El pasado febrero, el Gobierno publicaba el aumento de turistas internacionales: por primera vez, superaba los 85 millones. Los datos suponen casi un 20% más que el año anterior, pero todo esto también conlleva una serie de consecuencias. El debate sobre la proliferación de pisos turísticos en los últimos años no deja de crecer, y las medidas ya han llegado a España. La última en actuar, Barcelona. La capital catalana ha anunciado la eliminación de este tipo de alojamientos con licencia legal en la ciudad para 2029 -más de 10.000 unidades-.
La problemática es la siguiente: la proliferación de pisos turísticos pone en peligro la residencia de las personas locales y el alquiler tradicional. Vecinos que llevan toda la vida en las ciudades -son muchas las afectadas, como Madrid o las Islas Baleares- ven como las pequeñas tiendas y comercios desaparecen por la construcción de este tipo de viviendas. A su vez, todo ello viene acompañado por un encarecimiento de los precios y la pérdida de la 'identidad' del lugar.
Llegan las primeras medidas
La última en tomar cartas sobre el asunto ha sido Barcelona, que busca poner freno a la proliferación de los pisos turísticos. El pasado viernes, el alcalde de la capital catalana Jaume Collboni anunciaba la medida con un único objetivo: garantizar el acceso a la vivienda a la población de la ciudad.
Este último es el mayor problema. Además del drama de los altos precios, aquellos que buscan asentarse en una de estas ciudades se encuentran con un nuevo problema: no hay oferta de pisos, ya que la gran mayoría son pisos turísticos. En Málaga, los vecinos de la ciudad también denuncian la situación, complicada cuanto menos: ya son más de 41.000 alojamientos de este tipo, cifra que casi supera la mitad del total de viviendas turísticas en toda Andalucía.
Antes de Barcelona, otras comunidades autónomas ya han comenzado a tomar medidas. El pasado mes de abril las calles de las siete islas del archipiélago canario se llenaban de vecinos y pancartas en contra de la masificación turística. Más de 57.000 personas protestaban y exigían una reforma del mercado turístico canario, situación que se ha llevado a la mesa y sobre la que ha trabajado el Gobierno de Canarias.
Frente a esta situación, y sustentado por Coalición Canaria y el Partido Popular, el Gobierno ha presentado el Anteproyecto de Ley de ordenación sostenible del uso turístico de vivienda. Aunque no ha calmado la polémica entre los vecinos del archipiélago, este exige que toda vivienda destinada a un fin turístico tenga más de 10 años de antigüedad, más de 39 metros cuadrados útiles y un máximo de ocho plazas, entre otras medidas.
Madrid también anuncia cambios
Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), Madrid es la ciudad de España con un mayor número de pisos turísticos: más de 16.000 alojamientos, concentrado sobre todo en el corazón de la capital, aunque solo unas 1.000 cuentan con licencia municipal. Así, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha anunciado nuevas medidas: congelar la concesión de licencias durante un año y endurecer las multas, que podrán llegar hasta los 190.000 euros.
Los madrileños también denuncian los altos precios del alquiler en la capital. Jóvenes y estudiantes se ven obligados a abandonar sus pisos en búsqueda de opciones más baratas en la periferia -que tampoco resultan nada asequibles en muchos de los casos-. Actualmente, el modelo más utilizado por los universitarios es el alquiler de habitaciones en pisos compartidos frente a la imposibilidad de acceder a una vivienda para ellos solos. Aun así, las cantidades son muy altas: es frecuente encontrarlas por más de 500 euros al mes.
A nivel internacional
El problema no solo afecta a España, sino a nivel internacional. Países como Estados Unidos, Italia, Portugal o Países Bajos también toman medidas. En el caso del primero de ellos, el 'veto Airbnb' de Nueva York entraba en vigor en septiembre de 2023. Este causaba un gran revuelo debido a lo contundente de sus limitaciones: el casero debe convivir en el piso turístico junto a los visitantes, y estos no deben ser más de dos.
La medida dejaba fuera de la ecuación a grupos de amigos y familias, y obliga a quien ofrezca el espacio en alquiler a registrarse. Todo ello ha traído pros y contras: ahora las ofertas se concentran en Nueva Jersey, los precios de las habitaciones de hotel se han encarecido y ha aflorado un nuevo mercado negro en plataformas digitales y redes sociales.
Portugal, el país vecino, apostaba el pasado año por una contribución extraordinaria del 15% en alojamientos turísticos situados en zonas de presión urbanística y falta de vivienda. Por su parte, Ámsterdam también ha tomado cartas para evitar el turismo masivo, esta última sobre la proliferación de nuevos hoteles: queda prohibida su construcción a no ser que otro establecimiento como este cierre y el nuevo alojamiento mejores sus servicios.
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