro y Contratación incluida en un real decreto del Ministerio para la Transición Ecológica que actualmente está en trámite de audiencia pública, ha avanzado.
Facua además considera imprescindible que, para dar por válida un alta telefónica, se aporte una grabación en la que el usuario manifieste que fue él quien realizó la llamada o pidió expresamente recibirla y, en caso de que una compañía active un contrato sin contar con esa grabación, la denuncia del afectado debería derivar en una indemnización económica y una multa para las dos empresas implicadas.
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