Polémica afirmación sobre la corrupción por escrito. Los representantes legales de la empresa pública Agua de las Cuencas Mediterráneas SA (Acuamed) han recurrido la sentencia que obliga a la compañía a readmitir e indemnizar a una trabajadora despedida por denunciar el supuesto amaño de contratos valorados en más de 700 millones de euros investigado por el juez Eloy Velasco con un escrito en el que aseguran, literalmente, que "el hurto, el robo, la prevaricación, la malversación... incomodan, pero no arruinan".
La sociedad estatal, que depende directamente del Ministerio de Agricultura que encabeza Isabel García Tejerina, llega a apoyar en el mismo argumentos esgrimidos por los dos presuntos cabecillas de la trama desmantelada por la Guardia Civil, el que fuera director general de la compañía, Arcadio Mateo del Puerto, y su 'número 2', Gabriela Mañueco Pfeiffer. También pide a los tribunales que dejen "al margen" de la causa laboral la investigación que se instruye en la Audiencia Nacional precisamente por las irregularidades en media docena de obras millonarias, según confirman a Vozpópuli fuentes jurídicas conocedoras del contenido de dicho recurso.
Siempre según estas fuentes, Acuamed insiste en su escrito en calificar el despido de la ingeniera Gracia Ballesteros como ajustado a derecho y tilda de "desproporcionada" la indemnización de 90.000 euros que fijó en su sentencia del pasado mes de mayo el titular del Juzgado de lo Social número 19 de Madrid, Antonio Cervera, que dictaba su readmisión. Incluso, llega a sugerir que dicha cifra se reduzca a poco más de 600 euros.
La empresa pública es muy dura en su recurso con el fallo de este magistrado, al que llega a acusar de no haber dejado a Arcadio Mateo, presunto cabecilla de la bautizada como 'mafia del agua', defenderse de las acusaciones que durante la vista por el despido celebrada el pasado mes de abril vertió uno de los testigos de la causa. Entonces, el que fuera director general de Acuamed estaba encarcelado por orden del juez Velasco y tuvo que prestar testimonio por videoconferencia desde prisión, como su compañera Gabriela Mañueco, lo que en opinión de los representantes legales de la sociedad estatal impidió celebrar un careo.
El Ministerio de Tejerina pide dejar "al margen" de la causa laboral por los despidos la investigación del juez Velasco sobre los millonarios pufos de Acuamed
Los representantes legales de la sociedad estatal, que han tardado seis meses en presentar sus alegaciones, también critican que el juez de lo Social diera especial relevancia en la sentencia a un auto de su colega de la Audiencia Nacional en el que se recalcaba la existencia de "presiones para imponer en Acuamed procederes irregulares, con actuaciones perjudiciales (destituciones y remociones de sus cargos) para el personal probo que no se prestaba a esos manejos", en clara referencia a las dos ingenieras despedidas.
Para la sociedad dependiente del Ministerio de García Tejerina, con esta valoración el juez Cervera se ha saltado "normas esenciales" y recuerda que dos de los altos cargos de Agricultura que llegaron a estar imputados por el magistrado Eloy Velasco, el entonces secretario de Estado Federico Ramos de Armas y la aún directora general del Agua, Liana Ardiles, fueron exonerados el pasado mes de octubre de toda responsabilidad.
"Tensiones inevitables"
El recurso insiste en negar que la ingeniera represaliada y su compañera, Azahara Peralta -cuyo nulidad de despido se verá en los próximos días en otro juicio laboral-, fueran sometidas a 'mobbing' por parte de la compañía o de los entonces máximos responsables de la misma, los imputados Arcadio Mateo y Gabriela Mañueco. De hecho, señala que las presiones que recogía el juez Velasco en su auto son simplemente "tensiones inevitables en cualquier puesto de trabajo cuando se está en puestos de responsabilidad".
En este sentido, incluso recalca que la decisión del despido fue sometida a la aprobación de los miembros del Consejo de Administración de la compañía tras recibir un informe de un recién creado Comité Interno que concluía que eran las represaliadas las que habían cometido presuntamente irregularidades. Dicho comité estaba encabezado, precisamente, por uno de los imputados por la Audiencia Nacional. Para respaldar dichas afirmaciones, los representantes legales de Acuamed se remiten a otros recursos que en la misma causa han presentado Arcadio Mateo y su 'número 2'.
El recurso describe la actuación de Agricultura en el despido de la ingeniera que denunció los pufos como "la diligencia de un buen padre de familia para prevenir el daño"
En este punto, Acuamed llega a asegurar que su actuación en todo la causa se ha limitado a emplear "toda la diligencia de un buen padre de familia para prevenir el daño" y que dentro de esa actuación se encuentra el despido de esta trabajadora. Una decisión que califica de procedente y sin un atisbo de "ilegalidad alguna" al considerar que la ingeniera cometió faltas "sancionables" en el desempeño de sus funciones al cometer supuestamente "errores de proyección, programación y control del presupuesto" en uno de los pufos que precisamente denunció esta ingeniera ante la Fiscalía Anticorrupción y que ahora investiga el juez Velasco: la descontaminación del embalse de Flix (Tarragona).
De hecho, para la empresa dependiente de Agricultura son las actuaciones como la de su antigua empleada las que "arruinan, pero no incomodan", mientras que "el hurto, el robo, la prevaricación, la malversación... incomodan pero no arruinan". Un razonamiento que le sirve a Acuamed para pedir que la "posible corrupción" que dio pie al sumario de la Audiencia Nacional quede "al margen" del procedimiento por despido. Incluso reclama que "la solvencia profesional y técnica de los empleados" de la empresa pública, entre los que parece incluir al propio Arcadio Mateo y a Gabriela Mañueco, sean "tutelados" por la Justicia frente a la reclamación de la ingeniera represaliada a ser readmitida.
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